Madre logra residencia antes de que Trump acabe con protecciones para familias de militares

Su hija quien trabaja en la Marina la ayuda a ajustar su estatus migratorio a través del programa Parole in Place
Madre logra residencia antes de que Trump acabe con protecciones para familias de militares
Doris Hernández Castro muestra contenta su green card. / foto: Araceli Martínez-Ortega.
Foto: La Opinión

Después de 27 años de vivir en las sombras, Doris Hernández Castro obtuvo la residencia permanente en los Estados Unidos, gracias a su hija quien desde hace cinco años se unió a las fuerzas armadas, y en la actualidad trabaja para la Marina.

Doris consiguió hacerse residente en momentos en los que la administración del presidente Trump quiere eliminar un programa que protege de la deportación a los familiares indocumentados con miembros en las fuerzas armadas.

El abogado en inmigración, Alex Gálvez quien ayudó a esta inmigrante a obtener su residencia a través de Parole in Place (PIP), dijo que este alivio migratorio está en riesgo.

La administración de Trump se quiere deshacer de todos los paroles, incluido el de los hijos en las fuerzas armadas para ayudar a sus papás a obtener un estatus migratorio. Su desaparición se cocina a fuego alto y se está trabajando internamente para ponerle fin”, dijo.

Joselyn Brenes ayuda a su madre a obtener la residencia permanente al ser miembro de las fuerzas armadas. (foto suministrada).

“Lo han querido disfrazar porque cuando uno piensa en el Parole, cree que estamos hablando solo del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero ellos están hablando de todos los paroles, incluido el PIP”, aclara.

El alivio migratorio Parole in place (PIP) está disponible para que ciertos familiares indocumentados de militares, puedan obtener su residencia en los EE UU. La ventaja es que los familiares no tienen que salir del país para iniciar el trámite.

En 2013, el Departamento de Seguridad Nacional a petición del Departamento de Defensa emitió un memorando destinado a prevenir la deportación de esposas, padres y niños en servicio activo a través del Parole in Place para que sus familiares militares no estuvieran preocupados del estatus migratorio de ellos cuando estuvieran en una misión.

Joselyn Brenes está muy contenta de haber contribuido para que su madre dejara de ser indocumentada. (Foto suministrada)

Se apresura por Trump

Donald Trump prestó juramento como presidente de los EE UU en enero de 2017. Seis meses después, Doris comenzó el proceso para hacerse residente permanente. 

“La tarjeta de residente permanente no pudo llegar en mejor momento, ante el miedo que han generado las políticas del presidente Trump que quiere detener y deportar inmigrantes sin papeles”, dice Doris.

Su hija Joselyn Brenes, afirma que se siente realmente contenta de que haya podido ayudar a su madre a hacerse residente.

“Conforme fui creciendo, me preocupe más por su situación migratoria. Ahora más, con las leyes cambiando tanto y un presidente que cada vez es más intenso”, dice Joselyn, quien al dejar la Marina planea entrenarse para ser directora de funeraria.

“No tienes idea del descanso y la tranquilidad que se siente ser residente”, dice Doris, madre de dos hijas nacidas en EE UU.

Fue su hija mayor, Joselyn de 23 años, quien al cumplir los 21 años, solicitó su residencia permanente.

“Ella entró al ejército a los 17 años, después de terminar la secundaria. Los primeros meses resultaron muy difíciles para su hermana menor y para mi. Llorábamos mucho. Siempre temíamos que le fuera a pasar algo”, dice su madre.

Recuerda que cuando Joselyn era menor, ella le advertía que si no se portaba bien, la mandaría a un boot camp – un campo de entrenamiento militar- para que la disciplinaran.

“Cuando me anunció que se uniría al ejército, me dijo que de verdad se iría a un boot camp”, dice.

La madre revela que su hija se unió a las fuerzas armadas por dos razones principales. Ella era una madre soltera que trabajaba de mesera y no tenía dinero para mandarla a la universidad.

“La segunda razón fue porque mi hija quería ayudarme a arreglar mi estatus migratorio. Sabíamos que las fuerzas armadas, eran una opción”, comenta.

Así que Joselyn se fue a la militar y tuvieron que esperar casi cinco años para presentar la solicitud, cuando ella cumplió los 21 años.

“Todo el proceso se llevó como un año”, comenta.

“Presentamos el acta de nacimiento que probaba que era mi hija, los documentos de la Marina, pruebas de ingresos de ella y míos”, comenta la madre. Además le tomaron huellas dactilares para ver si no tenía una historial criminal.

Dorys Hernández Castro con su hija Joselyn y su hija menor. (foto suministrada)
Dorys Hernández Castro posa al lado de su hija Joselyn quien la ayudó a obtener la residencia y a su hija menor. (foto suministrada)

Entró como menor

Doris vino a los Estados Unidos a los 13 años. Cruzó la frontera junto con una hermana de 15 años y una prima de 17 años.

“Mi hermana y yo nos venimos porque otra hermana que teníamos aquí convenció a mis padres de que aquí podíamos tener una vida mejor. Mi hermana mayor de 15 años quería venir, pero si yo venía con ella, no la dejaban”, rememora.

Las tres adolescentes hicieron varios intentos fallidos por ingresar al país por diferentes puntos de la frontera durante dos meses hasta que pudieron cruzar en 1990. “Nos regresaron cuatro veces. Cuando los agentes de migración nos pedían el nombre, siempre dábamos nombres de artistas. ¿Cómo te llamas?… Gloria Trevi o Patricia Manterola, decíamos”.

Cuando lograron reunirse con su hermana en el condado de Orange, a los tres meses la pusieron a trabajar de niñera. Cuenta que después trabajó en una fábrica de madera y en un negocio de comida rápida. “Yo nunca fui a la escuela. A los 18 años entré a estudiar inglés, y en una escuela técnica tomé clases para ser oficinista y aprendí varios programas para la computadora. Eso me permite trabajar en la actualidad como manager de una oficina”, dice.

Una vida con miedo

Al mismo tiempo se convirtió en madre de Joselyn, y luego tuvo a su hija menor que ahora tiene 17 años.

Debido a su estatus migratorio, confía que siempre vivía con miedo. 

“Muchos años manejé sin licencia, y aún cuando la pude sacar bajo la ley AB60 – que autoriza las licencias de manejo para los indocumentados -, no me sentía segura”, reconoce.

“Lo que más me daba miedo es que me separaran de mis hijas”, dice. Ser madre soltera agravaba sus temores. Era ella y sus hijas.

Así que siempre tuvo un plan a la mano para en caso de que migración la detuviera. “Un abogado para que me ayudara a salir de la detención, y mi hermana para que se hiciera cargo de mis hijas”, dice.

Doris se siente feliz porque no tuvo necesidad de recurrir a ese plan. “La zozobra se ha terminado”, sostiene radiante.

Su sueño como nueva residente es sacar su diploma de secundaria. “Siempre quise ser abogada, pero no tuvo la oportunidad. Tal vez a mis 42 años, ya es tarde para mi. Por lo pronto, quiero tomar algunas clases en el colegio, ya que tenga mi diploma de la secundaria”, revela.

También anhela visitar a dos hermanos que tiene en México y llevar a sus hijas a conocer a Cuernavaca, México donde nació y creció.

Se alenta el proceso

Por otra parte, el abogado Gálvez comenta que el proceso para que los hijos y otros familiares militares puedan ayudar a sus parientes directos a obtener la residencia, se está tardando de ocho meses hasta un año, año y medio. “Antes lo daban en tres o cuatro meses”, precisa.

Añade que a Doris no le afectó que la hayan regresado varias veces cuando los agentes de migración la detuvieron en la frontera, porque esos retornos no fueron considerados como deportaciones.”Fueron regresos voluntarios cuando la agarraron por el cerro, y otros lugares”, dice.

El abogado en inmigración, Alex Gálvez, junto a Doris, quien contó que planea volver pronto a la escuela. / foto: Araceli Martínez-Ortega.

Precisa que el Parole in Place no perdona a quienes tiene delitos, incluido el DIU (manejar ebrio), deportaciones de un juez, y entradas y salidas después de 1997.

“Más que nunca es importante antes de someter una petición, obtener los rastreos que indiquen cómo se clasificó su salida del país por parte de los oficiales de migración”, observa.