Activistas aumentan presión contra empresas e instituciones que reciben contratos de ICE

La lucha contra la separación de familias salpica también a empresas privadas, como Amazon y Microsoft, que tienen contratos con ICE

WASHINGTON— Activistas pro-inmigrantes en todo el país incrementaron este martes su campaña de presión contra empresas como Amazon y Microsoft, condados, universidades y demás instituciones que reciben jugosos contratos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), e hicieron un llamado para que ni un centavo apoye la separación de familias.

Como parte de la campaña “No seremos cómplices”, los activistas realizaron hoy una “jornada de acción” y protestas en decenas de ciudades, entre éstas Los Angeles (California), Nueva York, Detroit (Michigan), Boston (Massachusetts), Lincoln (Nebraska), Filadelfia (Pensilvania), y el área de la capital estadounidense, para exigir un cese de los contratos con ICE.

En declaraciones a este diario, Brenda Valladares, activista del “Movimiento Cosecha”, uno de los organizadores, afirmó hoy que las protestas continuarán hasta horas de la noche, porque quieren mandar un mensaje único a los votantes y consumidores: quienes reciban fondos de ICE, aunque no sean de carácter policial, están apoyando implícitamente la separación de familias.

“Cada acción ha tenido entre 100 y 400 manifestantes, y estamos dirigiendo estas acciones contra cualquier ciudad, condado, universidad, empresa o institución que se esté beneficiando de la infraestructura y funcionamiento de ICE”, explicó Valladares.

“No importa que no estén directamente implicados en la detención de inmigrantes: con sus programas de entrenamiento e investigaciones, o su aporte de tecnología, están apoyando a ICE, además de que ciertos condados tienen contratos para encarcelar a inmigrantes”, agregó.

Según Valladares, se trata de un llamado “para que el público no sea cómplice de lo que está pasando”, porque “cualquier centavo que reciban de ICE está apoyando la separación de familias”.

Lanzan petición para que ciertas universidades rompan vínculos con ICE

María Fernanda Cabello, una inmigrante indocumentada y activista de “Cosecha”, afirmó que ICE se apoya en una amplia red de empresas e instituciones, y si éstas dejaran de colaborar con la agencia, sería imposible que pudiera funcionar.

“Demostraremos que el público estadounidense está del lado de las familias inmigrantes, no del presidente (Donald) Trump y su máquina de deportaciones”, subrayó.

Matthew Bourke, un portavoz de ICE en Washington, explicó que la mayoría de los contratos con las universidades se autorizaron mediante un transparente proceso de licitación, y todas las entidades, del mundo académico o el sector privado, tuvieron la oportunidad de hacer ofertas para proyectos concretos.

Entre algunos de los contratos menores, con un valor de menos de $25,000, figura el que ICE otorgó a los colegios del sistema universitario de Vermont, donde los agentes de ICE toman cursos de contabilidad.

Desde 2004, ICE ha otorgado 200 contratos a entidades en la categoría de “instituciones educativas”, en comparación con los 345 contratos únicos que ha otorgado en esa misma categoría la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), precisó Bourke.

La campaña de “Cosecha” también incluye mensajes en las redes sociales, con etiquetas como “#NoSeremosCómplices”, y “Cero negocios con ICE”, en unos momentos en que varios líderes demócratas también piden abolir o reformar la agencia policial.

En Nueva York, los activistas tenían planeado realizar protestas frente a los edificios de Microsoft, Salesforce y Amazon, empresas que tienen contratos con ICE, una de las principales agencias policiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El jueves pasado, durante una reunión con el principal ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, los activistas le entregaron una petición con más de 300,000 firmas para que la empresa anule su contrato con ICE por unos $19,4 millones.

La campaña se ha centrado también en empresas como Amazon y seis universidades, incluyendo Northeastern y Johns Hopkins, que recibieron contratos de ICE este año.

Preguntada sobre la brecha entre los empleados de Amazon, que se oponen a la venta de “Rekognition”, una tecnología de reconocimiento visual para operaciones policiales, y los intereses corporativos,  la vicepresidenta para asuntos del sector público, Teresa Carlson, reafirmó recientemente el apoyo de la empresa a la misión del gobierno federal.

“Estamos comprometidos de forma inquebrantable con el gobierno de EEUU y los gobiernos con los que trabajamos en todo el mundo”, dijo Carlson durante un foro de seguridad el pasado 20 de julio en Colorado.