Fiscal general suspende ejecuciones de pena de muerte hasta que se revisen reglas de la era de Trump
Trece personas en el corredor de la muerte federal fueron ejecutadas entre julio de 2020 y enero de 2021 después de que el entonces fiscal general William Barr autorizara las ejecuciones
Merrick Garland testificó en el Senado. Crédito: Al Drago | Getty Images
El fiscal general Merrick Garland ordenó el jueves una suspensión temporal de la programación de más ejecuciones federales de la pena de muerte.
En un comunicado publicado por el Departamento de Justicia, Garland dijo que han surgido serias preocupaciones sobre la arbitrariedad de la pena capital, su impacto dispar en las personas de minorías y “el preocupante número de exoneraciones” en los casos de pena de muerte.
“El Departamento de Justicia debe garantizar que todos en el sistema de justicia penal federal no solo gocen de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, sino que también sean tratados de manera justa y humana”, dijo Garland.
Las disputas judiciales por el tradicional memorando de tres drogas para la aplicación de inyecciones letales, y la escasez de una de esas drogas, detuvieron las ejecuciones federales durante casi dos décadas.
Pero en 2019, el entonces fiscal general William Barr ordenó a los funcionarios de prisiones federales que comenzaran a ejecutar las penas de muerte federales con inyecciones letales usando una sola droga: un poderoso sedante.
Con ese método, 13 personas en el corredor de la muerte federal fueron ejecutadas entre julio de 2020 y enero de 2021.
Eso incluyó una cantidad sin precedentes de ejecuciones federales de la pena de muertes llevadas a cabo en los últimos días de la presidencia de Donald Trump, desafiando una práctica de casi siglo y medio de detener las penas capitales durante el intercambio de poder presidencial.
Garland ordenó una revisión del protocolo de inyección letal revisado y ordenó a la Oficina de Prisiones que dejara de usar ese método mientras está en marcha la revisión, reportó NBC News.
También dijo que el departamento estudiaría un reglamento de la administración Trump que permitía a las cárceles federales llevar a cabo ejecuciones de cualquier manera autorizada por el estado donde se impuso la pena de muerte.
El memorando de Garland no abordó si el gobierno federal continuaría buscando la pena de muerte en casos penales. Por lo tanto, no cambia la posición del Departamento de Justicia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde el gobierno defiende la sentencia de muerte para Dzhokhar Tsarnaev, el terrorista convicto del maratón de Boston.
El presidente Biden, quien nominó a Garland para el puesto más alto de aplicación de la ley, se opone a la pena capital. Durante su campaña, Biden se comprometió a aprobar una legislación para poner fin a la pena de muerte federal, señaló NPR.
