Proposición 25: ‘una reforma histórica a la justicia penal’

Por años el estado de California ha utilizado un sistema de fianzas  – pago económico- para liberar a las personas que son detenidas  bajo la sospecha de haber cometido un delito.

Este pago debe de hacerse antes de que se compruebe que las personas son culpables y sin un proceso  que pruebe que son una amenaza para la sociedad en caso de pagar o no la fianza.

Las personas y activistas que se oponen a este sistema aseguran que esto limita la libertad de las personas de bajos recursos y que no tienen posibilidades económicas.

Esto quiere decir que los sospechosos de delitos menores y no violentos que no pueden pagar su fianza deben esperar en la cárcel hasta su fecha de audiencia,  alejados de sus familiares y afectando sus empleos, que en muchos casos pierden, incluso si en realidad son inocentes.

Mientras que las personas con más recursos económicos acusados de cualquier delito, incluyendo los violentos graves, pueden salir en libertad, con simplemente pagar su fianza y sin importar si son una amenaza para la sociedad.

Por todo esto, las personas que se oponen al sistema de fianzas consideran que, este sistema es injusto y criminaliza a las personas también por ser pobres, ya que pueden perder su empleo y los mantiene encarcelados  solo por no tener dinero para pagar por su libertad.

Para hacer un sistema de justicia más justo, partidarios como el concejal del distrito 14 de Los Ángeles, Kevin de León, dice vote si a la proposición 25.

Un voto a favor de la proposición 25 defiende la legislación impugnada, SB 10, que reemplazaría la fianza en efectivo con evaluaciones de riesgo para los sospechosos detenidos en espera de juicio. Esto quiere decir que la persona será puesta en libertad antes de su juicio solo si no es una amenaza para la sociedad y no en función de su poder económico.

En la actualidad los tribunales superiores estatales del condado establecen las cantidades de la fianza y los jueces las pueden ajustar.

De esta forma, los sospechosos pueden pagar la fianza con su propio dinero o mediante un agente comercial de fianzas (bail bonds) que paga el monto total de la fianza a cambio de una prima no reembolsable que en California usualmente es alrededor del 10 por ciento.

De León dijo que de aprobarse la proposición 25 California tendrá la oportunidad de aprobar una reforma histórica a la justicia penal.

“Es lograr el fin de lo que creemos es un sistema depredador de fianzas monetarias y cambiar hacia un nuevo paradigma que juzga a cada persona en función de sus antecedentes individuales, en lugar de cuánto dinero tienen en una billetera”, dijo De León. “Todas las demás naciones del mundo, excepto Estados Unidos y Filipinas, no usan un sistema de fianza monetario debido a que es inseguro, es injusto y es extremadamente costoso”.

Añadió que en Estados Unidos quienes se ven más afectados de manera desproporcionada son las personas de color, los latinos inmigrantes e inmigrantes indocumentados.

De León compartió el caso de Kenneth Humphrey, quien en el 2017 fue acusado de robar $5 y una loción a su vecino en San Francisco. La corte fijó su fianza en $350,000.

“Esto es un dinero que ni él ni sus familiares tenían para pagar y mucho menos los $35,000 no reembolsables para depositar con un agente comercial de fianzas”, expresó el concejal. Debido a la falta, el individuo de 62 años tuvo que permanecer en la cárcel del condado durante casi un año.

El concejal también  explicó el caso legal de la universidad Stanford, donde un joven blanco de primer año llamado Brock Turner, originalmente de Ohio, violó a una joven estudiante en el campus de Stanford.

En esta ocasión,  al joven se le fijó una fianza de $150,000, su familia pago $15,000, y él pudo permanecer en libertad hasta su día del juicio.

“Es la diferencia entre los que tienen los medios económicos y los que no los tienen”, indicó De León. “Están quienes permanecen en la cárcel durante muchos meses, si no años, hasta que se llegue la fecha de la corte, y aquellos pueden caminar libremente”.

El Instituto de Políticas Públicas de California reveló recientemente que anualmente hasta 150,000 personas permanecen detenidas antes de enfrentar su juicio en las cárceles de California.

John Bauters, concejal de la ciudad de Emeryville, al norte de California y abogado, dijo que la proposición 25 permite que los sospechosos arrestados por delitos no violentos de nivel inferior puedan regresar a sus hogares y trabajos en lugar de estar encerrados en una celda.

También hace que sea más probable que puedan cooperar con su defensa. El nuevo sistema implementa una política basada en el riesgo en contraposición a la política que existe hoy, basada en la riqueza, dijo Bauters.

“Sería un [sistema] que realmente evalúe su riesgo potencial para la comunidad, la amenaza que podría representar para la víctima y la probabilidad de que aparezca en el juicio y responder al delito que se le imputa”, añadió Bauters.

Entre los oponentes a la proposición 25 esta la organización Human Rights Watch la cual indica que los californianos deberían concentrar sus esfuerzos en reemplazar el sistema de fianza monetario con reformas que reduzcan el encarcelamiento previo al juicio y garanticen un debido proceso significativo para todas las personas acusadas.

“Con el actual sistema, los jueces establecen una fianza alta sabiendo que eso mantendrá a la gente encerrada. Con la proposición 25, pueden ordenar que alguien sea encerrado sin ni siquiera fijar una cantidad”, dijo John Raphling, investigador principal sobre el sistema legal penal de Human Rights Watch en su página web. “El nuevo sistema simplemente aumenta la capacidad de los jueces para encarcelar personas”.

Human Rights Watch recomienda que en lugar de reemplazar la fianza monetaria con herramientas de evaluación de riesgos los legisladores establezcan límites estrictos sobre quién es elegible para ser encarcelado antes de ser condenado.

Adicionalmente piden que se establezcan requisitos estrictos del debido proceso para garantizar que todos tengan una audiencia justa sobre sus circunstancias individuales.