Las universidades mexicanas siguen esquemas de corrupción

MEXICO.- Los rectores y círculos de poder de algunas universidades en este país encontraron la fórmula de desviar dinero de la educación pública a bolsillos particulares. En lugar de utilizar su inteligencia administrativa y académica principalmente en la educación de las siguientes generaciones la habrían usado para robar, defraudar y asociarse para la delincuencia.

Hasta el momento suman 19 universidades cuyos directivos están acusados judicial y públicamente de estos crímenes mientras dirigían el futuro de la física y la cuántica, la ciencia política, la ingeniería, la medicina, la investigación científica o la economía, por mencionar algunas áreas.

En los casos más recientes se encuentran en investigación la Universidad de las Américas Puebla; la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

“Se creó un modus operandi”, advierten diversas voces que piden poner fin al sistema.

“Se aprovecha de un resquicio en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, explicó Daniel Moreno, director del portal de investigaciones periodísticas Animal Político.

Animal político que junto con la organización civil Mexicanos contra la Corrupción destaparon en 2017 el caso de 14 universidades que asignaron contratos por alrededor de 170 millones de dólares de manera directa.

Sin licitación o concurso beneficiaron a 128 compañías inexistentes o si infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas.

Los directivos se aliaron con diversas secretarías federales para adjudicarse falsos contratos. Crearon empresas fantasmas y ahí depositaron el dinero para desviarlo. A ese caso se le conoció como La Estafa Maestra y ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

En la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, bloqueó las cuentas de una universidad que recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, entre otras operaciones.

Entre las universidades que más acumulan irregularidades está la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con nueve denuncias penales. Le siguen la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR) con siete denuncias penales; la Politécnica de Chiapas, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” con 2 denuncias, respectivamente.

Las restantes tienen una denuncia penal: la Universidad Veracruzana, la Autónoma de Guerrero, Juárez del Estado de Durango, la Intercultural del Estado de México, la Tecnológica del Sur del Estado de México y las Politécnicas del Sur de Zacatecas, de Texcoco, de Quintana Roo, la Francisco I. Madero de Hidalgo.

Impunidad 

El escándalo alcanzó a uno de los personajes más altos de la administración de Peña Nieto: Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) a quien se le acusa de permitir que ocurriera la desviación de recursos y se encuentra en prisión sin sentencia desde hace dos años. 

Además, cuatro personas han sido detenidas como parte de este proceso. Los ex funcionarios de la Sedesol José Antolino Orozco y  María de la Luz Vargas así como Luis Antonio Valenciano, representante legal de una empresa fantasma y Esteban Cervantes, accionista de otra compañía fachada implicada en la trama delictiva. Nadie más.  

Algunos de los rectores de las universidades incluso han saltado de un cargo público a otro.

Alejandro Vera, ex rector en Morelos, es ahora director general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del mismo estado, aunque firmó cuatro convenios por 30 millones de dólares aproximadamente con la Sedesol en 2013 para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre que no se cumplieron.

Jorge Olvera, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México se convirtió en presidente de la Comisión de Derechos del Estado de México y sigue en el cargo a pesar de las acusaciones de desvío de dinero y contratos sin realizar por alrededor de 20 millones de dólares. 

En el estado de Guerrero, la auditoría determinó que hubo un probable daño a la Hacienda Pública por unos 35 millones de dólares porque la universidad no pudo comprobar que se hayan hecho supuestas “asesorías” para la realización de diversos proyectos o que se pagara el mantenimiento de diferentes unidades académicas o que realmente se instalara un software.

El mismo camino

En tiempos más recientes, sorprendieron tres nuevos casos. En Puebla, Rodrigo Gurza, abogado del nuevo patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), informó que fueron presentadas tres denuncias en contra del ex rector Luis Ernesto Derbez  por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude y robo.

El esquema fue el mismo: creación de empresas fantasmas para adjudicarles contratos. 

Gurza vinculó además en las denuncias a los vicerrectores de la UDLAP, Mónica Ruiz Herrera y Mario Vallejo Pérez; a los abogados de la Fundación Jenkins, Virgilio Salas Rincón y Alejandro González Muñoz, además de la familia Jenkins y al patronato de la universidad.

Derbez renunció y se creó un nuevo patronato que nombró rector a un personaje cercano a Andrés Manuel López Obrador: el ex legislador guerrerense Armando Ríos Peter, a quien una fracción de la UDLAP se niega a reconocer. 

En el corazón del país, la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Tania Rodríguez informó recientemente que la institución arrastra un daño patrimonial por aproximadamente 20 millones de dólares en su equivalente en pesos. 

Una cantidad similar se calcula que fue desviada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) hacia una red de empresas fantasmas a través de un mecanismo fraudulento similar al utilizado en el La Estafa Maestra.

Los desvíos habrían sido presuntamente autorizados por el secretario de Administración de la institución, Víctor Hugo Guerra, primo del actual gobernador de la entidad, Francisco Cabeza de Vaca según una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Un delito que no se castiga está condenado a repetirse”, advierte Julián Venegas, analista de temas de seguridad de la Universidad Autónoma Metropolitana. “Recientemente se abrieron carpetas de investigación por la Estafa Maestra pero es hasta ahora, ¡tres años después!. Esperemos que concluya con la restitución del dinero y el castigo a los funcionarios involucrados”.

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