57 mujeres migrantes habrían sido víctimas de operaciones innecesarias. Pero podrían ser muchas más

Docenas de mujeres inmigrantes que han estado recluidas en un centro de detención en Georgia han testificado que han sido sometidas a cirugías ginecológicas “invasivas e innecesarias”, incluyendo esterilizaciones, dijeron este miércoles congresistas federales.

“Hemos documentado 57 casos y esto es solo la punta del iceberg. Ahora queremos saber si esta es una práctica común alrededor del país”, afirmó el representante federal por Nueva York Adriano Espaillat durante una rueda de prensa virtual sobre el escándalo que han desatado las denuncias de abusos en el Centro de Detención de Irwin, en el sur de Georgia.

Espaillat y el congresista por Georgia Hank Johnson, que también participó en la conferencia, denunciaron que la mayoría de las mujeres que aseguran haber sido afectadas no eran conscientes de las razones por las cuales las operaban y muchas de ellas no hablaban inglés y no tenían acceso a un traductor.

Las declaraciones de los congresistas se producen luego de que se conocieran los detalles de una reunión a puerta cerrada en el Capitolio de Estados Unidos en la que un grupo de abogados presentó a legisladores federales un reporte que eleva a 57 el número de mujeres que alegan que un médico les realizó o las presionó para que se sometieran a este tipo de procedimientos ginecológicos sin su consentimiento, de acuerdo con el medio The Intercept.

Según el informe, al menos 17 de las inmigrantes todavía se encuentran presas en Irwin, una cárcel operada por la corporación penitenciaria privada LaSalle Corrections.

Deportada a Jamaica

Wendy Dowe, una inmigrante originaria de Jamaica, se encuentra entre las mujeres que aseguran haber sido operadas por el doctor Mahendra Amin, un especialista en obstetricia y ginecología en Douglas, estado de Georgia, que atendía a las inmigrantes de la prisión hasta que el mes pasado fue suspendido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras conocerse las denuncias.

Dowe, quien vivió 20 años en Estados Unidos antes de ser deportada, participó en la rueda de prensa desde Jamaica y, visiblemente afectada, relató “la pesadilla” que vivió en la cárcel de Irwin, donde -sostuvo- Amin le dijo que tenía un tumor, posiblemente canceroso, y que tenía que ser intervenida.

La inmigrante recordó que, tras ser operada en un hospital, despertó en el centro de Irwin con la noticia de que le habían cortado una de las trompas de Falopio durante el procedimiento, lo que le provocó además una infección, para la cual le negaron tratamiento porque -afirma- se negaba a ser sometida a otra cirugía debido a que sospechaba de que algo estaba mal.

La madre de 48 años fue deportada a Jamaica y ahí se enteró de que sus sospechas estaban fundamentadas y que la cirugía fue innecesaria.

“Parece que esto es un patrón, una práctica en el centro de detención de Irwin. El médico parece estar lucrándose de las cirugías innecesarias“, afirmó el congresista Johnson, que calificó la situación de “deplorable y repudiable”.

En una declaración enviada a Efe, el abogado de Amin, Scott Grubman, “negó categóricamente” las denuncias en contra de su cliente, quien dijo que es “un médico muy respetado que ha dedicado su vida adulta al tratamiento de una población de alto riesgo y desatendida en las zonas rurales de Georgia”.

Tanto Johnson como Espaillat, quienes el mes pasado realizaron un recorrido por la prisión junto con una delegación de una decena de congresistas, dijeron que en Irwin se están violando los derechos humanos de los inmigrantes y por ello pidieron el cierre inmediato de la prisión.

“Estamos llamando al cierre de esta instalación, que no tiene un propósito útil, solo para lucrar a algunos a expensas de otros que no pueden decir no”, sostuvo Johnson.

El Gobierno designó este martes a Luke Bellochi como primer defensor de los derechos de los inmigrantes detenidos, y que deberá investigar las numerosas quejas por parte los migrantes recluidos en centros de detención y grupos activistas.

La Oficina de Ómbudsman para Detención de Inmigración, que se ocupará “de los asuntos que surjan en las instalaciones de detención” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), será independiente de las agencias de Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), asegura el Gobierno.