Brutalidad policial en Perú: ¿reformismo o abolición?

En rechazo a una crisis política que alcanzó su máximo estallido con la toma autoritaria e ilegítima del gobierno peruano a manos de 105 congresistas y sus intereses subalternos, lxs* jóvenes peruanxs realizaron las protestas más grandes que ha visto el país. El objetivo más inmediato de las mismas, la renuncia del presidente interino Manuel Merino, se logró. Sin embargo, el costo humano fue muy alto, dos manifestantes asesinados por la policía, 207 ciudadanxs ingresados a hospitales por lesiones durante las manifestaciones, y más de 10 desaparecidxs por días, de lxs cuales al menos uno ha denunciado torturas por parte de la policía.

En una nota anterior argumenté que la brutalidad policial que marcó estas marchas no respondían a un simple exceso de la policía peruana o a la actuación de malos elementos. En cambio, presenté evidencia de que la brutalidad policial es intrínseca a esta institución dado que es un rasgo característico de la policía tanto en contextos de dictadura como de democracia liberal; es parte sistemática de la represión policial de movilizaciones sociales en el Perú; y está presente la cotidianeidad de grupos vulnerables y marginalizados de nuestra sociedad como las minorías sexuales, étnicas y raciales, las mujeres, las personas con discapacidad o afecciones de salud mental y lxs trabajadorxs precarizados. También sugerí la necesidad de abolir la institución policial y el marco legal que esta defiende. Esta vez quiero argumentar por qué la reforma policial de la que se viene hablando en Perú será intrascendente, debate que se agudizó en los Estados Unidos durante las marchas anti-racistas del verano y que ha sido parte de la revolución en Hong Kong. Concluyo con una reflexión de cómo el abolicionismo policial puede darnos luces para el polémico cambio de Constitución.

Apostar por una reforma implica que (1) la policía está actuando fuera de la ley cuando recurre a la violencia y que (2) la brutalidad policial se trata de excesos que ciertas capacitaciones y el encarcelamiento de los responsables pueden solucionar. Respecto al primer punto, la mayoría de veces, la policía está actuando conforme a la ley cuando hace uso de su fuerza. Probablemente la policía aludirá que se encontraba protegiendo el patrimonio público (e.g. el edificio del Congreso, el Palacio de Justicia) o que sus vidas se encontraban en peligro, ambas razones para el uso de la represión policial, cuando asesinaron a Inti Sotelo y Bryan Pintado en el marco de las protestas en Perú de la semana pasada. De igual manera, cuando la policía asesinó e hirió a manifestantes indígenas y campesinos como lo hizo en el conflicto de Bagua en el 2009 y lo sigue haciendo en los cientos de conflictos socioambientales que activos en el Perú, lo que está haciendo es actuar conforme a la ley que reconoce el subsuelo como propiedad del Estado. Si los recursos que se encuentren en él están en tierras campesinas o nativas o las afectan social o ambientalmente, estos grupos sociales no pueden evitar su explotación porque no tienen capacidad de veto frente a estos proyectos. Si lo logran es a costa de movilizaciones que le cuestan la vida y la salud a muchos manifestantes. Otros ejemplos más cotidianos son el desalojo de vendedorxs ambulantes o trabajadoras sexuales. En estos casos la policía actúa de acuerdo a normas municipales que prohíben la prostitución callejera o el comercio ambulatorio.

Siendo este el escenario, hay personas que proponen que se procese penalmente a los responsables y que se capacite al resto de la policía para que no repita los mismos errores. El encarcelamiento de los responsables seguramente traiga una sensación de justicia a la población y paz a los familiares de las víctimas pero, lamentablemente, no nos asegura que estas cosas no vuelvan a pasar. Las capacitaciones en violencia de género, racismo y derechos humanos tampoco van a evitar que más gente muera o sufra lesiones a manos de la policía. Estas acciones reformistas no van a cambiar las cosas porque no transforman el marco legal que la policía, como principio básico de la institución, tiene que defender. Los jóvenes van a seguir saliendo a protestar mientras haya un Congreso impune y con capacidad de vacar a un presidente con 87 votos alegando al vago concepto de incapacidad moral. Los pueblos indígenas y los campesinos no van a parar su lucha por el control y cuidado de sus tierras hasta que no puedan decidir autónomamente sobre ellas. Las trabajadoras sexuales y los vendedorxs ambulantes continuarán trabajando en las calles mientras no haya trabajo formal y digno para todxs sin importar raza, etnicidad, orientación sexual, identidad de género o discapacidad.

La policía está hecha para defender la ley y en el Perú la ley, como vemos, está hecha para que ciertos grupos, si quieren sobrevivir, tengan que romperla. Reformar la policía no va a detener su violencia si el marco legal que está a cargo de defender, la Constitución del 93, sigue intacto. Trascender un sistema que ha demostrado poner a la propiedad privada y a gobiernos ilegítimos por encima de la vida humana y en el que ciertas vidas valen más que otras es inevitable y necesario. Sin embargo, en este largo proceso de encontrar consenso para una Asamblea Constituyente y asegurarnos que represente las voces de quienes siempre han estado al margen del Estado, tenemos que estar más atentxs y críticxs de la policía que nunca. La vigilancia ciudadana tiene que ir de la mano con acciones que busquen limitar el actuar de la policía para evitar sus abusos. Una de ellas es buscar soluciones colectivas a situaciones frente a las cuales buscaríamos a la policía. Un gran ejemplo lo han dado lxs jóvenes durante las protestas. En vez de buscar seguridad en la policía, porque era la enemiga, se vieron forzadxs a organizarse para cuidarse mutuamente. Usaron las redes sociales para comunicarse y dividieron el trabajo creando así un sentido de comunidad que no solo hizo prescindible a la policía sino que salvó cientos de vidas. Como esta, hay miles de maneras en las que creando y apelando a nuestra comunidad, apostando por el diálogo, la ayuda mutua y la empatía podemos evitar más muertes y abusos por parte de la policía. Esta misma fórmula es la que nos va a permitir articular demandas y generar representantes legítimos en miras de una Asamblea Constituyente o resistir y crear nuevas formas de convivencia social en caso la reforma constitucional y policial sean lo único que nos quede.

Irene Del Mastro N. (@IreneDelMastroN) es socióloga peruana y estudiante de doctorado en UCLA

*Uso la letra “x” para incluir en una sola palabra a mujeres, hombres y personas de género no-binario (personas cuya identidad de género no corresponde con las categorías hombre o mujer).