‘No podemos permitir desalojos ilegales’

Belén García, madre de seis hijos, vive con la incertidumbre de no saber hacia dónde se va a ir a vivir después que hace dos meses comenzó a enfrentar un problema de aumento de renta y posible desalojo con el dueño de la casa.

García, quien es mamá soltera, vive en el sur centro de Los Ángeles y contó que la casa en la que vive está dividida. Ella renta tres recámaras, un baño y la cocina. La sala tiene una pared de división para otros inquilinos pero desconoce en cuántos cuartos esta dividida.

Narra que ha vivido en esa casa por más de siete años y que hasta agosto pasado pagaba $1,150 de renta. Sin embargo, agrega, el encargado de la casa le dijo que para septiembre debía comenzar a pagar $1,500 por el alquiler.

“Me llevó un papel y me dijo que lo firmara y que si no estaba de acuerdo que me fuera”, dijo García.

Explicó también que para ese entonces, ya se había asesorado con la Alliance of Californians for Community Empowerment Action (ACCE) —una organización le dio a conocer sus derechos en el tema de vivienda, que le indicó que el encargado no podía subirle la renta y mucho menos durante la pandemia.

La mujer comenta que el dueño de la casa continuó hostigándola hasta que se fue a recibir asesoría nuevamente.

“Los de la organización me dijeron que no firmara nada y después fui y puse una queja con [la ciudad]”, dijo García.

Tras una rigurosa inspección se determinó que la casa tenía añadiduras ilegales y por lo tanto se tenían que remover.

El asesoramiento que García recibió le ha ayudado para permitir estar más tiempo en la casa en lo que encuentra otra vivienda mientras que los dueños también recibieron asesoramiento para pedir una extensión para hacer los cambios necesarios.

“Keeping families Home”

Debido al asesoramiento que ha recibido por parte de la organización en favor de los inquilinos, García se unió a participar en una conferencia de prensa de ACCE esta semana para promover el programa estatal “Keeping Families Home” (Manteniendo a las familias en el hogar).

Este ofrece asesoramiento legal gratuito a inquilinos en riesgo de desalojo debido al impago del alquiler durante la pandemia por el COVID-19.

El programa  cuenta con el número 79606, para que cualquier persona pueda acceder a información y evitar un desalojo en medio de una emergencia de salud pública.

Al enviar mensajes de texto con las palabras clave “Abogada” y “Organizar” al 79606, estos serán dirigidos a un menú de respuestas aplicables a su situación.

María Osorio, miembro de ACCE, dijo que ella en el pasado enfrentó el desalojo y la organización le ofreció la asesoría adecuada. Agregó que los inquilinos tienen derecho a seguir en sus viviendas y no deben temer buscar ayuda.

Marci Villanueva, organizadora de ACCE en el Distrito 9, dijo que ningún inquilino debe firmar ningún papel, no tengan miedo ni se asusten o entren en pánico si enfrentan el desalojo.

“No firme nada hasta que se haya contactado con un abogado para que le haga saber sus derechos como inquilino”, indicó. “Por eso les pido que aprendan sobre sus derechos… Tenemos miles de desalojos ilegales y no podemos permitir eso”.

Villanueva motivó a los inquilinos a mandar un mensaje de texto al 79606 para que las personas reciban la ayuda necesaria y se le pueda dar seguimiento a su caso.

“Un organizador se contactará con todos ustedes”, aseveró Villanueva.

ACCE lleva a cabo clínicas legales los martes y jueves con abogados que escucharán el caso de los inquilinos.

Para más información acerca de estas clínicas legales envía un mensaje de texto al 79606 con la palabra “organizar”.