Editorial: México protege su producción eléctrica

La reforma de 2012, en vez de beneficiar a la población mexiana llevó al enriquecimiento de unos pocos y a la caída progresiva del sector estatal; ahora AMLO la revierte

Editorial: México protege su producción eléctrica
Ley eléctrica propuesta por AMLO es aprobada por el Congreso mexicano.
Foto: Agencia Reforma

Uno de los planes más importantes para el desarrollo económico en la agenda del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, es llegar a la independencia energética.

Ello significa recuperar el control del sector eléctrico, algo que es estratégico para el país vecino, y ejercer un papel más importante del estado en la política energética

Ello redundará en un avance de la estabilidad económica y social, algo ausente por décadas y que es también un interés importante de Estados Unidos.

La reforma en 2013 del entonces presidente Peña Nieto hizo que compañías privadas de México,Estados Unidos, Canadá y Europa sean las mayores proveedoras de electricidad que luego venden al gobierno en subastas.

Actualmente, de los 109 participantes en la generación de electricidad en México, 102 son compañías privadas de capital nacional y extranjero. Mientras, las plantas del estado, administradas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultaron rezagadas por falta de inversión y mantenimiento.

Mediante la Ley de la Industria Eléctrica, recientemente sancionada, AMLO revierte esta situación y favorece la generación de energía a través de la CFE.

Ahora la CFE elegirá libremente a quién comprarle la energía.

Así cumple el actual presidente una meta largamente acariciada de anular los cambios de 2013, que había denunciado como reformas que privatizaban y desmantelaban al Estado.

No debería sorprender que lluevan sobre el gobierno mexicano críticas de diferentes sectores: Dentro del país, los muchos que perderán puestos de privilegio. Empresas estadounidenses o canadienses que operan en México. Cuatro de los principales partidos políticos: PAN, PRI, MC y PRD, que prometen lucha sin cuartel. La Cámara de Comercio de EE.UU.

Los oponentes lograron que un juez frene temporariamente la entrada en vigor de la ley, lo que sigue en tribunales.

Entre sus argumentos, claman que la nueva ley constituye una violación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC, USMCA en EE.UU.), supuestamente porque éste rechaza la intervención gubernamental en el mercado energético.

México niega esta interpretación afirmando que su política es legal y que ya en 2018 había llevado a que se retirara del acuerdo todo un capítulo sobre energía, lo que le permite ahora actuar.

La reforma de 2012, en vez de beneficiar a la población llevó al enriquecimiento de unos pocos y a la caída progresiva del sector estatal.

Surge como comparación un ejemplo, en nuestro suelo, del fracaso de la privatización de la energía.

En California, en 2000 y 2001, los ejecutivos de ENRON tomaron decisiones sin escrúpulos que los beneficiaban personalmente. En el entorno no regulado creaban interrupciones en el suministro eléctrico, perjudicando a millones de californianos y elevando artificialmente los costos de la energía.

Esto resultó en la pérdida para California de $70,000 millones, estremeció a los mercados de todo el mundo y llevó a la destitución del entonces gobernador Gray Davis.

Otro fue el desastre energético en Texas durante las heladas de febrero, que dejaron al descubierto el poco control del estado. Aquí, 4.5 millones de texanos quedaron sin electricidad.

Texas había aislado su red eléctrica de las nacionales, para impedir la supervisión federal y efectivamente desregular el sector en nombre de empresas privadas

También repercutió en apagones en todo México, cuya red eléctrica, sufrió un “déficit de generación” de energía que afectó a millones de personas.

Las lecciones fueron que cuando las industrias energéticas están dirigidas sólo por entidades con fines de lucro, aumenta la amenaza de inestabilidad nacional.

Todo lo cual lleva a justificar los esfuerzos del presidente López Obrador.

Es simple: un gobierno tiene el derecho a priorizar los intereses de su población a los intereses lucrativos y de corto plazo de las empresas.

A largo plazo, López Obrador se juega además por una visión de desarrollar principalmente la energía hidroeléctrica junto con las otras energías limpias, un paso importante en la modernización de la producción de energía en México.