$32 millones de dólares pagará el Condado de Los Ángeles como acuerdo provisional por demanda de tortura y muerte de Anthony Ávalos

El convenio provisional con la familia de Anthony Ávalos todavía está pendiente de ser aprobada por parte de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles

Anthony Avalos perdió la vida a los 10 años, tras ser torturado por su madre y su novio.
Anthony Avalos perdió la vida a los 10 años, tras ser torturado por su madre y su novio.
Foto: LASD / Cortesía

Un acuerdo provisional por $32 millones de dólares alcanzó el Condado de Los Ángeles por una demanda presentada por familiares de un niño de Lancaster de 10 años que falleció en 2018 después de que su madre y su novio supuestamente lo sometieron a torturas, informaron este miércoles los abogados.

El acuerdo por parte del condado en relación a la muerte de Anthony Ávalos se anunció la semana pasada en la corte, aunque no se dieron a conocer los términos.

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Este miércoles, los abogados de la familia ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar el monto del acuerdo, por $32 millones de dólares, el cual todavía está pendiente de aprobación por parte de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

Dicho acuerdo deja a Hathaway-Sycamores Child and Family Services, con sede en Pasadena, como el único acusado en la demanda presentada en julio de 2019.

El condado y a varios trabajadores sociales eran señalados en la demanda de no atender adecuadamente los informes de abusos contra Anthony y sus medios hermanos.

La demanda alega que Hathaway-Sycamores asignó a la empleada Barbara Dixon para trabajar con la familia pese a que supuestamente no había denunciado el abuso en el caso de Gabriel Fernández, de 8 años y originario de Palmdale, quien, al igual que Anthony, murió mientras estaba al cuidado de su madre y el novio de ella.

En sus documentos judiciales, los abogados de Hathaway-Sycamore afirman que los demandantes no hacen alegaciones sobre lo que supuestamente presenció Dixon o si ella sospechaba algún abuso que no formara parte de lo que el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) del condado ya sabía.

Un gran jurado acusó formalmente a Heather Maxine Barrón, de 32 años, y Kareem Ernesto Leiva, de 36 años, en octubre de 2018 por los cargos de matar al niño y abusar de otros dos pequeños en el hogar.

En mayo de 2021, la Oficina del Fiscal de Distrito anunció que ya no buscaría la pena de muerte contra la pareja, que ahora enfrenta una posible sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en caso de ser declarado culpables.

Los fiscales alegan que Anthony fue torturado severamente durante los últimos 5 o 6 días antes de su muerte por su madre y Leiva.

El supuesto abuso incluyó azotar al niño con un cinturón y una cuerda enrollada, verterle salsa picante en el rostro y la boca, sujetarlo por los pies y dejarlo caer de cabeza repetidamente, según un expediente judicial.

Desde 2013 y hasta su fallecimiento en 2018, se presentaron informes de abuso al DCFS de que Anthony y sus 6 medios hermanos se les negó comida y agua, fueron golpeados, abusados sexualmente, colgados boca abajo de una escalera, obligados a agacharse durante horas mientras sostenían objetos pesados, encerrados en espacios pequeños sin acceso a un baño, obligados a pelear entre ellos y obligados a comer de la basura, según documentos judiciales de los demandantes.

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