El polémico proyecto de Mauricio Macri para dar más poder a las Fuerzas Armadas de Argentina
La medida desató la polémica en un país que enciende las alarmas cuando ve posibles abusos de la fuerza
Macri busca "saldar una deuda con las Fuerzas Armadas". Crédito: BBC
“Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia”.
Desde Campo de Mayo, una de las bases militares más grandes del país, el presidente argentino, Mauricio Macri, anunció este lunes una “nueva directiva de política de Defensa”.
La idea, dijo, es preparar a los militares para las amenazas del siglo XXI, que según el gobierno argentino ya no son otros Estados, sino fenómenos como “el narcotráfico y el terrorismo”.
Con eso, el gobierno espera devolver a los militares el rol que perdieron tras los atropellos del régimen militar de los años 70 y 80.
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La reforma —que lleva meses rondando el debate público entre filtraciones y rumores— se quedaría en discusión de políticos y periodistas si no fuera porque muchos argentinos, desde organizaciones de derechos humanos hasta partidarios mismos del oficialismo, temen que sea una forma de aplacar las protestas sociales cuando el país atraviesa una compleja situación económica.
En noviembre, además, Buenos Aires albergará la cumbre del G20, el foro de países industrializados que se reúne cada año.
A medida que el evento se acerca la economía argentina no ha hecho sino deteriorarse.
Y la gran pregunta es cómo recibirá el país con más protestas de América Latina, en pleno ajuste económico, a los presidentes de las potencias mundiales.
“Insertarlos en democracia”
Después del régimen militar (1976-1982) en el que desaparecieron entre 9,000 y 30,000 disidentes, las Fuerzas Armadas argentinas se hundieron en el desprestigio, pasaron a tener un papel secundario y perdieron gran parte de su presupuesto.
Hace dos décadas que Argentina es el país que menos gasta en Defensa en la región: menos de 1 % del Producto Interno Bruto.
“Hace 30 años que nuestro ejército está paralizado. Y ya hace 35 que terminó la dictadura”, dijo hace unas semanas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Hay que darles la oportunidad a los militares de que se inserten en la democracia”, argumentó.
Aunque no dio muchos detalles, Macri adelantó que se propondrá una ley para mejorar las condiciones laborales de los militares, aumentar la capacidad de acuartelamiento del ejército y promover desarrollos en tecnología.
Se espera que la reforma se efectúe a través de un decreto presidencial.
Medios locales reportaron, citando fuentes militares y del ministerio de Defensa, que se busca mejorar la capacidad de despliegue de las Fuerzas Armadas, se pondrá énfasis en la custodia de las fronteras y se modificará la distribución logística del ejército.
Desde llegó al poder, Macri ha insistido en su intención de que Argentina “vuelva a ser parte del mundo”, no solo en materia económica y política, sino también de seguridad.
En estos casi tres años, el país sudamericano se ha adherido a la lucha contra las drogas y el terrorismo, iniciativas de potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, con los que Macri busca tener buena relación.
¿Por qué ahora?
En la parte más polémica pero menos desarrollada de su discurso, el mandatario añadió que “también es importante que (las Fuerzas Armadas) puedan colaborar con seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en frontera”.
Y añadió: “También en la protección de eventos de carácter estratégico”.
A casi un año de unas elecciones en las que Macri espera ser reelegido, la gran promesa con la que llegó a la presidencia —mejorar la economía— sigue sin cumplirse.
Por el contrario, la inflación ha aumentado, el crecimiento está en duda y una fuerte devaluación del peso hizo que el gobierno tuviera que acudir a una carta costosa políticamente: el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para recibir financiación del FMI, el gobierno se comprometió a hacer un ajuste de la economía para reducir el déficit fiscal, una iniciativa que puede controlar los vaivenes económicos, pero golpeará el bolsillo de millones de argentinos.
Ante esto, y con un evento del G20 que puede costar hasta $60 millones de dólares, muchos vaticinan más protestas en un país ya acostumbrado a los piquetes diarios.
BBC Mundo intentó obtener declaraciones de voceros oficiales sobre este punto, pero no obtuvo respuesta.
Y aunque fuentes anónimas han dicho a medios locales que la reforma a las Fuerzas Armadas no tienen que ver con la política de control social, las organizaciones derechos humanos dudan que así sea.
Preocupación de varios sectores
“Este es un paso más, y no menor, para profundizar una política de seguridad basada en la construcción de un enemigo interno”, le dijo a BBC Mundo Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos.
“La justificación del narcotráfico y terrorismo, que no son grandes amenazas para la Argentina, se usa para deslegitimar la protesta social hasta el punto de etiquetarlos (a los manifestantes) como terroristas”, opinó.
Organizaciones no gubernamentales como el CELS, que tienen una larga tradición e influencia en Argentina, se muestran preocupadas porque se esté —en palabras de Chillier — “interviniendo una de las pocas políticas de Estado que se han mantenido desde la caída de la dictadura”.
Desde 1983, ha habido consenso entre los actores políticos en que los militares no deben tener más funciones que cuidar la soberanía del país, no solo porque de otra manera se pueden promover violaciones de los derechos humanos como ocurrió en los 70 y 80, sino porque “fracasó en países donde se intentó, como México o Colombia“, estima Chillier.
“Argentina tiene amplias fuerzas de seguridad: policías federales, municipales, nacionales, y no hace falta involucrar a las Fuerzas Armadas”, asegura a BBC Mundo Rut Diamint, profesora de ciencia política y especialista en defensa de la Universidad Torcuato Di Tella.
“Y así las fuerzas de seguridad fueran pocas, podrían redirigirlas para que haya más policías, pero eso no lo puedes hacer improvisadamente ni sin una discusión en el Congreso o en la sociedad“.
“Las Fuerzas Armadas tienen armamento pesado que sobrepasa las necesidades de seguridad pública y no saben cómo tratar a gente en crisis”.
“Este decreto es negativo desde el punto de vista de la legalidad y legitimidad, pero también es peligroso”, concluye la analista.
Macri, sin embargo, dice que el peligro está en otra parte. Es cuestión, para él, de “saldar una deuda” con los militares.
