Congresos locales, sin control en México

MÉXICO- En la cuna del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sureño estado de Tabasco, el congreso local aprobó una ley que, si se hubiera impuesto hace 25 años, cuando el hoy presidente de México era un activista social que tomaba pozos petroleros, lo hubiera llevado a ¡50 años de cárcel!

La cuenta la sacó, cifra tras cifra, la legisladora Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en un acalorado debate que la semana pasada que puso de cabeza al país porque para la oposición al partido Morena, que lidera el congreso de Tabasco, “La Ley Garrote”, viola la libertad de manifestación.

La bautizó con ese mote porque castiga con prisión a quienes bloqueen el paso en vías de comunicación o a empresas públicas y privadas algo que hizo López Obrador hace 23 años en cinco ocasiones.

Pero la Ley Garrote hizo algo más: poner en la discusión pública nacional, una práctica que los congresos de todos los estados vienen haciendo desde hace décadas: manejar las leyes y el presupuesto de sus entidades a su conveniencia y la de sus líderes.

En México hay diputados locales que invaden funciones, hacen uso indebido de recursos públicos, planean mal el gasto o asignan de manera discrecional los presupuestos y el capital humano al interior de los congresos estatales, según documentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en su último informe sobre el tema.

“Los diputados locales, un total de 1,124 en el país, rara vez son estudiados y llamados a rendir cuentas”, advirtió Juan Pardinez, director de la organización que realizó el estudio con 4,960 datos verificados para concluir lo que se refleja día a día: los legislativos locales están descontrolados.

En Coahuila, por ejemplo, el congreso local cambió el año pasado la ley orgánica para que los partidos (principalmente el PRI porque nunca ha perdido elecciones en la entidad) pueda modificar, abrogar o aprobar leyes con sólo dos terceras partes y no la mayoría relativa como se requiere en todas las legislaturas.

Los cambios se lograron, a pesar de la polémica, con la aprobación de algunos diputados no priistas, razón por la cual,  Algunos políticos solicitaron una investigación por presuntos sobornos; sin embargo, al no realizarse ninguna indagatoria formal, los hechos y acusaciones quedaron como rumores, una situación que se repite constantemente.

Paso en Morelos en 2017. Entonces se dijo que el partido con mayoría en el congreso “maiceó” a otros para que aprobaran jubilaciones millonarias a costa del dinero público para funcionarios del entonces gobernador Graco Ramírez y algunas de las esposas de los congresistas,  aunque muchos no habían trabajado ni dos años.

En otro caso más reciente, el diputado Jorge Gaviño y otros políticos de Baja California achacaron a 21 legisladores locales de recibir plata a cambio de votar por la ampliación de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla. “Es vergonzoso lo que está pasando en ese congreso”, dijo Gaviño.

Imco explica que todas estas irregularidades en los legislativos de los estados ––que deberían servir para balancear el ejercicio del poder–– se debe a la falta de profesionalización y mecanismos de control.

“Los congresos locales tienen la responsabilidad de hacer rendir cuentas al Ejecutivo estatal sobre la ejecución de políticas públicas, el control del gasto y la aprobación del presupuesto, sin embargo, apenas ocho congresos locales tienen centros de estudios de finanzas públicas”, detalló.

El resultado es que hacen lo que quieren y no siempre con las mejores intenciones o cálculos. Los diputados de Oaxaca, por señalar una anécdota reciente, rebasaron el presupuesto que ellos mismos habían asignado en los primeros meses de este año y no tuvieron problemas para aumentarse el 49% y nadie les pidió cuentas.