El Ejército mexicano pudo evitar el asesinato de sacerdotes jesuitas a manos del “Chueco” en Chihuahua
De acuerdo con los archivos hackeados al ejército, los pasos de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, eran seguidos de cerca por militares desde el año 2020
Autoridades ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos por datos que ayuden a capturar al líder criminal. Crédito: Fiscalía de Chihuahua | Cortesía
El hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue toda una noticia, algunas voces apuntaban a que lo único relevante hecho por los hacktivistas de Guacamaya era el poner al descubierto la endeble seguridad cibernética de la dependencia, pero que no había información importante por revelar.
Sin embargo, conforme se han filtrado documentos el encono de algunos sectores aumenta. Tal es el caso de la comunidad jesuita, cuya indignación creció al conocer que el presunto responsable de asesinar a dos sacerdotes era seguido desde dos años antes que ocurriera el crimen.
El País reveló que los pasos de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, eran seguidos de cerca por elementos del Ejército mexicano desde el año 2020. En los documentos a los que tuvo acceso el medio se asientan las alianzas de su gente con el Cártel de Sinaloa, el régimen de terror que impuso a la población y cómo operaba su grupo delincuencial para matar y desaparecer a rivales y civiles.
Tras darse a conocer lo anterior, la Compañía de Jesús en México hizo pública su indignación mediante un comunicado. En él señalan que el Estado mexicano sabía con antelación las actividades delictivas en la sierra Tarahumara de quien a la postre perpetraría el homicidio de los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos, mismo que a más de cien días sigue impune. Añadió que de haberse actuado en consecuencia, la tragedia probablemente se hubiera evitado.
“La Compañía de Jesús en México manifiesta que nos indigna el contenido de los documentos militares relacionados con el caso de Cerocahui que se han hecho públicos”, se lee en el documento.
Otro punto filtrado en los archivos hackeados que generó molestia es que supuestamente un mes después de los homicidios de los sacerdotes, las Fuerzas Armadas ordenaron un seguimiento a las actividades de religiosos en el sur de Chihuahua para consignar pronunciamientos críticos sobre la estrategia de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y posibles vínculos con el narcotráfico.
Además, la organización religiosa condenó que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) -que ha dado acompañamiento en situaciones cruciales, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa- fundado por la orden religiosa en los 80, fuera clasificado como un “grupo de presión” por el Ejército.
La Cámara de Diputados llamó a comparecer al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, ante la gravedad de la violación de la ciberseguridad y el hecho de que seis terabytes de información sensible anduvieran pasando de mano en mano y siendo analizados por decenas de periodistas de todo el país. Los papeles de la Sedena son probablemente la mayor filtración que se ha hecho sobre una institución pública en México.
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