¿Por qué ICE podría revisar base de datos de licencias para indocumentados?
La información no siempre podría ser resguardada
Activistas han externado el temor de que ICE acceda a información de indocumentados. Crédito: ICE / DMV
Aunque los estados que ofrecen licencias de conducir a indocumentados afirman que no comparten los datos con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sus esfuerzos no siempre podrían ser exitosos, ya que la orden de un juez podría obligarlos a abrir esa información a los oficiales.
Este debate toma un nuevo sentido tras el anuncio del secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf, de buscar la forma en que las agencias migratorias puedan acceder a datos que permitan ubicar a indocumentados.
Las disposiciones en Nueva York y Nueva Jersey, por ejemplo, prohíben que los funcionarios estatales del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) proporcionen datos a las agencias que hacen cumplir la ley de inmigración, pero son claras en obedecer una orden judicial. Lo que no queda claro es si ICE podría revisar toda la base de datos o solamente por casos específicos.
No son recientes los esfuerzos de ‘La Migra’ por acceder a información sobre indocumentados, ya que en julio pasado The New York Times reveló que, sin el conocimiento los automovilistas, los funcionarios migratorios utilizaban las bases de datos de licencias de conducir estatales para aplicar tecnología de reconocimiento facial.
Al menos en Utah, Vermont y Washington –que ofrecen licencias de conducir a inmigrantes indocumentados– los oficiales de ICE habían solicitado revisar la información de los automovilistas. En las primeras dos entidades se logró el acceso.
Los documentos que exponen estos tipos de búsqueda fueron obtenidos a través de solicitudes de registros públicos por el Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown Law y reportados por primera vez por The Washington Post.
Esa fue la primera vez que se confirma que ICE utiliza tecnología de reconocimiento facial para escanear las bases de datos de licencias de conducir estatales, incluidas fotos de residentes legales y ciudadanos, considerado como un escándalo por activistas que lucha por la protección de la privacidad.
