Fiscal de California le “planta cara” a la regla de carga pública antes de que entre en vigor

Xavier Becerra, junto a representantes de otros cinco estados, presentan una moción para frenar en una corte los intentos de Trump

Fiscal de California le “planta cara” a la regla de carga pública antes de que entre en vigor
Xavier Becerra, fiscal general de California.
Foto: Archivo/EFE

A dos meses de que entre en vigor la polémica regla de “carga pública”, anunciada por la administración del presidente Donald Trump, el fiscal general de California, Xavier Becerra, pidió ayer a un tribunal que se detenga su aplicación hasta que se resuelva la demanda entablada el pasado 16 de agosto.

Becerra lideró una coalición de cinco fiscales generales —quienes representan a Pennsylvania, Oregon, Maine, el Distrito de Columbia Pennsylvania y por supuesto California— en la presentación de una moción para una orden judicial preliminar.

El documento busca bloquear la Regla Final de Inadmisibilidad de la Administración de Trump, conocida como la “Regla de Carga Pública del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

Si ésta llegara a entrar en vigor, el próximo 15 de octubre, la regla haría inelegibles a inmigrantes que busquen la residencia permanente si reciben ciertos beneficios públicos —como asistencia alimentaria, ayuda de vivienda y programas de atención de salud, entre otros.

“Esta regla punitiva es una amenaza para el tejido de nuestras comunidades y va en contra de nuestros valores de California”, dijo Becerra en un comunicado.

“No nos detendremos mientras esta Administración trata de destruir los programas de redes de seguridad que apoyan a las familias trabajadoras en todo el país”.

California es el hogar de más de 10 millones de inmigrantes y se estima que la mitad de todos los niños en el Estado Dorado tienen al menos un padre inmigrante.

‘Trump será confrontado con una defensa feroz’

Organizaciones como la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA) aplaudieron el anuncio del fiscal general Becerra.

“California sabe que la población inmigrante ha contribuido de manera positiva al progreso del estado y por lo tanto debe proteger [tanto] a documentados como indocumentados de medidas arrebatadas y prejuiciosas de la Administración de Trump”, dijo Angélica Salas, directora de CHIRLA.

“En California las amenazas y acciones anti-inmigrantes del presidente Trump serán confrontadas con una defensa feroz por parte de las organizaciones comunitarias y nuestros líderes electos”.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, dijo hace poco en un comunicado que el cambio de política impide que Estados Unidos sea una nación de
inmigrantes.

“Este cambio de política inhumana obligaría a las familias inmigrantes a hacer una elección imposible entre poner comida en la mesa o renunciar a las necesidades básicas para garantizar que sus familias permanezcan juntas en este país”, indicó.

El fiscal general Becerra dijo que los programas de beneficios públicos están diseñados para ayudar a las familias a llegar a fin de mes y garantizar familias fuertes y saludables en California.

¿Qué indica la regla de ‘carga pública’

La regla declara que el uso de programas gubernamentales adicionales que incluyen atención médica a través de Medi-Cal (programa Medicaid de California), nutrición y apoyo alimentario a través de CalFresh (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de California) y alojamiento para familias a través de la asistencia de vivienda de la Sección 8 ahora constituyen motivos para la determinación de “carga pública”.

De entrar en vigor, desalentría a los inmigrantes elegibles y a las familias con estatus migratorio mixto —que de otro modo no estarían sujetos a la regla— a solicitar los beneficios que necesitan y a los que tienen derecho.

El pasado 16 de agosto, los cinco fiscales presentaron una demanda contra la administración Trump y la medida de “carga pública”.

Esta no es la única batalla legal que enfrenta la Administración Trump por la nueva regla de “carga pública”, a que los condados de Santa Clara y San Francisco ya demandaron a la Casa Blanca por esta medida, al igual que una coalición de 13 estados encabezados por Washington.

Con información de Agencia EFE.