Inquilina denuncia pedido de desalojo en plena pandemia

Hace casi cuatro años Yessica Zavaleta se mudó al Sur Centro de Los Ángeles, a un garaje que había sido convertido en vivienda.

Cuenta que todo iba bien hasta inicios de año, cuando esta madre de tres menores de edad —uno de ellos sufre de autismo— recibió una notificación verbal por parte del dueño, que le pidió que dejara la vivienda.

Agrega que el contrato de su arrendamiento fue por acuerdo hablado con el propietario y que los pagos de renta los hacía cada mes en efectivo. No obstante, no recibía ningún comprobante de dichos aportes.

Zavaleta indica que hasta hace poco desconocía que el lugar que habita fue convertido, de forma ilegal, en una propiedad de dos pisos. Ahora, le parece injusto que en medio de la pandemia le pidan desalojar el domicilio.

Comenta que la aparente excusa es que “vino el inspector y le dijo [al dueño] que me tenía que salir”.

Sin embargo, aunque el garaje está siendo ocupado en ambos pisos, señala que el dueño solo le ha pedido a ella que se vaya. En el segundo piso vive el hijo del propietario y él no está enfrentando el desalojo.

Zavaleta, preocupada por su futuro y el de sus hijos, comenzó a buscar un lugar donde vivir sin éxito. En el garaje ella pagaba $1,000 de renta pero no podía encontrar ningún otro lugar por ese mismo precio.

Poco después llegó la pandemia del coronavirus y la ciudad de Los Ángeles indicó que los dueños de propiedades no podían desalojar a sus inquilinos. Zavaleta decidió permanecer en su hogar localizado en la calle 43 cerca del bulevar Avalon.

No obstante, el acoso continuó por parte del dueño de la casa quien, según dijo ella este viernes, desde hace unos cuatro meses comenzó a ofenderla cada que la ve afuera del garaje. También ha amenazado con llamar a la policía para desalojarla.

“Me grita de cosas y me dice que es por mi culpa que tienen problemas [con la ciudad] pero yo no construí el garaje. Ellos lo hicieron”, dijo Zavaleta. “No puedo ni sacar la basura durante el día porque me están acosando”.

Cansada de la situación, decidió pedir ayuda a una organización comunitaria para obtener asesoría.

Zavaleta comentó que por los últimos seis meses no ha pagado la renta debido al problema que tiene pero que cada mes ha ido apartando ese dinero con money orders para demostrar que sí lo tiene.

Contó además que hace un tiempo le quitaron un aire acondicionado portátil que tenía con la excusa de que no lo podía tener en el garaje. Y hace casi un mes le cortaron la luz temporalmente y ya se la devolvieron. Pero desde el martes de esta semana, agrega, le retiraron el suministro de agua caliente y hasta ayer no se lo habían regresado.

Este viernes, miembros de la organización de inquilinos ACCE Action se reunieron frente al hogar de Zavaleta para mostrar su apoyo y darle a entender al dueño que los inquilinos también tienen derechos.

Guadalupe González, organizadora de inquilinos deACCE, dijo que el dueño en lugar de seguir la ley que requiere que Zavaleta reciba una cantidad monetaria para reubicarse ha optado por el acoso.

“Es inaceptable que le hayan quitado el agua caliente”, agregó.

Zavaleta archivó una queja con el LA Housing Community Investment Department (HCIDLA) y recibió una notificación a finales de junio donde le confirman que su unidad de vivienda no está aprobada por la ciudad.

Meses antes, el departamento le envió una carta al dueño indicando los pasos que tenía que seguir para desalojar a su inquilina. Esto incluía presentar un aviso por escrito de desalojo, archivar una declaración con HCIDLA y pagar una reubicación al inquilino que oscila entre $8,500 y $21,200.

La Opinión intentó contactar al dueño pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Los inquilinos tienen derechos

La abogada Elena Popp, directora de Eviction Defense Network (Red de Defensa de Desalojos), dijo que es común ver a inquilinos habitar en viviendas construidas de manera ilegal y donde sus arrendadores no les dan recibos tras el pago en efectivo por el alquiler.

Sin embargo, aseguró que en California el no tener un contrato por escrito no es un problema del inquilino.

“Mi oficina ha ganado muchos casos de inquilinos que no tienen contrato y que tampoco tienen comprobantes de que han pagado la renta porque francamente un jurado no le cree al dueño que dejó a una persona vivir por cuatro años sin pagar renta”, explicó.

Añadió que en la ciudad de Los Ángeles cuando un inquilino está viviendo en una unidad que fue construida de manera ilegal y sin permiso para rentarla, el dueño no tiene el derecho de colectar la renta.

Además, antes de que la persona se vaya, el arrendador tiene que darle al inquilino la ayuda de reubicación exigida por la ciudad, cuyo monto depende del tamaño de familia.

“Zavaleta no se tiene que salir inmediatamente, no tiene que pagar renta y le tienen que dar su dinero de reubicación porque lo que ha hecho este dueño es 100% ilegal”, dijo Popp.

“Alquilar fue ilegal, tratar de echarla sin proceso de corte fue ilegal, quitarle los servicios de agua fue ilegal y a raíz de todo eso ella tiene derecho a quedarse hasta que le den su reubicación”.

Si tú o alguien que conoce tiene problemas de vivienda puedes contactar a la Red de Defensa de Desalojos a consulta@edn.la