California avala ley que permite demandar a cárceles privadas para migrantes

El gobernador Gavin Newsom firmó el pasado domingo una ley que permite tomar acciones legales en contra de estos centros si no cumplen con requisitos básicos

El centro de Adelanto es operado por el Grupo GEO.

El centro de Adelanto es operado por el Grupo GEO.  Crédito: Archivo/La Opinión

Defensores de los inmigrantes aplaudieron este lunes la aprobación en California de un proyecto de ley que permitirá a los inmigrantes detenidos en cárceles operadas por compañías privadas demandar a esas entidades por no cumplir los estándares de servicio, y que muchas veces incurren en abusos.

El gobernador Gavin Newsom firmó el pasado domingo el proyecto de Ley AB 3228 como parte de su política de defensa de los inmigrantes.

California es un lugar más grande y vibrante debido a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, dijo el demócrata en un comunicado al momento de la firma.

En ese sentido, el asambleísta Rob Bonta, autor de la medida, calificó hoy la aprobación de una victoria para los derechos humanos.

Es una victoria para la salud, la seguridad y el bienestar de los californianos, y es otra pérdida para una industria moribunda que se beneficia del sufrimiento humano y trata a las personas como productos básicos”, agregó.

La norma permite a las personas demandar a los operadores de centros de detención privados por no cumplir con los estándares de atención descritos en su contrato y cobrar costos y honorarios de abogados “razonables”.

La legislación, primera en su tipo en la nación, entre en vigor en medio de crecientes informes de negligencia médica y abuso en los centros de detención privados con fines de lucro durante la pandemia de COVID-19.

No obstante, el Grupo GEO, que opera algunos de los centros de detención de inmigrantes en California, demandó a Newsom alegando que la AB 32 es un “intento transparente del estado de detener los esfuerzos de detención (de indocumentados) del Gobierno federal dentro de las fronteras de California”, y pidió la derogación de la ley.

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