Interponen millonaria demanda en contra de las autoridades de Miami por cobrar un impuesto improcedente de estacionamiento
Se estima que en los últimos tres años la ciudad recaudó cerca de $55,000,000 millones de dólares que no debió cobrarle a los ciudadanos
Encabezada por Richard Klugh, Sara Wolfe y Josh Kaiser, el martes por la tarde ante el Tribunal de Circuito de Miami-Dade se presentó una demanda colectiva en contra de las autoridades de gobierno a quienes se les solicita el reembolso de parte del dinero que los residentes de la ciudad han pagado desde 2019 mediante el ticket del estacionamiento, cuyo monto correspondería al 15%.
De acuerdo con información del diario El Nuevo Herald, en la querella se hace hincapié en que el tributo viola la ley estatal, pues la legislación, en la Ordenanza de Estacionamiento y el Reglamento de Impuestos de Estacionamiento, le prohíbe a la ciudad establecer un recargo de este tipo, debido “al nivel decreciente de bienes inmuebles exentos de impuestos en Miami”.
Lo cierto es que el fundamento del impuesto sobre el estacionamiento se remonta a 2003.
Ese año, la ciudad atravesaba por una aguda crisis financiera y con el objetivo de recaudar más dinero –después de un referéndum –, se estableció un tributo aplicable a las transacciones en garajes, lotes y similares.
No obstante, sólo era posible implementar este tipo de impuesto en la época en que más del 20% de los bienes inmuebles de la ciudad estuvieran exentos de impuestos, algo que varios expertos señalan dejó de ocurrir hace ya tiempo, esto en virtud del crecimiento inmobiliario registrado en la zona.
En este sentido, en la demanda colectiva se hace referencia a que los funcionarios de Miami comenzaron a violar dicha disposición a partir de 2017, tal y como lo muestran los registros públicos del Departamento de Ingresos del estado presentados como prueba.
El punto álgido de la demanda es que se estima que tan sólo en los tres últimos años, las autoridades de la ciudad han recaudado cerca de $55,000,000 millones de dólares mediante impuestos de estacionamiento, así que devolverlos –como lo exigen los demandantes– podría colocar a las finanzas de la actual administración en una situación vulnerable.
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