Jóvenes mexicanos que armaban drones con explosivos para el narco, podrían ser liberados por una jueza

Un operativo realizado hace dos años por parte de elementos de la Fiscalía General de la República en una casa en San Pedro Cholula, Puebla, derivó en la captura de dos criminales que se dedicaban a la fabricación de drones para ser utilizados por grupos del narcotráfico.

En el inmueble, además de los detenidos y los dispositivos aéreos, fueron descubiertos distintos explosivos, entre ellos C-4, una potente sustancia de uso bélico, principalmente usada por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con el diario Reforma, los delincuentes, dos jóvenes identificados como Diego Jiménez Martínez y Rogelio Juan Luna Villa, trabajaban para el cártel de José Antonio Yépez, alias “El Marro“, una organización criminal que tiene su base principal de operaciones en el estado de Guanajuato.

Incluso, se dio a conocer que los detenidos se encontraban adaptando los explosivos a unos drones, que después serían utilizados para atacar la Fiscalía de Guanajuato y atentar contra su titular, Carlos Zamarripa.

Sin embargo, ahora la jueza Marcela Elizabeth García Cante consideró ilegal la inspección en la casa de seguridad de los presuntos criminales, por no contar con una orden de cateo.

Y es que, un día antes del arresto, un agente Ministerial entrevistó a un tío de Luna Villa, quien reveló que le rentaba el inmueble a su sobrino y le ofreció abrir la puerta del domicilio.

El agente aceptó, entró, realizó una inspección y encontró los drones, cartuchos y una serie de insumos explosivos.

Al día siguiente, ya con una orden judicial, se realizó un cateo y fueron decomisados tres drones con explosivos, bolsas y recipientes con pólvora, un fragmento de tubo de cobre C-4 y 99 cartuchos.

Al respecto, la jueza advirtió que la primera inspección fue ilegal por no tener una orden de cateo, por lo que anuló 11 de las 13 pruebas que habían sido presentadas, entre ellas todo el arsenal y los detonantes.

Originalmente, la FGR pidió una condena de 30 años de prisión para Jiménez y 22 años para Luna por cuatro delitos. Ahora, gracias a la decisión de la jueza, sólo Jiménez Martínez será llevado a juicio, pero por posesión de una pistola y 35 cartuchos asegurados en un cateo en otro domicilio.

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