Entre engaños y promesas incumplidas a un año de la llegada de Joe Biden

Los inmigrantes y refugiados pensaron que con la partida de Trump las cosas mejorarían, pero subrayan que en la frontera las cosas no son muy diferentes

Refugiados en la frontera Tijuana-San Diego.

Refugiados en la frontera Tijuana-San Diego. Crédito: Manuel Ocaño | Impremedia

Miles de migrantes en Tijuana aguardaban esperanzados hoy hace un año a las 9 de la mañana, la hora en que Joe Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos porque era el fin de Donald Trump y las peores medidas antiinmigrantes en la historia reciente estadounidense.

Recién asumido como presidente, Biden efectivamente ese día suspendió el programa Quédate en México, que obligó a unos 70,000 migrantes a esperar en la frontera mexicana aletargados procesos de asilo que a muchos migrantes parecieron interminables.

Pero el presidente dijo que solo aceptaría de la frontera unos 25,000 casos que continuaban pendientes en el programa Quédate en México. Con esa noticia, el resto de la comunidad continuaría en la incertidumbre.

Menos de dos semanas después, el 5 de febrero, algunas familias migrantes se instalaron en un pequeño campamento improvisado de tiendas de campaña y algunas incluso a la intemperie, con bebés sobre cobijas que extendieron en la acera.

Habían acampado en el mismo lugar donde a lo largo de la era Trump se presentaban como inscritos en Quédate en México para cruzar la frontera por turnos, en las inmediaciones de la garita peatonal de El Chaparral, o Paso Peatonal Oeste en San Ysidro, California.

Ninguna de esas familias se había inscrito en Quédate en México durante el gobierno de Trump y por lo tanto no tenían oportunidad de cruzar a solicitar asilo, pero insistían en que el presidente Biden había dicho que los iban a “anotar para pasar” a California.

Un reconocido político que acababa de asumir el cargo de encargado de comunidades migrantes en el gobierno de Tijuana explicó entonces a La Opinión que Biden había dicho que ampliaría el número de refugiados en el año fiscal.

En efecto, el presidente había firmado el 4 de febrero una orden para mantener en 15,000 el número de refugiados que admitiría en el año fiscal, hasta septiembre del 2021, y aumentarlo a 125,000 a partir de octubre.

“Ellos (los migrantes) se enteraron de esa noticia y quisieron venir a acampar para ser los primeros que les toque cuando el gobierno de Estados Unidos comience a recibir a esos 15,000”, dijo a La Opinión el pastor Albert Rivera, director del albergue Ágape, quien ya comenzaba a llevar a migrantes de su refugio que querían acampar en El Chaparral.

Pronto la noticia corrió y comenzaron a llegar más familias. Trataban de mantener despejado el paso a la garita peatonal para evitar incidentes con las autoridades. Pero entonces llegó la pandemia a la región.

El gobierno de Trump cerró la garita peatonal Oeste como parte de las restricciones a los cruces fronterizos no esenciales, con lo que las familias migrantes se extendieron hasta llenar a fines de marzo con unas 3,500 personas completamente la explanada del paso peatonal.

Junto con las restricciones, Trump impuso la medida Título 42, que prohibía a los agentes fronterizos recibir peticiones de asilo y los autoriza a expulsar de inmediato a los migrantes, muchas veces por el mismo punto fronterizo por el que acaban de entrar al país, con el argumento de prevenir contagios de covid.

Luego de recibir solo los casos pendientes de Quédate en México, la administración Biden también se escudó en Título 42 para impedir que los migrantes buscaran asilo, congeló el proceso.

Sin embargo, en abril del 2021, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ganó una demanda contra la administración Biden, que aceptó recibir una cuota diaria de 25 de los casos más vulnerables de migrantes en la frontera.

Comenzaron a cruzar personas que requerían ayuda urgente por enfermedades como el cáncer, partos de alto riesgo, señoras embarazadas que estaban por dar a luz, perseguidos que habían huido de sus lugares de origen para llegar a la frontera hasta donde los buscaban, entre otro tipo de casos.

Pero la administración Biden suspendió nuevamente en junio el proceso de asilo, una vez más con la justificación de la pandemia.

Luego de 20 meses de restricciones a los cruces fronterizos no esenciales, la administración Biden finalmente decidió terminar esa prohibición antes de que iniciara la temporada de ventas entre el Viernes Negro y el Día de los Reyes Magos.

La alcaldesa entrante de Tijuana, Montserrat Caballero, ordenó en previsión cercar con valla de alambrado el campamento, obligó a todos los migrantes a entregar su identidad para recibir una credencial con fotografía.

El gobierno de Tijuana también comenzó a hacer revisiones sorpresivas conjuntas, y si alguien dejaba su tienda para salir a trabajar de noche, las autoridades destruían sus pertenencias y le prohibían regresar al campamento. Desde entonces ya no permiten que lleguen más migrantes.

Desde los primeros días de noviembre, la alcaldía también ordenó cortar el suministro de electricidad al campamento; informó que a su parecer al dejar sin luz a unas 700 personas prevenía un potencial accidente que nunca sucedió en los anteriores nueve meses.

Los intentos por evacuar a los migrantes sin usar directamente la fuerza –hay observadores de derechos humanos—desde entonces no han cesado.

El martes se reunieron funcionarios de Baja California, de la ciudad de Tijuana, un pastor director de albergue y representantes de comunidades en el campamento, querían convencer a los migrantes de salir del lugar a cambio de ofrecerles un sitio con alimentos, visitas médicas y presunta asesoría legal.

“Nosotros no vamos a aceptar, no confiamos en este gobierno”, dijo a La Opinión el representante de los migrantes hondureños en el campamento.

La desconfianza se basa en que el gobierno de Tijuana abrió un albergue nuevo, muy arreglado e invitó a familias del campamento a mudarse a ese lugar donde tendrían camas limpias, duchas calientes, alimentos, seguridad.

Pero nunca les dijeron que los albergarían solo entre tres días y como máximo una semana, y después les pedirían desalojar, aunque tuvieran que quedar en la calle, pues al tratar de regresar al campamento ya no eran readmitidos.

“Nosotros ya sabemos que eso es lo que el gobierno llama ayuda, engañarte para dividirnos”, dijo el representante. Explicó que seguirán en el lugar cuanto sea posible.

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