Administración ha reunificado a 1,442 niños pero carece de plan para padres deportados
Centenares de niños seguirán sin ver a sus padres bajo plan de reunificación del gobierno
WASHINGTON—Al cumplirse el plazo de una orden judicial para la reunificación de familias, la Administración Trump dijo este jueves que logró juntar a 1,442 niños mayores de cinco años con sus padres, pero centenares permanecerán en albergues por un tiempo impredecible.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, dos funcionarios de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Salud y Recursos Humanos (HHS) indicaron que lograron reunificar a 1,442 con padres bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Además, 378 niños fueron puestos en libertad “por otras circunstancias apropiadas” y devueltos a sus padres en el interior del país o que están bajo custodia del DHS, o con otros familiares.
“Estamos camino de reunificar a todos los padres elegibles bajo custodia de ICE. Seguimos trabajando con diligencia y colaborando con la corte para cumplir con los requisitos adicionales”, dijo Chris Meekins, un funcionario de alto rango de HHS.
Los niños reunificados con sus padres bajo custodia federal están ahora en dos centros de detención para familias en Texas.
Según Meekins, 711 niños siguen bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del HSS porque sus padres no reúnen los requisitos para reencontrarse con ellos, incluyendo 431 que fueron deportados y 94 de los que se desconoce su paradero.
De los 711 casos bajo revisión, 120 padres renunciaron a su derecho de la reunificación, según el funcionario.
Las autoridades siguen sin precisar un plan para reunificar a los padres deportados con sus hijos. Tampoco quisieron comentar una demanda de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), para demorar por al menos una semana la deportación de familias recién reunificadas.
Respondiendo a críticas sobre la separación de familias, Matt Albence, un funcionario de la oficina a cargo de deportaciones de ICE, dijo que los agentes realizan su tarea “con compasión, dignidad y profesionalismo”, y que “el hecho que un individuo tenga un hijo no lo absuelve de la actividad criminal” que haya cometido por el cruce ilegal.
Como en el caso de los 120 padres que declinaron la reunificación “la razón por la que muchos padres están acá para comenzar… es porque quieren traer a sus niños acá cuando antes”, a veces pagando a contrabandistas entre $5,000 y $10,000 para hacer la peligrosa ruta desde Centroamérica, señaló Albence.
En el marco de su política de “tolerancia cero” en la frontera sur, la Administración Trump separó y envió a albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) a unos 2,551 niños y jóvenes, aunque en la llamada de hoy, los funcionarios precisaron que 20 de éstos no habían sido separados.
La Administración Trump tenía plazo hasta hoy para cumplir con una orden del juez federal en San Diego (California), Dana Sabraw, para reunificar a todos los niños mayores de cinco años que habían sido separados desde mayo pasado.
La Administración incumplió el plazo del pasado 10 de julio para reunificar a 103 niños menores de cinco años, aunque lo hizo dos días después.
La llamada de hoy se tornó confusa porque los funcionarios también mencionaron casos de niños que habían sido separados “en cualquier momento” y no dentro de la política de “tolerancia cero”.
También oscilaban entre hablar de los padres bajo custodia federal y los niños separados.
Según Meekins, algunos habían sido separados mucho antes de que hubiese cambios en la política de arrestos en la frontera sur.
El gobierno prevé dar un informe más detallado mañana durante una vista en el tribunal de Sabraw.
Mientras, grupos pro-inmigrantes en todo el país mantienen una campaña de presión contra la detención de familias inmigrantes, a la vez que condenan la “crisis fabricada” que ha generado caóticas escenas de reunificación, especialmente a lo largo de la frontera del suroeste.
Algunos reencuentros se han llevado a cabo en los propios estacionamientos de los centros de detención de ICE, o en otras instalaciones federales, a veces con poco aviso o coordinación, según activistas.