Escándalo de corrupción en Puerto Rico: arrestos por contratos millonarios a empresa BDO

La jefa de la fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, explicó que el pliego acusatorio contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, usaron su cargo para beneficiar a la empresa BDO a obtener millones de dólares en contratos, y al consultor de esta compañía, Alberto Velázquez Piñol, quien recibió para su beneficio personal cerca de $1,000,000 en comisiones pagadas con fondos federales.

“Es una pena que veamos este tipo de esquema, una vez detrás de otra, hay mucho, mucho por hacer por Puerto Rico. Y estos seis acusados se lucraron, buscaron beneficiarse para seguir con sus beneficios personales y no estaban en una posición de ayudar a Puerto Rico. Este es el tipo de casos que se menciona tantas veces que son fondos federales que da vergüenza”, sentenció Rodríguez durante una conferencia de prensa en la Fiscalía federal en Hato Rey.

“La corrupción pública continúa erosionando la confianza entre los oficiales del gobierno y nuestros ciudadanos. Los acusados Keleher y Ávila Marrero explotaron sus posiciones en el gobierno y fraudulentamente galardonados con contratos financiados con dinero federal”, añadió la jefa de la Fiscalía federal, al destacar que este esquema privó al pueblo de servicios educativos y de salud.

Rodríguez explicó que en pliego acusatorio hay 32 cargos relacionados a contratos ascendentes a unos $15.5 millones. “Los acusados usaron la posición de Keleher y Ávila para enriquecerse ilícitamente y defraudar al gobierno de Estados Unidos”, sostuvo.

Asimismo, se alude en la acusación a un director de campaña a la gobernación, aunque no identifican, y el fiscal José Capó aclaró en la conferencia que hubo varios candidatos a la gobernación en el 2016. El director de la campaña de Ricardo Rosselló fue Elías Sánchez, quien según publicaron varios medios hace semanas, es objeto de investigación federal.

La jefa de la fiscalía explicó cada uno de los tres esquemas, el primero de los cuales fue en Educación, e incluye a otras dos acusadas en el pliego, Glenda Ponce Mendoza, asesora de Keleher, y su hermana Mayra.

Gracias a ese acceso privilegiado, la empresa de la hermana de la asesora de Keleher logró un contrato sin que estuviera capacitada y sin que fuera solicitada por la oficina de asuntos federales en Educación, y que empezó en unos $40,000, luego subió a unos $90,000 e intentó, aunque sin éxito subirlo a $400,000.