Juez del caso DACA convoca a estados que se oponen y al gobierno a una reunión
El juez Andrew Hanen llamó a las partes para una "conferencia de estado" sobre DACA, tras la aprobación en la Cámara Baja de un proyecto de ley que beneficia a los dreamers
Los Dreamers han luchado por años para permanecer en EE.UU. Crédito: Getty Images
MIAMI – Horas después de que la Cámara de Representantes aprobase una nueva versión del Dream Act, el juez que dilucidará sobre la legalidad de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) convocó este viernes una audiencia informativa sobre el caso para el 30 de marzo.
A la vista de que la Cámara Baja aprobó el jueves el proyecto de Ley de Promesa y Sueño Americano 2021 (H.R. 6), el juez del Tribunal de Distrito del Sur de Texas, Andrew Hanen, consideró “prudente” llamar a la acusación y la defensa para una “conferencia de estado” del caso, para discutir las novedades.
Aunque todavía falta por ser votada en el Senado, Hanen vio oportuno convocar a Texas y otros ocho estados, que ejercen la acusación, y al gobierno de Estados Unidos, que defiende la legalidad de DACA, programa aprobado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación a cientos de miles de migrantes que llegaron al país siendo niños.
No en vano, el proyecto de ley H.R.6 podría abrir una senda a la ciudadanía a cerca de 4,5 millones de indocumentados, según estimaciones del Migration Policy Institute (MPI).
En caso de aprobarse el H.R. 6, no solo se verían beneficiados los amparados por DACA, sino también los del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) y el llamado DED (Deffered Enforced Departure) o “Salida Obligatoria Diferida”.
A pesar de convocar a esta audiencia, Hanen indicó que eso “no retrasará ninguna acción relacionada” con este caso, que espera resolución desde hace semanas y que tiene en vilo a unos 650,000 jóvenes indocumentados actualmente amparados por DACA.
Pero el magistrado indicó quiere escuchar si la Ley de Promesa y Sueño Americano “afectará los aspectos sustantivos y procesales de este litigio”.
Texas y otros ocho estados demandantes señalan que este programa creado en 2012 es inconstitucional y que el entonces mandatario Obama excedió sus poderes ejecutivos.
En cambio, el gobierno y el Fondo México Americano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF), que representa a los inmigrantes en este caso, piden que se desestime la demanda entablada en 2018 dado que, según consideran, Obama sí tenía autoridad para establecer este beneficio migratorio.
Pero ahora todo puede cambiar si el Senado aprueba el H.R. 6, que acompaña a otro proyecto de ley, la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola (H.R. 1603), que también fue aprobado el jueves por la Cámara de Representantes y que beneficiaría a unos 1,25 millones de indocumentados que trabajan en el campo.
