Acusan a USCIS de organizar fiestas y premiar a empleados por regla de carga pública a pesar de déficit presupuestal

Documentos obtenidos a través de FOIA confirman que castigo a inmigrantes fue uno de los grandes logros de la agencia

Acusan a USCIS de organizar fiestas y premiar a empleados por regla de carga pública a pesar de déficit presupuestal
Los hechos ocurrieron antes del cierre de las oficinas de USCIS por la pandemia de coronavirus.
Foto: JASON REDMOND / Getty Images

Dice un refrán: “En tiempos de crisis, no hacer mudanza”. El dicho popular alerta sobre la necesidad de ahorrar en momentos complicados, pero los directivos de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) echaron el consejo en saco roto, ya que a pesar de enfrentar problemas financieros decidieron organizar celebraciones y entregar bonos a los empleados que trabajaron en regla de carga pública, la cual castiga a los inmigrantes.

Los administradores de la agencia abonaron a los problemas financieros que pusieron en peligro el trabajo de más de 13,000 empleados –a quienes amagó con enviar de descanso este año–, debido a la falta de $1,200 millones de dólares para terminar el año fiscal 2020.

En marzo de 2018 se destinaron miles de dólares a eventos y reconocimientos para empleados que laboraron en la regla final que impedirá beneficios migratorios a extranjeros que soliciten cualquier ayuda social, como Medicaid, cupones de alimentos o apoyo para vivienda.

Así lo revelan correos electrónicos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) por la organización Make the Road New York y el Center for Constitutional Rights fechados entre el 14 y 26 de marzo de 2018, donde se establecen bonos por $8,750 dólares –de una bolsa de $66,593 dólares– más gastos por alimentos de un almuerzo el 29 de ese mes.

“Discutimos la posibilidad de premios en efectivo, y ellos identificaron a los participantes clave que más merecen dicho reconocimiento”, indica la misiva del 14 de marzo del jefe de Staff de la oficina de Políticas y Estrategia, la cual es dirigida actualmente Robert Law. “Por favor revisa los siguientes números. Esperamos tu opinión y guía”, indica.

Hay varios detalles protegidos en las conversaciones, como los nombres de los funcionarios involucrados y el personal que sería reconocido, así como precisiones sobre montos y organización interna.

En una cadena de correos, cuyo tema es “Reglamento de carga pública”, enviados entre el 20 y el 23 de marzo, se negocian más detalles de los reconocimientos y la celebración, donde se incluyó al jefe de la División de Residencia y Naturalización.

“Háganos saber si está de acuerdo con los montos de adjudicación propuestos a continuación”, se expone sobre los reconocimientos a personal, entre otras áreas, de la Oficina de Políticas y Estrategia. “Además, déjanos saber si, antes del almuerzo de premiación, está de acuerdo con informar a nuestros colegas sobre los premios”.

¿Celebración ‘racista’?

El correo final, del 26 de marzo, es la invitación al evento donde se entregarán los reconocimientos por elaborar la llamada “draconiana” regla que impediría a miles de personas obtener la Residencia Permanente y complicaría su naturalización, la cual fue confirmada por la Segunda Corte de Apelaciones, a excepción de Nueva York, Connecticut y Vermont, tras una batalla legal liderada por la fiscal general neoyorquina, Letitia James.

“Las nuevas reglas en las que trabajó este personal… penalizan a los inmigrantes que acceden a ciertos beneficios públicos o que es probable que necesiten beneficios públicos, apuntando a personas de color de bajos ingresos y obstruyendo intencionalmente la inmigración legal”, acusa una postura conjunta de las organizaciones que lograron obtener los documentos.

Agregan que la regla también discrimina a los inmigrantes por su riqueza, raza, país de origen, habilidades lingüísticas o discapacidad, algo que confirmaron abogados en diversos momentos a este diario, ya que el conjunto de elementos para evaluar a un extranjero será más complejo, más allá de su capacidad económica, incluyendo también su edad y nivel de estudios.

“Los nuevos documentos que revelan la fiesta racista de USCIS y las bonificaciones, también muestran que la llamada crisis financiera que USCIS ha afirmado que enfrenta es un invento de la propia agencia”, consideró Eliana Fernández, líder de Organización de Make the Road New York. “La Administración Trump ha pervertido la misión de USCIS al tiempo que avanza con políticas para promover su agenda antiinmigrante y desalentar activamente a los inmigrantes de solicitar cualquier tipo de beneficio migratorio”.

Cabe remarcar que los fondos de los bonos corresponderían al año fiscal 2018 que comenzó en octubre de 2017, pero muestra que aunque se queja de un rezago financiero, la agencia no ha implementado políticas de ahorro, a pesar de que opera con 90% de los recursos obtenidos por el pago de trámites migratorios.

Fernández lamentó la compensación a empleados por trabajar en “políticas xenófobas”.

“Exigimos responsabilidad de esta agencia fuera de control”, expresó.

La nueva regla está siendo revisada, según un comunicado previo de la agencia a este diario, luego de la decisión del Segundo Tribunal de Apelaciones, a fin de determinar cuándo la comenzará a aplicar.

Rechazo de abuso

La agencia desestimó los montos y el gasto destinado para el programa que afecta directamente a inmigrantes, ya que un portavoz indicó que cada año hay un programa que premia con bonos a ciertos funcionarios, como fue el caso de 10 empleados que laboraron en la regla de carga pública.

La agencia agregó que su programa de premios es consistente con otras dependencias federales y se basa en la guía emitida por la Oficina de Administración de Personal de EE.UU. y la Oficina de Administración y Presupuesto.

“Los líderes y supervisores de la agencia pueden reconocer al personal elegible y merecedor con premios monetarios, no monetarios y honorarios”, argumentó el portavoz Dan Hetlage.

Agregó que los empleados a cargo de la regla de carga pública trabajaron durante dos años para concretar la regulación considerada como un castigo a inmigrantes.

Hetlage confirmó que los “premios monetarios” fueron desde los $ 500 a los $ 1,250 dólares, algo que fue ocultado en los documentos obtenidos por FOIA.

Aunque en los correos electrónicos obtenidos por las organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que se solicitaría comida de establecimientos como Corner Bakery, Quiznos u Au Bon Pain, al final se ordenaron pizzas sin costo para la agencia, aunque no se entregó algún documento que avalara el dicho.

El portavoz defendió que en aquel entonces “no estaba operando bajo el déficit presupuestario” que puso en amenaza miles de empleos.