Inmigrantes son las principales víctimas de política “desigual” de Biden en derechos humanos, según AI

Aunque el Gobierno del presidente Joe Biden impulsó esfuerzos en la defensa de derechos humanos, las principales víctimas de inacciones fueron contra inmigrantes en los Estados Unidosque pide asilo o indocumentados están en centros detención.

“Las autoridades siguieron sometiendo a las personas solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular a reclusión indefinida y malos tratos, incluida falta de atención médica adecuada en los centros dedetención para inmigrantes”, advierte el reciente reporte de Amnistía Internacional.

Cita, por ejemplo, que en marzo del 2021, srilankesa Ratnayake Liyanage Wishma Sandamali, de 33 años, murió en un centro de detención para inmigrantes.

“Posteriormente, en agosto, la Agencia de Servicios de Inmigración del gobierno publicó un informe de investigación en el que reconocía fallos en el sistema de atención médica”, cita el reporte. “Las autoridades continuaron invocando la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de la Condición de Refugiados para mantener recluidas hasta su deportación a personas extranjeras indocumentadas, entre ellas migrantes y solicitantes de asilo en situación irregular”.

En su informe anual, sin embargo, la organización valoró positivamente que Biden impulsara la reincoporación al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y volviera al Acuerdo de París sobre el clima, de los que se había salido Estados Unidos bajo el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

Amnistía Internacional consideró que el Gobierno de Biden no ha adoptado políticas de asilo e inmigración “respetuosas” en la frontera entre EE.UU. y México y tampoco se han materializado sus promesas para aumentar las protecciones a los derechos humanos en el ámbito doméstico.

Entre otras cosas, la organización destacó que las autoridades migratorias siguieron limitando “drásticamente” el acceso al derecho al asilo en la frontera entre EE.UU. y México, lo que provocó un “daño irreparable” a miles de personas, incluidos menores, que huían de la violencia de sus países de origen.

El informe hace referencia a una norma conocida como Título 42, que fue proclamada bajo el Gobierno del republicano de Trump por la emergencia sanitaria de la pandemia y que ha permitido deportar automáticamente a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sin posibilidad de pedir asilo.

Esa normativa, por ejemplo, permitió a las autoridades deportar el año pasado a miles de haitianos que habían vivido durante años en Latinoamérica e intentaron entrar en Estados Unidos.

Los gubernamentales Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés), una de las máximas autoridades sanitarias del país, están ahora revisando el “Título 42” para ver si renuevan su aplicación o no, una decisión que deben tomar antes del 30 de marzo.

Más allá del derecho al asilo, Amnistía Internacional destaca la aprobación en Texas de una ley que prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas, así como el uso excesivo de la fuerza de la policía contra civiles, especialmente contra afroamericanos.

Además, las mujeres indígenas siguen siendo víctimas de manera desproporcionada de actos de violación y violencia sexual, pero el Gobierno sigue sin recolectar datos sobre esa lacra.

Amnistía Internacional también explica que se ha avanzado “poco” en el cierre de la prisión militar de la base de Guantánamo (Cuba), que Washington abrió en 2002 bajo el Gobierno de George W. Bush (2001-2009) para encerrar a sospechosos de terrorismo y donde siguen detenidas 39 personas.

Según destaca la organización, tampoco se ha hecho ninguna gestión para que comparezcan ante la justicia aquellos responsables del polémico programa de torturas que la CIA creó para interrogar a sospechosos de terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Con información de EFE