Gobierno de Biden propone una nueva regla de “carga pública” que beneficiará a muchos inmigrantes
El gobierno de Biden propone una modificación de la regla de carga pública de Trump, que negaría la residencia permanente sólo a los solicitantes que reciban beneficios del gobierno que son en efectivo
Crédito: JIM WATSON | AFP / Getty Images
La administración del presidente Joe Biden propuso el jueves revertir una regla que niega la residencia permanente a los solicitantes que reciben ciertos beneficios del gobierno, que fue impuesta por el gobierno de Donald Trump como una de las medidas para disminuir la inmigración, según The Associated Press.
La administración de Biden dejó de aplicar los límites más restrictivos de la inmigración de la era Trump desde marzo del año pasado, haciendo que el anuncio fuera más una formalidad para protegerlo de los desafíos legales. Su publicación en el Registro Federal en los próximos días dará lugar a un período de 60 días para comentarios públicos, seguido de una versión final.
Si bien la propuesta no tiene un impacto inmediato, es un paso importante para deshacer la versión de Trump de la regla de “carga pública”, como lo prometió el presidente Joe Biden durante su campaña.
Las revisiones de la administración de Biden para los solicitantes de “green cards” restablecen en gran medida las reglas que estaban vigentes desde 1999, y que no consideran el uso de beneficios no monetarios como cupones de alimentos, servicios de salud y cupones de transporte al determinar la elegibilidad para la residencia permanente.
La regla propuesta brindaría un trato justo y humano a los no ciudadanos que soliciten admisión a Estados Unidos o que soliciten la residencia permanente legal desde dentro de Estados Unidos.
“La regla de carga pública de 2019 no fue consistente con los valores de nuestra nación”, dijo el secretario Alejandro N. Mayorkas. “Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’ y las personas no serán penalizadas por optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone considerar los siguientes beneficios públicos al tomar una determinación de inadmisibilidad para obtener la residencia permanente basada en esta regla modificada de carga pública, cuando el solicitante requiere beneficios que son en efectivo:
– Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI);
-Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF);
-Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial y local para el mantenimiento de ingresos; y
-Institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno.
A su vez, DHS propone que recibir los beneficios que no son en efectivo no sean parte de lo que considera carga pública para otorgar la residencia permanente, como:
– Los programas de asistencia alimentaria y nutricional, incluido el Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP),
– El Programa de seguro médico para niños,
– La mayoría de los beneficios de Medicaid (excepto la institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno),
– Los beneficios de vivienda
– Los bonos de transporte
El DHS tampoco consideraría que es carga pública: recibir la asistencia por desastre recibida bajo la Ley Stafford; asistencia pandémica; beneficios recibidos a través de un crédito o deducción fiscal; o Seguro Social, pensiones del gobierno u otros beneficios ganados, como impedimentos para otorgar la residencia permanente.
Con la nueva regla propuesta, descarta castigar a los inmigrantes por pedir ayudas que no son en dinero en efectivo.
La propuesta de la administración aún puede enfrentar desafíos legales. Texas y otros estados con gobiernos republicanos a menudo han tratado de evitar que Biden deshaga las políticas de inmigración de Trump.
Por ley, muchas categorías de no ciudadanos están exentas del motivo de inadmisibilidad por carga pública y no estarían sujetas a la regla propuesta.
Algunas de las categorías que no están sujetas a la regla de carga pública son refugiados, asilados, no ciudadanos que solicitan o se reinscriben para el estatus de protección temporal (TPS), inmigrantes especiales juveniles, T y U no inmigrantes y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
Según la regla propuesta, si una persona que no es ciudadana recibió beneficios públicos mientras se encontraba en una categoría de inmigración que está exenta de inadmisibilidad por carga pública, el DHS no consideraría la recepción pasada de tales beneficios por parte de la persona que no es ciudadana como parte de cualquier determinación futura de carga pública.
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