Un inmigrante que ICE retuvo en solitario por un año alista una demanda bajo una nueva ley de California

Carlos Murillo Vega pasaba sus días paseando por una celda con las paredes tan cerca que casi podía tocarlas a ambos con los brazos extendidos, durante el año que estuvo detenido por ICE en aislamiento, reveló Los Angeles Times en el recuento de lo sucedido a un inmigrante que ahora, por primera vez, puede demandar justicia en el estado de California, porque una nueva ley se lo permitirá.

Murillo nació en México y se crió en Holtville, un pueblo de California cerca de la frontera con México.

Él le dijo a Los Angeles Times que es ciudadano estadounidense pero que carece de la documentación necesaria para demostrarlo. Después de ser detenido por las autoridades de inmigración en diciembre de 2019, pensó que la situación se resolvería en unas semanas. Ahora Murillo, de 40 años, está demandando a la empresa privada de detención que lo mantuvo detenido en una celda en aislamiento obligatorio durante más de un año.

La demanda fue presentada el jueves por California Collaborative for Immigrant Justice y otros grupos en el Tribunal de Distrito Sur de California contra Management and Training Corp. (MTC), una empresa de prisiones privadas con sede en Utah.

Este la primera demanda de este tipo bajo una nueva ley de California, la AB 3228, que permite a las personas demandar a los operadores de centros de detención privados, por no cumplir con los estándares de atención descritos en el contrato de la instalación.

Cuando llegó al Centro de Detención Regional Imperial en Calexico, Murillo alega en su demanda que un empleado le había ofrecido elegir dónde alojarse: población general o custodia protectora. El empleado advirtió que la población en general era más peligrosa. Murillo, agradecido por el consejo, aceptó el ofrecimiento de protección.

“Lo que siguió fue una pesadilla kafkiana de aislamiento, abuso e indiferencia cruel por la salud física y mental del Sr. Murillo”, afirma la demanda.

Cuando el Proyecto de Ley de la Asamblea 3228 se aprobó en 2020, los partidarios lo aclamaron como el primero de su tipo.

Los detenidos podían demandar previamente al gobierno federal por daños y perjuicios por abusos de los derechos civiles, pero la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios no se aplica a las empresas privadas. La nueva legislación consolidó un camino claro para presentar reclamos similares contra esas empresas privadas bajo la ley estatal de responsabilidad civil, y aclaró el estándar de atención que se debe brindar.

Los representantes de Management and Training Corp. no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Los Angeles Times.

El año pasado, después de que se promulgara la ley AB 3228, el portavoz de Management and Training Corp. Issa Arnita dijo que la compañía estaba comprometida con el más alto nivel de atención, como se detalla en los estándares de desempeño del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Arnita dijo el jueves que no podía comentar sobre el litigio.

“Este fue el caso antes de que se firmara AB 3228, y continúa a partir de entonces”, dijo Arnita. “No hay nada más importante para MTC que tratar a los hombres y mujeres bajo nuestro cuidado con dignidad y respeto”.

Murillo busca que se le compense daños y perjuicios “en exceso de $75,000” dólares por sus lesiones, que, según él, incluyen dolor físico, angustia emocional, trauma psicológico y deterioro mental.

Lisa Knox, directora legal de California Collaborative for Immigrant Justice, dijo que la ley ofrece a los defensores una herramienta para construir un registro de abusos que tienen lugar en los centros de detención de California.

“Cuanto más dinero tengan que gastar las empresas en la lucha contra estas demandas, más se verá afectado su resultado final”, dijo. “Realmente vemos este como el primer caso de muchos, con suerte”.

Knox se negó a decir cómo o por qué Murillo fue arrestado por ICE, o cómo fue liberado de la custodia. ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Murillo dice que tiene derecho a la ciudadanía estadounidense a través de su difunto padre, un veterano militar nacido en Estados Unidos. Los abogados de inmigración están luchando por separado contra su caso de deportación.

Además de las instalaciones de Imperial, Management and Training Corp. tiene contratos con ICE para operar otros cuatro centros de detención. Es la tercera empresa penitenciaria con fines de lucro más grande del país.

ICE requiere que los contratistas sigan sus propios requisitos mínimos para el tratamiento de las personas bajo custodia. Esas normas permiten el confinamiento solitario por razones disciplinarias y administrativas, como cuando una persona presenta una amenaza significativa para la seguridad o la protección.

Bajo esas reglas, los detenidos de la población general viven en un dormitorio con acceso a un patio de recreo, programación religiosa, una biblioteca y otros servicios. Los que están en segregación pasan 23 horas al día solos en una celda. Las personas detenidas que son inmigrantes no están siendo acusadas de ningún delito, sino que esperan saber si se les permitirá permanecer en el país o ser deportadas.

Murillo pidió repetidamente que lo trasladaran a un dormitorio de población general. Pero, según la demanda, el personal de la instalación negó las solicitudes, citando su elección original de ser puesto bajo custodia protectora.

Los defensores de los inmigrantes se han quejado durante mucho tiempo de que los contratistas privados violan libremente los estándares mínimos de atención del gobierno federal.