Qué pasa con las reglas de deportación de ICE tras bloqueo de juez en Texas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfrenta una nueva batalla legal sobre los lineamientos de deportación anunciadas en septiembre del 2021 y que comenzaron a operar dos meses después, pero ahora fueron bloqueadas por un juez federal en Texas.

El juez federal Drew Tipton desechó la política impulsada por el secretario Alejandro Mayorkas, la cual limita a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a quiénes pueden arrestar y deportar.

En fallo del juez Tipton se puso del lado de los estados de Texas y Louisiana, que argumentaron que la guía del DHS impide que ICE cumpla la ley contra inmigrantes indocumentados.

Esa nueva derrota en materia migratoria obliga al Gobierno del presidente Joe Biden enfrentar una apelación ante el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito, el cual tiene otros casos migratorios pendiente, incluido el futuro de la Acción Diferida por los Llegados en la Infancia (DACA).

ICE debió acatar la decisión del juez Tipton hacia finales de junio, pero presentó la apelación al mismo tiempo y ahora deberá esperar una determinación que, al igual que otros casos similares, se espera que termine en la Corte Suprema, debido a las diferentes posturas migratorias de las partes demandante y demandada.

Las pautas impulsadas por Mayorkas se enfocan en las amenazas a la seguridad pública y nacional, además de ampliar la discreción para que los oficiales de ICE puedan evitar perseguir a un no ciudadano solamente por ser indocumentado.

El argumento central de Mayorkas es que ICE cuenta con recursos limitados, por lo que la guía se enfoca en casos de atención prioritaria, si la persona tiene antecedentes criminales, pero también busca atender la política del presidente Biden sobre un sistema migratorio más humano.

El juez Tipton estuvo en desacuerdo con la “discrecionalidad” otorgada a los agentes migratorios y a los abogados de ICE.

“El Poder Ejecutivo puede priorizar sus recursos. Pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por el Congreso”, dijo Tipton en su decisión. “Usando las palabras ‘discreción’ y ‘priorización’, el Poder Ejecutivo reclama la facultad de suspender los mandatos estatutarios. La ley no sanciona este enfoque”.

La guía sobre procesos de deportación fue dada a conocer luego de que el mismo juez Tipton echara atrás la moratoria de 100 días en las deportaciones lanzada por la Administración Biden en febrero del 2021, además de bloquear una primera batería de lineamientos que buscaba evitar detener a cualquier indocumentado.

Un camino complicado

David Leopold, asesor legal de America’s Voice, expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) y líder del grupo de inmigración de Ulmer & Berne LLP, vislumbra un futuro poco promisorio para los lineamientos de deportación de la Administración Biden.

“La orden del juez Drew B. Tipton de descartar las prioridades de aplicación de la ley de inmigración de la Administración Biden muestra que la tubería judicial antiinmigrante avanza”, consideró Leopold.

Agregó que el Congreso ha establecido que el Gobierno puede establecer prioridades de aplicación de la ley de inmigración, algo que siguió el secretario Mayorkas.

“Con la ayuda de jueces amigos, el conducto judicial antiinmigrante ahoga la política migratoria de sentido común a favor del caos”, consideró.

Leopold advirtió que los esfuerzos del fiscal general de Texas, Ken Paxton, se enfocan en buscar un juez “amigable” en el Quinto Circuito –que ha tomado decisiones mixtas en inmigración– para obtener una decisión a favor y aunque el tema llegue a la Corte Suprema, ahí controla “la derecha” que “sella el trato”.

El experto consideró que el escenario para modificar el escenario sobre inmigración es poco alentador, sobre todo con el control de la Corte Suprema, que recientemente tomó decisiones contra la agenda progresista, como el derecho al aborto y evitar mayor control de armas.

No hay una fecha específica para que el Quinto Circuito tome una decisión, ya que deberá escuchar los argumentos de ambas partes.