Familiares de personas que perdieron la vida a manos de la policía piden justicia y protección

Integrantes de cuatro familias latinas y afroamericanas volvieron a denunciar públicamente que agentes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD), no solo le quitaron la vida a sus hijos y les provocaron daño malicioso e injustificado de su reputación, pero han continuado acosándolas e intimidándolas.

Durante una manifestación de activistas, abogados y familiares de las víctimas, frente al Palacio de Justicia, dieron a conocer que sus aliadas en la Junta de Supervisores del condado, Hilda Solís y Holly Mitchell ordenaron una investigación exhaustiva del presunto acoso.

“No seremos silenciados”, dijo Stephanie Luna, tía de Anthony Vargas, quien perdió la vida a tiros el 12 de agosto de 2018. “Un agente de la pandilla Banditos que se llama Jonathan Rojas fue quien lo mató”.

Anthony recibió 13 disparos,  incluyendo dos tiros en la parte posterior de la cabeza, nueve tiros en la espalda y un tiro por detrás en el antebrazo. Dijo que el otro agente involucrado en el tiroteo fue Nikolis Pérez.

Luna detalló que “a diario” los agentes del alguacil los siguen en patrullas hasta sus hogares; nadie puede imaginarse el trauma de toda la familia que ha sido acosada por los alguaciles”.

Agregó que la manifestación no era un intento por desacreditar al Departamento del Sheriff, sino “un intento directo de hacer saber a la comunidad el peligro que representan los alguaciles”.

Afirmó  que su familia ha documentado los incidentes de acoso en fotos y videos.

Tiroteos

En el acto, Rebecca Braun,  miembro de la Guía Nacional de Abogados de Los Ángeles (NGL-LA), dio a conocer el reporte titulado “Sin justicia no hay paz: El Departamento del Sheriff de Los Ángeles y el hostigamiento dirigido a familias en duelo”, donde se pide la creación de una oficina independiente de normas para la aplicación de la ley, a fin de investigar denuncias de mala conducta y la creación de un mecanismo fuera del LASD para presentar denuncias sobre el acoso a las familias.

Afirmó que el informe documenta “graves abusos de poder” por parte del Sheriff en forma de acoso a las familias de las personas que los agentes les han quitado la vida.

“Desde noviembre de 2015 hasta noviembre de 2020, hubo 138 tiroteos de agentes de LASD, 20 de ellos de agentes de la pandilla Banditos en la estación del este de Los Ángeles”, indicó Braun.

Para dar a conocer una idea de la gravedad del acoso a las familias que han hablado después de perder a sus hijos, el informe narra también el hostigamiento a la familia de Paúl Rea, quien falleció a los 18, después de haber sido baleado por el agente Héctor Saavedra, en el Este de Los Ángeles, el 27 de junio de 2019.  Saavedra ha sido identificado como un posible miembro dela pandilla Banditos.

Acosados 

El abogado Andrew Kwon, dijo el mismo día en que Jaylene Rea pidió que se divulgara la documentación sobre la muerte de su hermano durante una parada de tránsito en 2019, “unos 20 agentes se reunieron en donde se erigió un memorial a Paúl, la maltrataron y la arrestaron”.

Similar experiencia vivió Chiquita Twyman, hermana mayor de Ryan Twyman, quien dijo perdió la vida a manos de los agentes del alguacil, el 6 de junio de 2019.

Ryan estaba desarmado y estaba sentado dentro de un automóvil estacionado  cuando llegaron dos alguaciles. En 50 segundos del incidente, el joven afroamericano recibió 34 disparos. Un video completo fue publicado por Los Angeles Times.

“No sabemos quién será la próxima persona [muerta] en la próxima familia, así que tenemos que seguir defendiéndonos” Chiquita Twyman. Mi madre visita todos los jueves la tumba de mi hermano y hemos sido acosados ​​en la tumba; tengo fotos, tengo videos del sheriff en el cementerio de Rose Hills”.

Las familias de Anthony Vargas, Paúl Rea y Ryan Twyman, así como la familia de Daniel Hernández no solamente piden justicia sino protección ante el presunto acoso.

Daniel Hernández, de 37 años de edad, fue abatido de seis disparos por el agente Toni McBride, del LAPD, el 22 de abril de 2020. Se había involucrado en una colisión de vehículos entre la calle San Pedro y la 32nd Street.

“Justicia para mi será cuando ese policía vaya a la cárcel”, dijo María Hernández a La Opinión. ¿Por qué cometen tantos atropellos?

En este caso, la Comisión de Policía de Los Ángeles dictaminó que la oficial de LAPD Toni McBride violó la política del departamento cuando continuó disparando a Daniel Hernández durante un encuentro fatal en abril. La Comisión decidió que los primeros cuatro disparos de McBride estaban justificados, pero su quinto y sexto disparos no.

Hernández había estado involucrado en una colisión vehicular en San Pedro Street cerca de East 32nd Street el 22 de abril, cuando McBride y su pareja llegaron al lugar. El video mostró que McBride le aconsejó repetidamente a Hernández que dejara caer un cúter que sostenía mientras se acercaba a él, y luego le disparó seis veces en cuestión de segundos.

Trina Schrader, del Sheriff de LA, respondió que no estaban familiarizados con el informe al que se hace referencia, pero una vez que lo hayan visto responderán con más precisión.

Respecto a si eran ciertos o no los testimonios de las familias y por qué sucedían los presuntos casos de acoso, el capitán John Satterfield, de la Oficina de Información del Alguacil dijo:  “Respetamos el derecho de todos a demostrar y ejercer pacíficamente sus derechos de la Primera Enmienda. No toleramos el acoso de ningún tipo y cada día nuestro personal trabaja duro para garantizar la seguridad pública de 10 millones de residentes del condado de Los Ángeles”.

La necesidad de actuar

De manera paralela a la manifestación, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una moción escrita por las supervisoras Hilda Solís y Holly Mitchell que ayudará a proteger a las familias sobrevivientes del acoso y represalias de los agentes del Sheriff  de LA.

“Las familias que experimentan pérdidas a manos del LASD merecen el espacio para lamentar la pérdida de sus seres queridos de manera pacífica sin tener que lidiar con acciones de represalia”, compartió Solís.

“Con esta moción, el condado de Los Ángeles se compromete a responsabilizar a los agentes por sus acciones y alentar a las familias a presentarse y denunciar cualquier mala conducta sin temor a represalias”.

En 2019, en respuesta a las numerosas quejas presentadas por familias afectadas por la violencia policial, el Sheriff Civilian Oversight (COC/ Supervisión Civil del Alguacil) solicitó a la Oficina del Inspector General (OIG) que realizara una investigación formal y una evaluación de las preocupaciones compartidas por las familias. En 2020, la OIG emitió un informe que proporcionó ejemplos de familias que continúan sufriendo acoso por parte de los agentes de LASD.

La aprobación de esta moción instruye a la OIG a trabajar en conjunto con las familias afectadas para actualizar su informe de 2020 al COC con respecto a los incidentes de acoso e intimidación experimentados por las familias sobrevivientes cuando se usó la fuerza brutal o letal por parte del alguacil, en tiroteos, asesinatos y acciones de mala conducta.

El objetivo es llevar a cabo una investigación profunda que no se limite a las quejas presentadas ante el LASD e informar a la Junta de Supervisores dentro de los 60 días con recomendaciones sólidas para apoyar a las familias y prohibir cualquier acoso.

La moción ordena además al abogado del condado, -en colaboración con la OIG- buscar opciones legales en caso de que haya barreras a la cooperación, la colaboración o el cumplimiento que impidan la capacidad de la OIG para cumplir con su misión de informar.

Demanda de responsabilidad

Los testimonios de las familias coincidieron también con el lanzamiento de la petición de la llamada “Promesa para Controlar al Alguacil” por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California.

‘Demandamos responsabilidad”, dijo la abogada Rebecca Braun, miembro del Gremio Nacional de Abogados de Los Ángeles (MGL-LA) que trabaja en coordinación con la ACLU. “Nos merecemos un Sheriff en quien podamos confiar”.

El documento señala que, desde su elección en 2018, el Alguacil de Los Angeles, Alex Villanueva, “ha dado la espalda a sus promesas de campaña, y ha trabajado activamente para deshacerse del progreso por el cual los angelinos han luchado por tanto tiempo”.

Los puntos centrales de la petición son:

• “[Villanueva] Ha tratado de recontratar a cientos de alguaciles no aptos para servir y fueron despedidos por causa. Por ejemplo, recontrató a Carl Mandoyan, un alguacil que había sido despedido por violencia doméstica y acechó a su compañera de trabajo, y por mentir al respecto.
• Violando las pólizas departamentales, “[el Sheriff] ha parado investigaciones activas de mala conducta, incluyendo acusaciones criminales por abuso infantil, violencia doméstica y acoso sexual”.
• “Ha continuado la práctica destructiva de enviar a miembros de la comunidad a prisiones de inmigración aisladas, por medio contratistas de ICE, que tienen acceso libre a las cárceles y a las cortes.
• Ha tolerado una “sociedad secreta” de pandillas de alguaciles “que perpetran la violencia contra otros alguaciles y contra la comunidad”.