Tribunal ordena reponer proceso del caso Ayotzinapa, crea Comisión de la Verdad

Destaca que la investigación de la PGR "no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial"
Tribunal ordena reponer proceso del caso Ayotzinapa, crea Comisión de la Verdad
Exigen justicia para los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. (Foto: Agencia Reforma)
Foto: Agencia Reforma

MÉXICO -En un hecho inédito, un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el Caso Iguala, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

Al amparar a los demandantes del “Caso Ayotozinapa”, el tribunal destacó que hay indicios de confesiones obtenidas bajo tortura y de que la investigación incumplió jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Protocolos de la Organización de Naciones Unidas.

“Hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de inculpados fueron obtenidas mediante tortura”, resolvieron los magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en el nororiental estado de Tamaulipas.

La comisión, argumentaron se crea ante las “graves violaciones” de derechos humanos, como tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, ante la falta de una Fiscalía independiente en México y a que debe investigarse la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno.

La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.

Serán los representantes de las víctimas y la CNDH “quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar” y podrán validar que se incorporen más organizaciones tanto mexicanas como internacionales, señaló el tribunal.

Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo “El Gil”, Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, Miguel Ángel Landa Bahena “El Chequel” y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.

“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación“, afirma el fallo,”consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.

“De ese modo, entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad, se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.

En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Según la resolución, a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.

De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.

Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el Caso Iguala la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.

Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.

También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales, que contemplan el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.

Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo “El Gil”, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas, la noche del 26 de septiembre de 2014.

También Miguel Ángel Landa Bahena alias “El Chequel”, “Duba” o “Duvalín”, supuesto lugarteniente de “El Gil”; Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, “halcón” o vigía de Guerreros Unidos.

Al dictar su sentencia los magistrados señalaron la necesidad de cumplir con el derecho de acceso a la justicia para las víctimas, además de su derecho a participar en la investigación”.

Los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sureño estado de Guerrero, desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 a manos de policías del municipio de Iguala tras un enfrentamiento que dejó al menos seis muertos.

La Fiscalía Mexicana concluyó que los 43 estudiantes fueron entregados por los policías municipales a los grupos de criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura cercano a Iguala en una versión que ha sido cuestionada por los familiares.

Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que existen “fuertes elementos” de tortura a 34 detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes.

Este reporte también habla de detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos que han sido encubiertas. Hasta el momento, 129 personas han sido imputadas en la investigación.

Con información de Agencias