La pandemia pone en jaque a los estudiantes

Cuando comenzó la pandemia por el coronavirus en marzo, Cynthia González —directora de una secundaria en el Sur de Los Ángeles que se enfoca en la tecnología— creyó tener su escuela bajo control.

“Desde hace varios años los estudiantes ya recibían tabletas y para nosotros no fue un gran problema en la repartición”, expresó.

Con lo que no contaba fue enterarse que un gran porcentaje de los 516 alumnos, no tenían acceso a internet en sus hogares.

“Yo me frustré y pensaba, ¿cómo han hecho su tarea todo este tiempo?’” recordó González.

Lo que descubrió fue que los alumnos esperaban a estar en la escuela o en cualquier otro lugar que tuviera acceso a Wi-Fi para poder conectar sus tabletas y hacer sus trabajos.

Sin dejar pasar el tiempo, la directora comenzó un plan de estudios junto a los maestros, y obtuvo asesoramiento de los consejeros, para saber cómo responder si los estudiantes necesitaban ayuda.

También logró conseguir hotspots portátiles (una red inalámbrica que da acceso a Internet) pero inmediatamente se topó con otro problema.

Algunos alumnos no podían conectarse ya que los equipos no daban señal en todos los vecindarios.
Al final del semestre los resultados revelaron que sólo alrededor del 30% de los estudiantes logró completar su trabajo en el último semestre.

Muchas ganas pero pocos recursos

Los problemas que enfrentó la secundaria donde trabaja González son el reflejo de nueva encuesta nacional de directores de secundarias  —que incluyeron a 76 escuelas del Sur de California— que demostraron la desigualdad en tiempos del COVID-19 durante la primavera.

El reporte, “Lecciones de aprendizaje: las escuelas secundarias públicas de EE.UU. y la pandemia de COVID-19 en la primavera de 2020” realizada por la UCLA demostró que si bien los centros de estudio intentaron responder lo mejor que pudieron ante la pandemia, en ocasiones los recursos no les permitieron hacer mucho por sus estudiantes.

John Rogers, profesor de educación en UCLA y autor líder del reporte, dijo que la encuesta demostró que aunque las escuelas no tuvieron tiempo para prepararse en lo absoluto, respondieron de una manera “heroica” no solo en brindar instrucción, sino también en satisfacer diversas necesidades pese a los límites.

Rogers, quien es director del Instituto para la Democracia en UCLA, indicó que en escuelas donde las comunidades son de muy escasos recursos, los directores y el personal escolar ya estaban trabajando con presupuestos limitados porque las necesidades ya eran sustanciales.

“Y luego, dentro del entorno de COVID-19, las necesidades crecieron más debido a la angustia económica, a preocupaciones de salud debido al trauma que se está desarrollando mientras los jóvenes experimentaban la muerte en sus familias en sus comunidades y, por lo tanto, los directores querían responder a todo eso”, explicó

La directora González concordó con este punto y mencionó que cuando las escuelas cambiaron al formato virtual ella vio cómo el número de estudiantes bajó de manera significativa.

Aquellos alumnos que acabanan de llegar de otros estados o países, optaron por regresar a su lugar de origen. Otros tuvieron que comenzar a trabajar para ayudar a sus padres que quedaron sin empleo.

“También nos topamos que cuando queríamos contactar a los estudiantes muchos teléfonos estaban desconectados y en ocasiones era porque no los pudieron pagar”, dijo González. “O no podíamos contactarlos en sus direcciones porque ya no vivían ahí, habían sido desplazados de sus viviendas”.

La encuesta realizada a 344 secundarias de la nación, reveló que cerca del 50% de directores dijo haber dado apoyo a estudiantes que experimentaban inseguridad o falta de vivienda.

El 77% proporcionó acceso a asesoramiento sobre salud mental y el 59% ayudó a los alumnos y a las familias a acceder y navegar el sistema para obtener servicios de salud.

Un tercio de los directores brindó apoyo financiero a los estudiantes y sus familias y el 43% de ellos, informaron que dieron apoyo a alumnos que experimentaron alguna muerte en sus familias.

Buscar ayuda fuera de las escuelas

Rogers dijo que en sus entrevistas recuerda a un director que le dijo que se le hacia injusto pedirles a los estudiantes que hagan a sus padres gastar la gasolina para manejar a algún lugar cercano donde haya Wi-Fi porque no tenían conectividad en casa.

“Esta historia habla de las varias formas de desigualdad en los lugares urbanos o rurales”, indicó.
“Una de las conclusiones claras de este estudio es que debemos pensar en el acceso a la banda ancha como un derecho fundamental”.

Laura Zavala, directora de desarrollo de políticas y campañas de Inner City Struggle de Boyle Heights, dijo que ellos también han compartido la frustración de estudiantes y padres de familia miembros de su organización que no saben cómo navegar el nuevo sistema de educación virtual.

Indicó que la falta de información y comprensión inicial de parte de las instituciones educativas dejaron a los padres cuestionando cómo obtener una computadora, cómo acceder al internet o tener una idea de si la ausencia a las escuelas en realidad solo sería dos semanas como se había dicho inicialmente.

“Muchos padres no sabían cómo navegar el sistema o con quién hablar y nos convertimos en una especie de red de seguridad para muchos padres y estudiantes”.

“Realmente nos mantuvimos actualizados con lo que estábamos escuchando del distrito, conectándonos con los líderes e informando a los padres de familia”, explicó.

Un cambio a futuro

Rogers dijo que en el 2000 hubo una demanda contra el estado de California por parte de una clase de estudiantes de bajos recursos que indicaba que el sistema les negaba su derecho constitucional a una educación equitativa, porque no tenían acceso a cosas como libros de texto. La mayoría de estudiantes afectados eran latinos y afroamericanos.

“Hoy en 2020 podemos hacer un tipo de afirmación muy similar sobre la falta de acceso a la banda ancha, que es una condición fundamental y que todo alumno necesita”, indicó Rogers.

Zavala y González estuvieron de acuerdo en reconocer que se necesita legislar a nivel estatal para hacer cambios positivos en la educación de los estudiantes de bajos recursos.

Mientras tanto ambas trabajan a nivel local ayudando a sus comunidades dentro de sus propios límites y recursos disponibles.