Urgen a renovar Fondo de Justicia que salva a cientos de la deportación

Jair Solís Hernández, un padre de cinco hijos, detenido por los agentes del Servicio de Migración (ICE)  en febrero de 2019 en el barrio de Highland Park de Los Ángeles, está convencido de que habría sido deportado si no es porque la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) lo saca de la detención migratoria.

“Claro que me hubieran separado de mi familia. A lo que más temía era a una deportación y a perderlo todo. Hace 33 años que salí de Michoacán en México. Ya no tengo a nadie allá”, afirma Jair, arrestado por ICE el 26 de febrero y liberado el 13 de marzo del año pasado.

CHIRLA pudo conseguir que lo pusieran en libertad gracias a los recursos que recibió del Fondo de Justicia de Los Ángeles (LAJF), puesto en marcha a finales de 2017 para proporcionar asistencia legal gratis a los inmigrantes indocumentados en detención migratoria o en proceso de deportación.

“Mi caso no está concluido. Los abogados de CHIRLA me siguen ayudando. Estoy buscando mi residencia a través de mi hijo que está en el Ejército, y otro hijo mayor de edad que estudia para trabajador social en Pasadena”, dice Jair.

Sin embargo, la asistencia legal para él y casos como el suyo tambalean, porque a poco más de dos años de ponerse en marcha el Fondo de Justicia de Los Ángeles, el presupuesto se acabó. Las organizaciones pro inmigrantes como CHIRLA están clamando porque se asignen más recursos para que puedan seguir ayudando a los inmigrantes.

“Queremos que el Condado y la Ciudad vuelvan a invertir en el Fondo de Justicia y que el financiamiento sea permanente para que la asistencia se amplíe”, dijo Joseph Villela, cabildero de CHIRLA en una audiencia pública en el Concejo de Los Ángeles, presidida por el concejal Gil Cedillo.

La creación del Fondo de Justicia, una alianza pública-privada entre la ciudad, el condado de Los Ángeles, la Fundación Weingart y la Fundación California Community (CCF), se anunció un mes después de que Donald Trump prestó juramento como presidente de la nación, para hacer frente al aumento de los operativos federales de arresto de inmigrantes. Fue creado como un proyecto piloto de dos años.

El condado de Los Ángeles puso tres millones de dólares; la Ciudad de Los Ángeles, dos millones de dólares y el resto fueron puestos por inversionistas privados para hacer un total de 7.4 millones de dólares que se repartieron entre 17 organizaciones no lucrativas entre ellas CHIRLA.

Cuando Solís Hernández fue liberado dos semanas después de su detención,  el abogado Richard Lucero quien en ese momento era jefe del equipo de defensa de deportación de CHIRLA, dijo que Jair fue liberado tras el pago de una fianza de 5,000 dólares.

“Se pagó a través del fondo que CHIRLA creó para apoyar a los inmigrantes con sus fianzas. Este es el segundo inmigrante que logramos sacar de la detención”, declaró en marzo del año pasado.

Este fondo es independiente del Fondo de Justicia de Los Ángeles.

Villela, cabildero de CHIRLA, dijo que hasta ahora el condado de Los Ángeles solo se ha comprometido a apoyar con un millón de dólares cuando entregó tres millones de dólares para la primera etapa.

Robbie Sam de la organización Esperanza Community Housing dijo que la mayoría de las personas a las que ellos sirven, son inmigrantes o familias con un estatus mixto. “Urgimos a renovar el Fondo de Justicia y hacerlo un modelo del debido proceso”, dijo.

“El impacto del fondo es mucho más profundo que solo los 517 casos que han atendido. Por cada caso, hay un enorme efecto en cadena. La persona detenida puede ser el principal proveedor de una familia. Esto significa que mientras está bajo detención, la esposa tiene que tomar otro empleo, y dejar a sus hijos sin un cuidado. Vivimos en una ciudad de arrendatarios. La detención de un miembro de familia, las vuelve más vulnerables al desalojo y al desamparo. En resumidas cuentas, el éxito del Fondo de Justicia es de un impacto profundo”, señaló en el Cabildo angelino.

Resultados positivos

Un reporte del Instituto de Justicia Vera ordenado por la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles que evaluó los resultados del Fondo de Justicia de Los Ángeles arrojó que durante los dos años que duró el programa piloto se dieron 1,600 consultas legales.

La meta era atender 500 casos, pero llegaron a los 517. El 24% de los inmigrantes atendidos fueron menores de edad.

El tiempo promedio de residir en Los Ángeles de los inmigrantes fue de 14 años, y el 54% tienen un familiar que es ciudadano estadounidense.

La tasa promedio en general de éxito de los casos de migración en términos de lograr que el inmigrante permanezca en el país es de menos de 10% , pero entre los que se ayudaron a través del Fondo de Justicia de Los Ángeles aumentó a más del 15%. El 48% de los clientes con casos terminados, recibieron resultados positivos.

Los inmigrantes asistidos pertenecían a 32 diferentes países, y el 76% tenían menos de 40 años.

En alto riesgo

De acuerdo a la Oficina de Asuntos de los Inmigrantes del condado de Los Ángeles, 1.9 millones de residentes que no son ciudadanos de Estados Unidos están en alto riesgo de deportación. Estos son residentes permanentes, refugiados, asilados, beneficiados con el Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), y un millón de inmigrantes indocumentados.

La Opinión no tuvo una respuesta de la oficina del alcalde de Los Ángeles.

El concejal de Los Ángeles, Gil Cedillo dijo que ellos están dispuestos a volver a proveer fondos en estos tiempos críticos con la esperanza de que sea el fin del tiempo de Trump.

“Si no tendremos que prepararnos para más ataques a la comunidad inmigrante, y esto impactará a todos en la Ciudad”, expuso.

Añadió que han pedido al Jefe Analista Legislativo dos cursos de acción para un financiamiento multianual. “Estamos comprometidos a defender a todos independientemente de su raza, edad, estatus migratorio, sexo, discapacidad u orientación sexual”.