Quieren limpiar las calles y dar viviendas para los desamparados

El condado de Los Ángeles intentó destituir una demanda presentada por una coalición de empresas y residentes del centro de la ciudad que quieren obligar al concilio y el condado, a intensificar su respuesta ante el creciente número de campamentos de desamparados en las calles y cerca de las autopistas.

El condado sostiene en su moción, presentada en la corte federal de Los Ángeles el lunes, que ya gasta cientos de millones de dólares cada año en la crisis de las personas sin hogar y ha acelerado su ritmo en los últimos años.

Si bien afirma que comparte los objetivos de la denuncia presentada el año pasado por L.A. Alliance for Human Rights, el condado argumenta que la demanda no es un foro adecuado para lograr una solución al problema.

L.A. Alliance alega 14 causas de acción, nueve contra el condado, para apoyar lo que los abogados del condado describen como un mandato judicial federal “amplio e inmanejable”.

El juez federal de distrito David O. Carter, quien supervisa el caso, fijó una audiencia para el 10 de mayo para revisar la moción.

“Simplemente, no existe ningún precedente bajo la ley federal o estatal que respalde tal remedio”, escribieron los abogados del condado.

“Las preguntas complejas de política sobre cómo abordar la falta de vivienda deben ser resueltas por el órgano de gobierno electo del condado, la Junta de Supervisores. Esta demanda busca entrometerse en el proceso legislativo del condado basado en teorías legales insostenibles”, agregaron.

Daniel Conway, portavoz de L.A. Alliance, dijo que la acción del condado era previsible y predijo que la moción no convencería al juez de que declarara en huelga al condado y dejara a la ciudad de Los Ángeles como el único demandante.

“No nos sorprendió”, dijo Conway. “Durante un año, sus abogados han buscado todas las oportunidades para convencernos de que (el problema de las personas sin hogar) es culpa de la ciudad. Es un movimiento táctico, están tratando de echar tierra en los engranajes”.

El condado declaró que tiene 11 departamentos diferentes—Servicios para la familia y niños, Servicios de salud, Salud mental, Salud pública, Servicios públicos, Servicios sociales, Autoridad de Servicios para Desamparados de Los Ángeles, Autoridad de Desarrollo, Departamento del Sheriff, Libertad Condicional, Defensoría Pública y Desarrollo de la Fuerza Laboral y Servicios Comunitarios y para Personas Mayores—trabajando para ayudar a las personas sin hogar.

En su argumento para la desestimación de la demanda, el condado sostiene que la ciudad no tiene poder para detener la propagación de campamentos de personas sin hogar en sus calles porque Los Ángeles no ha sido “capaz de hacer cumplir plenamente sus leyes contra la vagancia”.

Anteriormente, L.A. Alliance presentó un aviso de intención ante el tribunal para una orden judicial preliminar, un primer paso hacia la colocación de la ciudad y el condado en una administración judicial supervisada por la corte.

Los demandantes sostienen que “en ausencia de un acuerdo consensuado entre las partes, la intervención judicial se hace necesaria. Una vez que quede claro que los gobiernos locales no pueden o no quieren abordar el problema de manera adecuada, los tribunales deben asumir un papel más activo”.

En su aviso, la coalición escribió que, a pesar de las conferencias de conciliación y discusiones, no se ha llegado a un acuerdo en la demanda de un año, y el condado “parece decidido a negar su papel en la causa de esta crisis en primer lugar”.

“La tasa de mortalidad de las personas sin hogar es ahora de hasta cinco por día y la crisis en las calles es más desesperada que nunca”, dijo.

Según L.A. Alliance “se necesita una acción inmediata y radical, pero los acusados ​​se ahogan en la politiquería y la burocracia”.

Nueve días después de la presentación de la demanda en marzo de 2020, las partes suspendieron el litigio con la intención de explorar un acuerdo.

Cualquier solución propuesta ahora parece estar en enredos burocráticos entre la ciudad y el condado, lo que llevó a Carter a considerar cómo se podría usar el poder de la corte para acelerar los esfuerzos: primero, para limpiar las aceras de la ciudad y segundo, para colocar a las personas sin hogar en viviendas.

Si bien, según los informes, ya se han instalado unas 8,000 camas para los necesitados, los enredos burocráticos y la resistencia de los vecinos a las viviendas provisionales o de apoyo han bloqueado continuamente el avance, según la coalición.

El concejal de la ciudad de Los Ángeles, Mike Bonin, sugirió que los funcionarios de la ciudad no son “lo suficientemente ágiles o enérgicos” para responder adecuadamente a la crisis de las personas sin hogar, y pidieron un decreto de consentimiento judicial bajo la supervisión de Carter para obligar a tomar medidas inmediatas.

Si las partes están de acuerdo, tal decreto pondría fin a la demanda con un acuerdo que le da a Carter el poder de ordenar a la ciudad y al condado que construyan refugios y brinden servicios.