Piden a Biden avances para poner fin a la detención de inmigrantes
Activistas presionan al presidente para que acabe con los contratos federales con cárceles privadas
Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes están presionando al presidente Joe Biden para que acabe con los contratos federales a cárceles privadas que detienen a inmigrantes. Las organizaciones alegan que las compañías se benefician del aumento de los costes.
Esta petición forma parte de una demanda más amplia para reformar los protocolos de detención de migrantes en un momento de pandemia en el que los arrestos se han reducido drásticamente.
“Tienen mucho margen. Es una oportunidad histórica para desmantelar este sistema de encarcelamiento masivo”, declaró Naureen Shah, asesora de políticas y defensa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y publicó Noticias Telemundo.
Una de las órdenes ejecutivas que ha firmado Biden en sus 11 días de mandato impide que el Departamento de Justicia haga uso de prisiones federales privadas. Sin embargo, aunque durante la campaña presidencial dijo que las empresas privadas no deberían gestionar la detención de migrantes, su orden ejecutiva no incluye estos centros. Shah dijo tener esperanzas en que esto cambie.
El 81% de las personas que están bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se encuentran en centros de propiedad privada o administrados por compañías privadas, según un informe de ACLU, Human Rights Watch y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
Los inmigrantes que están en esos centros de detención privados no tienen derecho a abogados de oficio y pueden encontrarse con trabas para conseguir hablar con uno. Además, se han denunciado abusos y problemas de supervisión en ellos.
La pandemia hizo que en el año fiscal 2020 las cifras de detención cayeran a 182,869, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional. La agencia puso a algunas personas en libertad para disminuir los posibles efectos del coronavirus en el interior de estos centros. 14,195 personas seguían detenidas hasta el 22 de enero, tal y como informó el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
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