El caso en la Corte Suprema sobre deportación de ciertos inmigrantes

Los jueces dudan de los argumentos del Departamento de Justicia

El caso en la Corte Suprema sobre deportación de ciertos inmigrantes
La Corte Suprema discute un caso de deportación que impactaría a otras personas.
Foto: Drew Angerer / Getty Images

La Corte Suprema comenzó los argumentos orales del caso de Clemente Pereida, un inmigrante indocumentado que enfrenta deportación y cuya decisión podría tener implicaciones para otros extranjeros en la misma situación.

Los jueces decidirán si un inmigrante que es condenado por un delito estatal puede solicitar el alivio de la deportación, como el asilo o la cancelación de la expulsión, cuando el registro de la corte estatal es ambiguo sobre si su condena corresponde a un delito enlistado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

El caso Pereida v. Barr expone que el inmigrante fue condenado en Nebraska por “intento de suplantación criminal”, al utilizar un número de Seguro Social que no le correspondía para trabajar, un delito menor por el cual recibió una multa de $100 dólares.

La situación de Pereida es más complicada, debido a que ingresó a Estados Unidos sin autorización hace casi 25 años. Él y su esposa tienen tres hijos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense y otro beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Para conseguir empleo en una empresa de limpieza, Pereida presentó una tarjeta de Seguridad Social falsa, luego se fue declarado culpable de un delito menor por intentar cometer fraude o “suplantación de identidad criminal”, pero su mínima condena monetaria no incluyó prisión.

La batalla legal —aceptada en la Corte Suprema en diciembre de 2019— se centra en si la condena fue un “delito de depravación moral”, lo que impediría a Pereida solicitar alivio de la deportación, considerando los lineamientos de “buen carácter moral” (GMC, en inglés) que establece la INA.

La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito determinó que Pereida no es elegible para el alivio de la deportación, pero permitió que el inmigrante llevara su caso al máximo tribunal, donde fue aceptado y ya es discutido.

El Departamento de Justicia argumentó en la Corte Suprema que la carga de la prueba para una solicitud para cancelar la deportación de un inmigrante indocumentado recae en la persona que enfrenta la deportación, no en el gobierno.

“Los tribunales deben comenzar con los textos reglamentarios que rigen y aquí ese texto responde a la pregunta poniendo la carga de probar la elegibilidad en el extranjero, incluida la falta de condenas descalificantes”, expuso el asistente del procurador general Jonathan C. Bond.

En la audiencia virtual destacó la postura del juez Brett Kavanaugh, designado por el presidente Donald Trump, quien expresó sus dudas sobre el argumento del gobierno, enfocado a los cargos “mínimos”.

“El delgado junco corresponde legalmente a tener una ofensa tal que los registros también serán delgados”, consideró Kavanaugh.

El ‘carácter moral’

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) destaca algunas faltas que evitarían a cualquier inmigrante obtener un beneficio, incluida la Residencia Permanente o la naturalización.

Algunas de las faltas que destaca son: evadir la corte tras pagar fianza por un delito; fraude bancario; conspiración para distribuir una sustancia controlada; no presentar o pagar impuestos; reclamo falso de ciudadanía estadounidense; falsificación de registros; falsificación para fraude; fraude de seguro; obstrucción de la justicia; agresión sexual.

También se contempla fraude de la Seguridad Social; acoso; registro ilegal para votar; votación ilegal; y violación de un embargo estadounidense (en cualquier país).