Auguran batalla legal tras bloqueo del Supremo a pregunta de Trump sobre ciudadanía en el censo 2020
Los críticos consideran que la polémica pregunta infundiría miedo entre los indocumentados y suprimiría su representación. La cuestión planteada por Trump podría dejar sin contar a casi seis millones de personas
El Censo 2020 es organizado por el Departamento de Comercio. Crédito: Getty Images
WASHINGTON.— El Tribunal Supremo bloqueó hoy, por ahora, la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020, en una clara victoria para grupos progresistas en todo el país, que advertían de esa pregunta suscitaría un subconteo de más de seis millones de personas.
La máxima corte del país, bajo control conservador, determinó en un dictamen de 5-4 que las explicaciones de la Oficina del Censo sobre por qué quiere incluir la pregunta fueron insuficientes, pero devolvió el asunto a una corte de menor instancia en Nueva York para dar oportunidad a que la Administración aclare sus posiciones.
El dictamen en sí fue tan difícil como complejo: entre los escenarios posibles, el Tribunal Supremo podía bloquear la inclusión de la pregunta, permitirla, o devolver el caso a una corte de menor instancia.
En su opinión mayoritaria, el Tribunal Supremo argumentó que el Departamento de Comercio, del que depende la Oficina del Censo, en realidad no violó la ley federal al querer incluir la pregunta de la ciudadanía, aunque eso produjera una baja participación en el censo nacional.
Sin embargo, los jueces también se mostraron inconformes con la explicación del secretario de Comercio, Wilbur Ross, de que, a petición del Departamento de Justicia, la Administración sólo quiere reforzar el derecho al voto de las minorías.
Según los jueces, surgieron pruebas de que Ross ya había tomado la decisión de incluir la pregunta mucho antes de discutirla con el Departamento de Justicia, entonces liderado por Jeff Sessions.
El propio presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se sumó a la opinión de la mayoría de que la explicación de la Administración parecía más bien “artificiosa”.
“Varios puntos, considerados en su conjunto, revelan una incongruencia entre la decisión (de Ross) y la justificación que proveyó” para incluir la pregunta, dijo Roberts.
Extensa batalla legal
La decisión de hoy, dos meses después de que el Tribunal Supremo escuchó los argumentos orales del caso, augura una posible batalla legal, aunque no está claro que la Administración Trump tendrá suficiente tiempo para librarla y obtener un dictamen favorable a su exigencia.
Pese a que la Constitución exige el conteo de todo habitante en EEUU en cada censo decenial, sin importar su estatus migratorio o de ciudadanía, la Administración Trump ha insistido en que necesita la pregunta para hacer valer la “Ley del Derecho al Voto”.
Pero tres tribunales federales, en Maryland, California y Nueva York, habían bloqueado los esfuerzos de Ross, al indicar que incluir la pregunta era ilegal y que la Administración no logró justificarla.
En declaraciones a Noticias Telemundo, la senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortez Masto, dijo que no le cabe duda de que la Administración Trump intentó mentir para sacar “ventaja política”, pero el dictamen frenará esos esfuerzos.
“La Administración tiene otras maneras de recabar información sobre ciudadanía y hacer valer el derecho al voto, pero decidió mezclar las dos cosas”, agregó Cortez Masto, quien criticó la política migratoria de la Administración Trump.
“Lo bueno es que esto no le dará tiempo a la Administración a incluir la pregunta… Quieren meter la pregunta para infundir miedo a la gente, suprimir su representación y que sean contados. Es de vital importancia que todos sean contados, para que nuestras comunidades reciban los fondos que necesitan”, explicó.
La decisión del Tribunal Supremo es transcendental porque los resultados del censo determinan el desembolso de más de $700,000 millones en fondos federales para un amplio gama de programas sociales; la demarcación de distritos electorales y la representación política en el Congreso.
El dictamen, por ahora, “rescata a nuestra nación del borde de una desastre catastrófico, que hubiese infligido una herida en nuestra Constitución y democracia que quizá nunca se sanara”, dijo Arturo Vargas, principal ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO, por su sigla en inglés).
El Tribunal Supremo envió el mensaje de que “futuras administraciones y miembros del Gabinete no son libres de tomar decisiones arbitrarias y con motivaciones políticas, quitando a quienes malas intenciones el poder y discreción de fabricar excusas e ignorar los hechos y las leyes”, argumentó Vargas.
Según un análisis del Instituto Urbano, la inclusión de la pregunta podría dejar sin contar a casi seis millones de personas, ocasionando el peor conteo a la baja de las minorías desde el censo de 1990.
Las proyecciones de ese estudio indicaron que el Censo de 2020 dejaría de contar a hasta 2,2 millones de hispanos, 1,7 millones de afroamericanos, hasta 1,3 millones de niños menores de cinco años, y casi medio millón de asiáticos.
Un bajo conteo de la población, por aquellos extranjeros no ciudadanos que no contestan los formularios por temor a las autoridades de Inmigración, afectaría a estados como California, Texas o Nevada, que tienen altas concentraciones de inmigrantes indocumentados.
La última vez que la Oficina del Censo preguntó sobre ciudadanía en el censo nacional fue en 1950, aunque la agencia realiza encuestas periódicas con la pregunta, pero en muestras muy limitadas.
Celebran victoria y se preparan para la lucha
Expertos legales, activistas de la comunidad inmigrante y legisladores demócratas se apostaron ante las escalinatas de la corte para exigir un “conteo justo”, argumentando que la Administración Trump se ha valido de excusas para discriminar a las minorías.
La congresista demócrata por el distrito de El Paso (Texas), Verónica Escobar, calificó de “pasmoso” que, aún con el historial de racismo en EEUU, todavía haya esfuerzos para suprimir las voces de las minorías, e insistió en que éstas exigen tener “una voz en las urnas, en su gobierno, y en sus instituciones”.
Rep. Veronica Escobar (D-Tx) blasts ongoing efforts to silence the voices of minorities, as she celebrates Supreme Court ruling against citizenship question in the 2020 Census pic.twitter.com/Im0OolOduY
— María Peña (@mariauxpen) June 27, 2019
“Definitivamente es una victoria importante para nuestra comunidad. Gracias a la comunidad indocumentada, que decidió desafiar a esta Administración, ganamos en la Corte Suprema de Justicia; vamos a seguir esta lucha”, dijo, por su parte, Gustavo Torres, director ejecutivo de “CASA de Maryland”.
Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland, dijo @TelemundoNews que aunque la Administración puede seguir peleando el caso, el Tribunal Supremo le impide por ahora incluir la pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020 pic.twitter.com/q9pzqDcFbp
— María Peña (@mariauxpen) June 27, 2019
“Vamos a ver qué pasa; en este momento, ganamos. Ahorita nos corresponde seguir la lucha y que nos cuenten a todos”, enfatizó.
Nick Katz, el abogado de CASA de Maryland, calificó la decisión del Tribunal Supremo como una “poderosa” victoria, porque, a su juicio, la única razón por la que el gobierno quiere la pregunta es para “suprimir la voz de nuestras comunidades, no quieren que sean contadas, no quieren que tengan representación” política.
Nick Katz, legal counsel for CASA de Maryland, tells @TelemundoNews that the Administration may still try to fight on the citizenship question, but time may run out pic.twitter.com/Tz3XqXWnRJ
— María Peña (@mariauxpen) June 27, 2019
“No quieren que sean parte del proceso, pero estamos acá para quedarnos, vamos a luchar, vamos a ser contados, y creo que vamos a ganar en la corte”, vaticinó Katz.
Por su parte, Marilyn Carpinteyro, activista del grupo “Common Cause”, dijo que organizaciones como la suya regresarán a las cortes si la Administración continúa la batalla, y también educarán al público hispano sobre la necesidad de que se dejen contar.
Marilyn Carpinteyro, de “Common Cause”, dijo @TelemundoNews que la lucha legal continuará, porque la Administración posiblemente insistirá en la pregunta de la ciudadanía en el Censo de 2020 pic.twitter.com/ehQbK3dTfb
— María Peña (@mariauxpen) June 27, 2019
El caso ante el Tribunal Supremo tenía urgencia porque la Oficina del Censo se fijó un plazo hasta el próximo 30 de junio para finalizar los formularios que enviará a los hogares el próximo año.
El caso se complicó para la Administración Trump tras la revelación en un tribunal de Nueva York de que el ahora fallecido estratega republicano, Thomas Hofeller, había sugerido desde 2015 la inclusión de la pregunta como una estrategia para poner en desventaja a los demócratas.
Eso, según la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), dejó al descubierto que la verdadera intención era discriminar contra los latinos y desalentar su participación en el censo decenial.
That feeling when you realize the citizenship question will not appear on the 2020 census: pic.twitter.com/e8IChUPPh7
— ACLU (@ACLU) June 27, 2019
Además, el propio análisis de la Oficina del Censo determinó recientemente que la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía afectaría la respuesta de no ciudadanos peor de lo antes previsto.
Pero el abogado de la Administración Trump ante el Tribunal Supremo, Noel Francisco, replicó esta semana que el asunto de Hofeller no debería afectar el dictamen, ni sobre los méritos del caso ni en torno a la solicitud de ACLU de enviar el caso de vuelta a una corte de menor instancia.
El dictamen de Hazel, “se basa en una teoría de conspiración especulativa que no se apoya en pruebas y es legalmente irrelevante” a la hora de demostrar que Ross, tuvo la intención de discriminar contra hispanos, dijo Francisco.
Pero la mayoría de los jueces, incluso Roberts, consideró hoy que las explicaciones de la Administración Trump fueron insuficientes.
- Por María Peña
