Buscan parar la transferencia de inmigrantes encarcelados a la custodia de ICE

En diciembre de 2018, el entonces gobernador Jerry Brown le conmutó a Gabriela Solano su sentencia a prisión, pero ahora se ha lanzado una campaña para pedirle al gobernador Gavin Newsom que no la transfieran a la custodia del Servicio de Migración y Aduanas (ICE), no solo para evitar que se contagie de  COVID-19 sino para parar su deportación.

Gabriela vino a California con sus padres como residente legal a los 2 años. Creció en El Monte, pero a los 18 años, se involucró en una relación sentimental con un hombre que la abusó física y emocionalmente por 8 años. 

Cuando tenía 26 años y trataba de dejarlo, el novio la forzó a llevarlo a él y a sus amigos para robar un carro. Ese mismo día,  el amigo del novio se involucró en una riña con un peatón que terminó en un pleito y asesinato. Gabriela fue sentenciada por el delito de asesinato, a prisión de por vida, sin posibilidad de libertad condicional, más 25 años.

El grupo MIjente que ha lanzado una campaña de recolección de firmas para pedirle a Newsom que no la entreguen al ICE, revela en su página web que Gabriela ha pasado los últimos 20 años tratando de hacer un cambio en su vida.

Tomó más de 1,000 horas de clases de rehabilitación y sirvió de voluntaria para apoyar a otros encarcelados a través del proyecto Walk of Love. En prisión, consiguió apoyo para dejar las drogas, y lleva 21 años en sobriedad. Ganó además dos títulos en ciencias sociales y de la conducta, y en artes liberales, y ha trabajado por más de 12 años como empleada de oficina en prisión.

En reconocimiento a su compromiso por rehabilitarse, trabajar y servir de mentora a otros presos, el exgobernador Brown  conmutó su condena a 20 años. Pero debido a su estatus migratorio y a su condena, el día de su liberación previsto para marzo, sería automáticamente entregada al ICE.

Por miles de casos como el de Gabriela, una coalición de grupos proinmigrantes y de derechos civiles está apoyando la medida AB 937 (VISION Act), la cual busca que los inmigrantes elegibles para ser liberados de una prisión estatal o cárcel local, no sean entregados a los centros de detención del ICE sino a sus familias.

Esto incluiría a quienes han terminado su sentencia, salen bajo libertad condicional; o a quienes les eliminaron sus cargos; o un juez les garantiza su salida.

El tema cobró aún mayor relevancia el año pasado cuando comenzó la pandemia de COVID, y la transferencia de inmigrantes de las prisiones estatales y las cárceles locales a los centros de ICE, levantó una creciente oposición por parte de expertos en la salud, líderes religiosos, funcionarios electos y familiares de los encarcelados.

“La pandemia global de COVID-19 dejó al descubierto la inequidad, y estamos obligados a mejorar. Entonces debemos terminar con el trato diferencial de los californianos que han cumplido su tiempo en las prisiones o cárceles”, dijo la asambleísta de Los Ángeles, Wendy Carrillo, autora de la AB 937.

Y señaló que es momento de poner fin al doble castigo para los inmigrantes de California y dejar de gastar nuestro valioso tiempo y recursos en las transferencias al ICE. “Es tiempo de mostrar al resto del país que las políticas equitativas y humanas son prácticas y de sentido común”.

La organización Asian Americans Advancing Justice estima que el año pasado, se transfirieron 1,400 personas de las prisiones estatales al ICE. En relación con las cárceles locales de California, la oficina del procurador de California, reportó que en 2019 se transfirieron al ICE, 1,685 personas; y en 2018, 2,038.

En un comunicado conjunto, varias organizaciones dieron a conocer que más y más gente reconoce que el encarcelamiento masivo afecta de manera desproporcionada a las comunidades latinas y afroamericanas.

“Es un profundo fracaso de la justicia que una persona que ya cumplió con su tiempo en la prisión o en la cárcel, sea castigada de nuevo con una detención o deportación por ICE”, dijeron.

Y agregaron que el estado debe ayudar a fortalecer a las familias y comunidades, no separarlas. “Para avanzar nuestros valores de compasión, equidad y sanación, debemos hacer del Acta de Visión una realidad”.

En la actualidad, el proyecto es apoyado por más de 35 grupos de derechos humanos y de justicia criminal a nivel estatal y cuenta con 8 legisladores que lo patrocinan. El Acta VISION quiere asegurarse que los inmigrantes y refugiados se beneficien de las leyes aprobadas en California para reducir el encarcelamiento masivo.

El sueño de Gabriela, quien tiene 48 años y lleva más de 20 años en prisión, es ser trabajadora social para ayudar a otros niños a no seguir su camino y ser intérprete en las cortes.