ACLU pide ante CIDH investigar creciente militarización de la frontera sur
El Pentágono aprobó el martes pasado una extensión de la presencia militar en la frontera sur hasta el próximo 31 de enero
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó quejas sobre la militarización de la seguridad pública en EEUU y otros países de la región. Foto: suministrada Crédito: CIDH
WASHINGTON — La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) instó este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que investigue la situación en la frontera sur, donde miles de migrantes afrontan no sólo una creciente militarización sino también trabas para acceder al asilo en este país.
Cynthia Pompa, del Centro de Derechos de la Frontera de ACLU, viajó a Washington desde El Paso (Texas) para participar en una audiencia de la CIDH sobre la “militarización de la seguridad pública” en las Américas, que abordó también la crisis en la frontera entre EEUU y México.
La audiencia se llevó a cabo dos días después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, aprobó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de extender por 45 días la estancia de los soldados en activo en la frontera sur hasta el próximo 31 de enero, como parte de sus esfuerzos por desalentar la inmigración ilegal.
Los soldados, desplegados en California, Arizona y Texas, proveerán apoyo logístico, de instalación y reparación de barreras, seguridad y transporte para los agentes de la Patrulla Fronteriza.
En declaraciones a este diario, Pompa se mostró optimista de que la CIDH, una entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), tomará en cuenta la petición de ACLU para que vigile e investigue a fondo la situación en la frontera.
“Estamos ante un incremento de la militarización de la frontera jamás antes visto, y es especialmente preocupante por las restricciones que afrontan los migrantes para acceder al asilo, y porque ya hay un historial de impunidad por los abusos” de agentes de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP, en inglés), explicó Pompa.
La activista, la única que abordó la militarización en la frontera sur, se refirió en particular al reciente ataque con gases lacrimógenos contra migrantes que intentaron romper una valla fronteriza y continuar su paso hacia el lado estadounidense de la frontera entre San Diego (California) y Tijuana (México).
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en su momento que los agentes se defendieron de miembros de una caravana de migrantes que comenzó a lanzarles piedras y botellas, y que el objetivo era frenar esa “amenaza” a la seguridad en la zona.
Pero Pompa recordó que hubo informes contradictorios sobre el incidente y que, al final, la misma CBP indicó que sus agentes llevaban uniformes con protección y no sufrieron heridas.
Pompa destacó la urgencia de frenar la militarización de la frontera, especialmente por las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el pasado, y por el impacto que la presencia de soldados tiene en las comunidades de la zona.
“Vamos a seguir monitoreando la situación, porque no hay crisis a la que tengan que responder; fue algo provocado por la Administración… por ley, los militares no pueden realizar tareas migratorias, y el gobierno debe proteger a los solicitantes de asilo”, precisó Pompa.
Según ACLU, la CBP creció en tamaño y alcance bajo los gobiernos de George W. Bush y de Barack Obama pero, ahora, con el argumento de reforzar la seguridad fronteriza, la Administración Trump se propone expandirla aún más.
El número de agentes de la CBP creció en más del doble entre 2000 y 2011, y para cuando el presidente Donald Trump asumió el poder, el número de agentes de la Patrulla Fronteriza totalizó 19,437 dentro del país, sin incluir a los desplegados en la frontera o los agentes de otras dependencias policiales.
A esa presencia policial se han sumado cerca de 5,900 soldados en activo, que fueron desplegados a la frontera del suroeste poco antes de las elecciones de mitad de término y que, según Pompa, aumenta el riesgo de que surjan más incidentes de violencia y violaciones a los derechos humanos.
En otra audiencia de la CIDH, sobre la situación de las caravanas de inmigrantes centroamericanos varadas en México, Daniella Burgi-Palomino, del “Latin America Working Group” (LAWG), pidió, junto a otras organizaciones cívicas, que la CIDH organice una visita a la frontera para monitorear la situación y urgir a los gobiernos de la región un respeto a los derechos humanos de los migrantes en las caravanas.
“Se le está negando acceso al asilo a familias y niños en Tijuana. Estos individuos requieren protección y el debido proceso, no respuestas militarizadas que solo causan más caos”, dijo Burgi-Palomino a este diario tras la audiencia.
