Logran acuerdo millonario para ampliar servicios legales de defensa de inmigrantes en Los Ángeles
El acuerdo cierra una demanda presentada en 2012 por ACLU para ampliar la representación legal de inmigrantes detenidos por el Sheriff de L.A. que fueron entregados a ICE
Inmigrantes en el Centro de Detención de Adelanto, California. Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) anunció este viernes que logró un acuerdo legal para crear un fondo millonario que ampliará los servicios legales de defensa del condado de Los Ángeles para sus residentes que enfrentan deportaciones.
El acuerdo se logró tras una demanda contra el Departamento del Sheriff de Los Ángeles por detener ilegalmente a decenas de miles de inmigrantes y entregarlos al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La demanda, presentada en 2012, logró que se destine dinero a las oficinas del Defensor Público y el Defensor Público Alterno del condado de Los Ángeles para la contratación de abogados de inmigración, asistentes legales y otros especialistas para llevar a cabo la representación legal de inmigrantes que enfrentan deportación.
“La mejor manera posible de proteger a los residentes del condado de deportaciones injustas y mantener unidas a las familias es garantizar que todos tengan un abogado que los defienda”, dijo en un comunicado Jennie Pasquarella, directora de derechos de los inmigrantes de la Fundación ACLU del Sur de California.
La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON); el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y el bufete de abogados de derechos civiles McLane, Bednarski & Litt, junto a ACLU del Sur de California, representaron a los inmigrantes durante esta década.
El acuerdo original de la demanda destinó $14 millones de dólares en pagos que van desde $250 hasta $25,000 dólares por persona, en compensación a los miembros de la demanda colectiva que fueron detenidos y entregados a ICE desde octubre de 2010 hasta junio de 2014.
Después de que se completen esos pagos, los fondos restantes, un estimado de $5.3 millones, se destinarán a la representación legal de los inmigrantes que enfrentan deportaciones.
El abogado Barry Litt dijo que “este último acuerdo no solo compensa a aquellos cuyos derechos fueron violados, sino que brinda apoyo legal fundamental a los futuros inmigrantes atrapados en la red legal entre el ICE y la cárcel del condado de Los Ángeles”.
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