Autodefensas en México, más presentes que nunca

MEXICO.-  Los grupos delincuenciales quieren todo. Quieren el tráfico, venta y producción de drogas y el control de la economía local, el monopolio del huevo, del maíz, la carne y los lácteos, refrescos, pan, de todos los alimentos, y por supuesto de impuestos ilegales conocidos como derecho de piso, extorsión o protección.

“Para lograrlo amenazan, intimidan y obligan a la gente a cederles sus casas, sus negocios ante los notarios, como si se los vendieran, pero sin dar un solo peso”, advierte Bruno Plácido, líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

La UPOEG, formada hace 10 años, es conocida como Policía Comunitaria o como grupo de autodefensa, un nombrete que no comparten e incluso les molesta, pero que no pueden evitar: así se les conoce igual que a una docena de organizaciones que se multiplicaron desde 2013 en algunas regiones del país.

“Las autodefensas van a existir mientras el Estado Mexicano no haga nada por garantizar la seguridad”, advierte Plácido en entrevista con este diario después de que cuatro integrantes de UPOEG fueron emboscados en días pasados por Los Ardillos, una célula delincuencial que se ensaña con operaciones ilícitas en el centro de Guerrero.

La UPOEG surgió como disidente de la CRAC un grupo de policías comunitarios más antiguos que basa su sistema de seguridad y justicia en la Ley de Usos y Costumbres que permite a las comunidades indígenas crear sus propios mecanismos de vigilancia y castigos. 

La CRAC se oponía a extender su vigilancia a territorios mestizos. Bruno Plácido se arriesgó. “No podíamos estar ciegos a la ayuda que nos pedían otros municipios no indígenas y lo hicimos porque era necesario y el Estado nos lo permitió”.

Desde entonces la UPOEG ha sumado a su vigilancia a 14 municipios en las regiones Costa chica y Centro de Guerrero entre aplausos y acusaciones. Como sea, ejemplo para otros grupos desesperados por autoprotegerse como en Michoacán, Chiapas y Veracruz, principalmente. En Morelos, Tabasco y Tamulipas con menos fuerza.  

Las autodefensas siguen vivas a pesar del arribo al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió hacer justicia en todo el país con la fuerza del Estado y frenar los abusos de las organizaciones criminales que cada vez se ensañan más con la población civil, sobretodo en los municipios más pequeños.

“Ahora la delincuencia está más descarada que en 2013”, observa Hipólito Mora, un ex ganadero que se levantó en armas para formar los primeros grupos de autodefensa en La Ruana, Michoacán.

En ese tiempo las organizaciones criminales llegaron a su pueblo a cobrar impuestos  clandestinos por todo, mejor que la Secretaría de Hacienda. Cobros ilícitos a los negocios, a las propiedades, los vehículos, por tener hijos en la universidad. 

“Las autoridades siempre han tenido conocimiento de quiénes son los delincuentes y a qué grupos pertenecen, pero los detienen y los dejan ir”, advierte Mora. “Por eso sigue el problema”. 

A mediados de 2021 un grupo de cultivadores de aguacate anunció la conformación del grupo “Pueblos Unidos”. Según explicaron en un comunicado informativo, la conformación de la autodefensa con alrededor de 3,000 hombres se hizo pretende frenar las extorsiones y secuestros del crimen organizado.

Cárteles como Los Viagras y Jalisco Nueva Generación (CJNG) han estado cobrando a los agricultores de aguacate unos “impuestos de guerra” de alrededor de 2 mil 500 dólares por hectárea. 

Ante la situación de inseguridad, en 2019 EEUU ya había advertido que evaluaba suspender la compra de aguacate mexicano, una amenaza que se consolidó en las últimas horas después de que una organización amenazó a uno de los inspectores estadounidenses que vigilaba el proceso de exportación. 

Por las mismas fechas que surgió la autodefensa de los aguacateros en Michoacán, se anunció en Chiapas un grupo similar con el nombre de El Machete encabezado por indígenas tzotziles. 

A través de un comunicado de prensa dijo que su intensión era combatir al crimen organizado y a grupos caciquiles incrustados en el poder, pero en días pasados fue acusado de la desaparición de 26 personas por lo cual tuvo que acudir la Guardia Nacional en su búsqueda.

Al llegar al municipio de Pantelhó, los militares encontraron una lista de nombres impresos en un cartel: lugareños asesinados en los últimos años por la presencia de criminales sin control y no tuvieron novedades de los desaparecidos.

Los contra

Desde que se multiplicaron las organizaciones de autodensa en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y hasta la actual administración de López Obrador la postura del Estado mexicano es de rechazo. Consideran que a menudo son infiltradas por el crimen organizado. 

Michoacán ha sido un símbolo de esas conclusiones. El mismo Hipólito Mora reconoce que los criminales se infiltraron en las filas de los autodefensas y las corrompieron.  

“Disfrazó a muchos de sus filas y les puso la camiseta de autodefensas haciéndolas pasar por gente humilde que quería defenderse de las extorsiones”, comenta. “Era una gran cortina de humo para seguir con los delitos y el gobierno se dio se dio cuenta y no hizo nada; en lugar de detenerlos, los fortaleció”.

Ante la presión política, Peña Nieto oficializó en 2014 la operación del grupo de autodefensa de Tepalcatepec, convirtiéndolo en Policía Rural y siguió la misma estrategia en otros municipios locales.

Entonces surgieron comandantes “El Kiro” y Juan José Farías Álvarez “El Abuelo”, ex miembro del cártel de Los Valencia y actual líder del Cártel de Tepalcatepec, a quienes se le señaló posteriormente como delincuentes con permiso de Estado.

Hipolito Mora cuenta que se alejó en ese tiempo de El Kiro, quien había sido uno de los fundadores de las autodefensas de La Ruana y un viejo amigo ganadero. 

“Yo lo llamaba cuando necesitaba dinero y él me compraba el ganado que yo tuviera a la venta. Era un hombre trabajador pero empezaron a extorsionarlo y por eso se unió a La Ruana, pero después se dijo que se había aliado con los delincuentes porque todo eso de andar defendiéndose lo descapitalizó igual que a todos”, recuerda Mora.

“Toda esa situación quizás terminó por matarlo: primero le dio una parálisis facial y luego se complicó mucho su estado de salud”.

Hipólito Mora considera que la falta de dinero de los autodefensas los hace vulnerables; el crimen organizado, en cambio, tiene capital de más. “Con los únicos que no han podido son los indígenas de Cherán”. 

Desde 2011, la comunidad purépecha de Cherán mantiene una política de rechazo a todas las instituciones oficiales a las que expulsó bajo acusaciones de corrupción y alianzas con el crimen organizado para implementar la tala de los bosques para imponer cultivos de aguacate.

El actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, declaró recientemente que no permitirá la presencia de grupos armados paralelos a las fuerzas oficiales de seguridad pública, excepto en las zonas indígenas amparadas por la ley.

“Son un montaje, un disfraz, y la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional se encargarán de desarmarlos”, prometió. 

Hipólito Mora y Bruno Plácido creen que aunque se desarmen volverán a articularse mientras continúe la impunidad.

“En este negocio del crimen organizado las autoridades de los tres niveles de gobierno se llevan su tajada y por eso simulan que hay un combate pero no es verdad ”, dice Mora. “No hacen ningún trabajo de inteligencia que es como los pueden atrapar”, agrega Plácido.

Bruno Plácido reconoce que él y su organización han detenido a personas que se se dedican al robo de gasolina, mismos que son trabajadores de los tráileres de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Costa Chica de Guerrero. 

Fue en el municipio de San Marcos, donde la UPOEG realizó una asamblea para combatir el huachicoleo. En las redadas para ese fin cayeron varios.

La estrategia de autoseguridad y autojusticia sin intervención del Estado ha sido muy polémica. Algunas veces, los mismos municipios que han pedido la ayuda de las autodefensas en Guerrero y piden su salida por considerar que se extralimitan con las detenciones y los castigos bajo su propio sistema de justicia.

En agosto pasado, en la localidad de Cruz de Corazón, Rolanda de la Cruz acusó a la UPOEG de torturar a su hijo y provocarle un tumor por los golpes. “Mi hijo quedó bien morado de su cara y de su ojo después de tres meses que lo tuvieron encerrado”.

Bruno Plácido comentó que quienes se oponen a la presencia de policías comunitarios es porque están involucrados. “Las organizaciones criminales han infiltrado a la sociedad y cuando sus hijos están metidos automáticamente están de lado de ellas”.

El analista de seguridad Eduardo Guerrero, fundador de Lantia Consultores, observó que en muchas ocasiones los grupos de autodefensa sin control alguno “terminan por operar de forma idéntica a los criminales.

“En los últimos meses hemos escuchado de más y más ‘autodefensas’ que se integran en distintos estados, incluyendo Guerrero, Veracruz y Chiapas. En buena parte del territorio nacional se va convirtiendo en una realidad más o menos común y debemos empezar a llamarlos paramilitares si tienen esas características”.

Pros

Antes de que Román Vázquez fundara uno de los principales movimientos de autodefensas en Veracruz, tocaron puertas en las instancias gubernamentales, pero “con puras vueltas no regresábamos a nuestra familia y la delincuencia seguía con las amenazas de seguir secuestrando gente y nosotros dijimos: hasta aquí”.

De eso hace nueve años. Pidieron ayuda a la UPOEG para formarse y ésta los conectó con personal de Michoacán y Tamaulipas. 

“Nos brindaron el apoyo,  nos orientaron y regresamos a nuestra zona a hacer visitas en las comunidades para explicarles de qué se trataba, a platicar con ellos. Fuimos creciendo poco a poco hasta decidirnos”.

Las comunidades indígenas mexicanas pueden formar sus propios cuerpos de seguridad no solo por derecho en la legislación local, sino por el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo que México suscribió hace años, pero no el resto de la población que depende del Estado.

“El gobierno mexicano tiene mucho que aprender de los sistemas de seguridad de sus ancestros”, advirtió Bruno Plácido. “Si los policías las eligen las asambleas en mayoría, son éstas las que deben quitarlos cuando se vuelven en su contra”.

Román Vázquez, quien fue el precursor de grupos de autodefensa en la sierra de Zongolica, opinó que el Estado mexicano ya no puede con la inseguridad mientras que los mexicanos tienen derecho a la legítima defensa.

“Si el Estado no cumple con los parámetros, los ciudadanos, basados en el artículo 10 Constitucional, que es el de la legítima defensa, tenemos derecho a defendernos”.

Vázquez es también fundador del Movimiento Indígena Liberal, Plural y Autónomo de Zongolica (MILPAZ) y luchador social desde hace 35 años, dos cartas que le dieron fuerza moral para extenderse en los municipios ubicados en las montañas como Córdoba, Orizaba, Mendoza, Río Blanco, Maltrata, Acultzingo o Rafael Delgado.

“En esta región la gente no solo le teme a la delincuencia, sino al gobierno, que muchas veces protege a esos grupos”.

Pero la autoridad se resiste.  Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz por ejemplo. Dice que los autodefensas se han saliendo de control y en muchas ocasiones han tomando características paramilitares en regiones como Las Choapas y Uxpanapa, donde recientemente un enfrentamiento entre dos grupos dejó 12 personas muertas.

Según la versión oficial, las víctimas eran secuestradores de un grupo autodenominados Los Vaqueros que surgió después de que otros autodefensas de la zona los acusó de “malas prácticas” como extorsión, robo de combustible y secuestro.

“Los abusos y amenazas entre unos y otros provocó un enfrentamiento entre ellos y tuvo ese lamentable desenlace. Debe quedar muy claro: nunca podrá hacerse justicia por propia mano”, dijo el mandatario.

Para Bruno Plácido, Hipólito Mora y Román Vázquez, el problema es mucho más profundo que la confusión que provocan las falsas autodefensas para evitar que la población ponga freno: es un asunto de impunidad y corrupción por lo que se quiere excluir a la gente de su derecho a tener justicia de un modo o de otro.

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