“Los $4,000 millones del gobierno de Biden no van a cambiar la realidad de Centroamérica”

Honduras es tildada de “narcoestado” en un juicio en Estados Unidos. El Salvador tiene un líder cada vez más poderoso. Guatemala vio su Congreso arder en una protesta reciente. Y en Nicaragua se ha reprimido con dureza a la oposición.

Centroamérica se ha vuelto el epicentro de un fenómeno que recorre América Latina: el deterioro de democracias que parecían florecer años atrás.

El Salvador, Guatemala y Honduras fueron los tres países latinoamericanos con menor respaldo popular a la democracia en la encuesta de Latinobarómetro 2018, la última disponible.

En los últimos tiempos, esos tres países del Triángulo del Norte y Nicaragua han acumulado acusaciones de falta de equilibrio de poderes, corrupción, violaciones de derechos humanos o ataques a la libertad de expresión.

“Hay muchos signos negativos comunes en estos países”, dice Iván Velásquez, el exmagistrado colombiano que encabezó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Creada con el respaldo de las Naciones Unidas en 2007, la Cicig liderada por Velásquez ayudó a destapar decenas de casos de corrupción en Guatemala que involucraron a autoridades y llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en 2015, hasta que fue disuelta en 2019.

Durante una entrevista con BBC Mundo, Velásquez analiza el deterioro de las democracias centroamericanas y la idea del presidente de EE.UU., Joe Biden, de destinar $4,000 millones de dólares a países de la región para atacar las causas de la emigración, como la pobreza o la violencia.

“Los $4,000 millones no van a cambiar la realidad”, sostiene Velásquez. Y advierte que “no se debe conceder ayuda económica si no hay un compromiso de los países por respetar el Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia”.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico, editado por motivos de claridad:

¿Cómo ve el estado de la democracia en Centroamérica?

Me parece que está pasando por un momento bastante crítico, particularmente con los países del norte de Centroamérica: Honduras, El Salvador y Guatemala.

Las recientes elecciones en El Salvador creo que van a afectar bastante la democracia por muchas manifestaciones autoritarias del presidente Bukele, quien ahora, teniendo el poder absoluto, seguramente va a incidir en la conformación de la Corte Suprema de Justicia y, dentro de ella, la Sala de lo Constitucional.

En Honduras no sólo fue el triunfo cuestionado del presidente Juan Orlando Hernández sino lo que ahora se viene diciendo en una corte de EE.UU. sobre su directa participación en temas de narcotráfico.

Eso afecta profundamente la institucionalidad hondureña, que ya se ha visto bastante deteriorada por lo que significó la conclusión del mandato de la Maccih (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, apoyada por la Organización de Estados Americanos).

En Guatemala, lo que han denominado “el pacto de corruptos” viene apoderándose de la Corte de Constitucionalidad con las designaciones que hicieron.

Eso es realmente grave: la Corte de Constitucionalidad era el último bastión de la posibilidad de continuar con un relativo éxito en la lucha por la democracia.

El presidente Giammattei tiene su coalición en el Congreso sustentada especialmente en un partido que ha sido catalogado por la embajada de EE.UU. en el pasado como un partido del narcotráfico, la UCN.

¿Ve un patrón que se repita en general en estos países?

Hay un elemento vinculante que se ha visto con mayor fuerza por las actuaciones en El Salvador y Guatemala: el no respeto al Estado de derecho y el no sometimiento del Poder Ejecutivo a las decisiones de las autoridades de justicia constitucional.

Desconozco la situación de El Salvador, pero un elemento igualmente común en Honduras y Guatemala es la gran presencia del crimen organizado y particularmente del narcotráfico en instancias de gobierno.

Eso es muy preocupante y debería llamar fuertemente la atención de la comunidad internacional.

En un juicio que se lleva a cabo en EE.UU. a un presunto narcotraficante, la fiscalía se refirió a Honduras como un “narcoestado”. ¿Avalaría esa definición?

No sólo se refirió a “narcoestado” sino que el fiscal señaló que el presidente Juan Orlando Hernández tenía una participación activa en el narcotráfico.

Si eso es verdad y el presidente de un país tiene actividad en temas de narcotráfico, eso afecta toda la institucionalidad del país.

¿Y cómo define la situación de la democracia en Nicaragua?

Es indudable la gravísima violación de derechos humanos que el régimen de Ortega viene cometiendo en el país.

Esto podría ser un denominador común en los cuatro países mencionados: la actitud de los gobiernos frente a la libertad de prensa.

También lo que ha significado Nicaragua en el amparo de la corrupción.

A reconocidos corruptos guatemaltecos les conceden asilo en Nicaragua, como el señor Gustavo Herrera, quien huyó de Guatemala por una orden de captura que se había impartido en su contra por un cuantioso desfalco al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Hay muchos signos negativos comunes en estos países.

Usted mencionaba preocupación que existe por el creciente poder de Bukele, tras las recientes elecciones legislativas en El Salvador. Pero al mismo tiempo él podría argumentar que eso es en base al voto popular y que ha sido efectivo en bajar la violencia o controlar a las maras. ¿Qué respondería a esto?

Es verdad que ha hecho cosas importantes en El Salvador, que ha tenido una diferenciación clara en sus acciones en beneficio de sectores populares.

Pero hay una situación que no se puede desconocer: sobre la base del gran respaldo ciudadano que tiene —las encuestas muestran que es probablemente el presidente con mayor opinión favorable en América Latina—, todo esto lo que ha permitido es fortalecer su carácter autocrático.

Uno no podría respaldar un gobierno que ha hecho cosas positivas cuando ha asumido un papel antidemocrático, como el que vimos por ejemplo cuando entró con el Ejército a la Asamblea Nacional, o como se ha referido a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, inclusive tachándolos de corruptos por no acceder a sus pretensiones autoritarias.

Uno no puede desconocer que se adoptan algunas políticas favorables para el pueblo, pero que por el otro lado está en vías de dictadura.

¿Cree que va continuar esta degradación hasta que haya quiebres democráticos totales en estos países? ¿O es posible revertir la tendencia?

Probablemente uno de los elementos que ha contribuido bastante a ese deterioro es la actitud que tuvo el gobierno de Trump frente a estos países.

De un lado hay una ciudadanía interesada, pero desafortunadamente no todavía tan amplia en su participación, que puede hacer cambiar el rumbo en estos países.

No hay movimientos como los del 2015 en Guatemala o en Honduras, pero sin embargo ese germen de la protesta ciudadana continúa y ocasionalmente hay manifestaciones.

Probablemente todo ese respaldo del gobierno de Trump a los autoritarismos y a la manera como se ha venido ejerciendo el gobierno en estos países desanimó a la ciudadanía, que veía que no había ni siquiera una contribución de la comunidad internacional a esas aspiraciones de democracia.

Ahora tal vez podría verse alimentada la movilización ciudadana por acciones que puedan desarrollarse desde EE.UU. respaldando procesos democráticos. Esa es la expectativa más próxima que se tiene.

El presidente Biden en EE.UU. prevé un paquete de ayuda de $4,000 millones de dólares en cuatro años a países centroamericanos para atacar las causas de la emigración hacia el norte. ¿Es realista ese objetivo cuando hay problemas como los que usted menciona a nivel institucional o de corrupción?

Esa es una gran dificultad y es probablemente para el gobierno de EE.UU. un dilema.

Los $4,000 millones de dólares no van a cambiar la realidad de estos tres países del norte de Centroamérica.

La sola ayuda económica no es suficiente.

Más todavía, creo que no se debe conceder ayuda económica si no hay un compromiso de los países por respetar el Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia.

Particularmente hablo por la situación de Guatemala y el deterioro que se viene dando en estos últimos cinco meses. Es indispensable que esa ayuda económica tenga un condicionamiento en cuanto al proceso de construcción de democracia en estos países.

Se anuncia una comisión regional contra la corrupción que todavía no conocemos cómo puede constituirse y trabajar, medidas de cooperación dentro de las embajadas de EE.UU. fortaleciendo la presencia del Departamento del Tesoro o del Departamento de Justicia para colaborar con la fiscalía de estos países en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.

Pero eso supone también que tengan que transformarse esas propias fiscalías nacionales.

¿Qué le parece esta idea de instalar una comisión anticorrupción en Centroamérica, por lo menos para los países del Triángulo del Norte: una medida en el sentido correcto, o sería mejor volver a comisiones dentro de cada país como la CICIG que usted encabezó en Guatemala?

Me parecen más adecuadas comisiones nacionales que pudieran tener como un consejo regional para los delitos transnacionales, que se ejecutan particularmente en esos tres países.

Las experiencias de la CICIG en Guatemala o de la Maccih en Honduras fueron provechosas, adelantaron alguna tarea respecto a la lucha contra la corrupción.

Pero no puede funcionar una comisión nacional ni regional con unos ministerios públicos cooptados.

Es necesario crear por lo menos dentro de los países una unidad al estilo de la Fiscalía Especial contra la impunidad en Guatemala y fortalecerla para poder desarrollar tareas de investigación.

De lo contrario, va a ser muy difícil que la cooperación internacional pueda desarrollarse con ministerios públicos que no estén realmente comprometidos en la lucha contra la corrupción.

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