De los arreglos gubernamentales con los cárteles de la droga a la vigilancia feminista: una semana de Guacamaya leaks

MEXICO.- Delincuentes soberbios y fanfarrones que negocian con gobernantes mientras al ejército le preocupa vigilar a feministas e indígenas y algunos de sus soldados venden armas a quien debería desarmar. Un presidente de la República enfermo que ocultó su condición hasta que quedó en evidencia y un embajador en la mira de los aparatos de vigilancia militar.

El resumen de escándalos revelados durante una semana en distintos medios de comunicación asoma como una punta del iceberg de la información que obtuvo el grupo de hackers presuntamente centroamericano autodenominado Guacamaya.

Guacamaya asegura que se infiltró en un servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y extrajo seis terabytes de información confidencial. Eso es aproximadamente el triple de información de  los Pandrora Papers que expusieron secretos financieros mundiales el año pasado.

En el caso de la Sedena, se trata de información militar recopilada a lo largo de la última década, con un nivel de detalle de las actividades operativas y de inteligencia de la milicia nunca antes revelado públicamente en México.

En una de las primeras entregas divulgadas por el periodista Carlos Loret de Mola en el website Latinus, el contenido detalló la condición de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien padece de gota, hipotiroidismo y “angina inestable de riesgo grave”, padecimientos que éste confirmó en una conferencia de prensa.

AMLO no desmintió que tuvo que ser trasladado de emergencia de su rancho a un hospital militar en enero pasado ni otras revelaciones que han salido a la luz, únicamente ha minimizado los hechos con el argumento de que en su gobierno “no hay nada que ocultar”.

Para Alberto Escorcia, analista especializado en ciberataques, lo grave del hackeo es que no solamente vienen correos del ejército, sino de quienes contestan. De ejércitos de otros países, embajadas, de inteligencia extranjera, gobiernos de todo el mundo.

“Esto es una radiografía de prácticamente cómo funciona un ejército. O sea, creo que si alguien quiere saber cómo funciona un ejército y su relación con el poder, ahí viene detallado minuto por minuto.

La punta del iceberg

En el tema de seguridad interna y gobierno, la información robada por Guacamaya a la Sedena documentó que la delincuencia organizada acuerda reuniones y pagos con funcionarios municipales, estatales y federales. 

Destacan funcionarios de Tabasco que estuvieron bajo el mando del entonces gobernador Adán Augusto López (hoy secretario de Gobernación), así como a integrantes de los gobiernos de Chiapas, Campeche, Jalisco, Morelos, Guerrero y Veracruz. También en instituciones federales como la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y del  Ejército.

De José Alfredo Hurtado Olascoaga El Fresa, involucrado en el ataque a la alcaldía de San Miguel Totolapan donde asesinaron a 20 personas y reconocido líder de la Familia Michoacana, la Sedena supo que tuvo reuniones en casa de Rosemberg Velázquez Chávez, tesorero municipal de Amatepec, Estado de Méxic..

El Fresa, como representante de la Familia Michoacana, es enemigo del grupo criminal Los Tequileros y asumió en un video público que los sicarios de los contrarios organizaron el ataque para asesinarlo recientemente. Se paseaba sin problemas por el pueblo de Guerrero. 

Entre los más de cuatro millones de documentos hackeados se reveló además que desde el Campo Militar No. 1 en la Ciudad de México hubo venta de armas a criminales por parte de un soldado, según un informe de inteligencia del 10 de junio de 2019.

La Sedena tuvo conocimiento de que el militar  ofrecía equipo táctico, armas y granadas, además de proporcionar información de movilidad y operativos de fuerzas armadas a una célula de un cártel del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, Estado de México.

“El militar ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una; la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron entregadas en Atlacomulco, Estado de México”, publicó la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad con base en los informes de Guacamaya.

En la mira de delincuentes dedicados al robo de combustible estuvo el propio presidente López Obrador, según abundan los informes militares del 10 de febrero de 2019, con la tarjeta 157, dirigido al subjefe de inteligencia de la Sedena con el fin de “informar el desborde técnico de un audio de interés en torno al caso Águila”.

El caso Águila hace referencia a la investigación en contra de Sergio Águila Luévanos, “El Capi”, quien después de retirarse del ejército, se dedicó al negocio del huachicoleo; razón por la cual, en agosto de 2019, fue detenido al ser acusado de delincuencia organizada.

En la grabación de una conversación del “El Capi” y un hombre desconocido, el primero dijo que se había rumores de que darían “piso” al Presidente de la República porque la “palomilla” pidió un arreglo y AMLO se los negó.

Otros bajo vigilancia

La pasividad de la Sedena frente a algunos delitos también ha dado de qué hablar tras la divulgación de Guacamaya. Por ejemplo un asesinato sobre el que tuvo información sin evitarlo como el que ordenó Germán Ramírez, líder de Los Viagras Michoacán, en contra de un enemigo.

Otros casos de abusos sexuales al interior del Ejército se sumaron al escándalo así como investigaciones a políticos, vigilancia y espionaje a colectivos, activistas y periodistas con un sistema de la empresa NSO Group, dueña del software Pegasus. 

Guacamaya reveló además un seguimiento al embajador de Estado Unidos en México, Ken Salazar, mediante la realización de 21 informes sobre actividades, entrevistas y publicaciones en redes sociales del embajador en menos de un año.

Los militares también tienen en la mira a colectivos feministas como Histeras, Coordinadora 8M, Colectivo Feminista de Economía del IPN, Resistencia Queer, Las Brujas del Mar y Cueva de Brujas a los que colocó en el mismo nivel de los carteles por su peligro en el daño de infraestructura.

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