Enmendar la ley AB 5

La Legislatura de California aprobó una ley aparentemente progresista y justa, pero que de ser finalmente aprobada tendrá un efecto pernicioso y devastador sobre la prensa escrita californiana en general y La Opinión en particular. Ahora está en el despacho del gobernador Gavin Newsom.

Esto sucede mientras la prensa en todo el país es atacada diariamente por el gobierno de Trump, lo que la pone en la primera línea de la lucha por la verdad y el conocimiento.

Se trata de la propuesta de ley AB5, que hará obligatorio ofrecer salarios fijos, entre otros, a quienes entregan los periódicos a los miles de puestos de ventas y a los reporteros freelancers, que perciben su pago por artículo y que por lo general trabajan para varios medios.

La Opinión no solamente ha apoyado desde sus inicios en 1926 a los trabajadores, a los pobres, al inmigrante, sino que esta es su naturaleza, su comunidad, el grupo social al que pertenecemos profesionalmente, a quienes nos debemos.

Los apoyamos en todo momento contra la injusticia y la explotación, la miseria y la persecución migratoria. Basta hojear cualquier ejemplar nuestro para hallar múltiples pruebas de dónde está nuestro compromiso.

Pero la aplicación de la AB 5, si es finalmente rubricada por el gobernador Newsom, contra los periódicos, es capaz de dar el golpe de gracia a esta y otras publicaciones.

No es secreto que los medios escritos están viviendo la crisis económica más grave de su existencia. Este diario ha sufrido recortes, año tras año. Su personal ha sido diezmado. Nuestras oficinas reducidas. Un solo profesional cumple hoy la misma labor que años atrás hacían varios.

Todo para sobrevivir. Para que mañana La Opinión aparezca en las calles de Los Ángeles.

Pero para mantener en lo humanamente posible el nivel de entrega e información al que nuestros lectores están acostumbrados, recurrimos a un excelente grupo de freelancers profesionales.

Si la ley es puesta en vigencia y abarca a éstos y los distribuidores, será necesario reducir el área de entrega, subir el precio o efectuar más recortes, lo cual agravará la crisis en lugar de reducirla.

Junto con los otros principales periódicos del estado pedimos al gobernador Gavin Newsom, a nuestros legisladores en Sacramento y a la asambleísta Lorena González (Demócrata de San Diego), autora de la medida, una excepción en la aplicación de la ley AB 5, para que no debamos reclasificar a estos contratistas como empleados. Una excepción similar ya ha sido concedida a agentes de seguros, ciertos profesionales de la salud, asesores de inversión, pescadores, peluqueros o cosmetólogos licenciados, y otros. Pedimos lo mismo que ellos. O al menos que se postergue la implementación de la ley contra la prensa, para dar tiempo a la negociación y el compromiso.

Más de 100 medios de comunicación, diarios y semanarios, latinos, afroamericanos, asiáticoamericanos, nativoamericanos y locales verán casi imposible seguir operando si la ley es aprobada tal cual está ahora. Entre todos, atendemos las necesidades informativas del 80% de los grupos a los que pertenecemos, equivalente a la mitad de todos los californianos, una responsabilidad histórica a nivel de toda California.

Medios como La Opinión son esenciales para defender a nuestra gente. Mientras otros han debido recientemente cerrar sus puertas por las presiones económicas, nosotros hemos logrado, con sacrificios, seguir publicando este medio que se debe a la comunidad latina todos los días.

Es cierto que la propuesta de la asambleísta González se propone defender los derechos de los trabajadores de California.

Pero en este intento positivo, su implementación causará un daño irreparable a las necesidades informativas de las comunidades más vulnerables y pobres del estado, a las que pertenecen los lectores de La Opinión. Su efecto será inverso al propósito de los legisladores que la impulsan.

Nuestros lectores son en su mayoría adultos mayores, que no hablan inglés o lo hacen como segunda lengua, o buscan el tipo de información que proporcionamos, generada para satisfacer sus intereses. Dependen de nosotros para esa información que les ayuda a superar los problemas inherentes al dificilísimo momento político que estamos atravesando.

Para que sigamos cumpliendo nuestra función para preservar la libertad y la democracia en nuestro estado, la AB 5 no debe convertirse en ley o debe eximirnos.

*Gabriel Lerner es el editor en jefe de La Opinión