El condado de Los Ángeles debe actualizar su manera de gobernar

Para muchos, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles sigue siendo un organismo poderoso pero misterioso. Durante demasiado tiempo hemos aceptado que puede funcionar un poco como Oz. Si, como condado, queremos ser una región más equitativa y justa después de la pandemia, la transformación de la manera de gobernar es un paso fundamental.
El COVID-19 hizo visible la inequidad inherente a como todos los niveles del gobierno intencionalmente dejaron atrás a comunidades enteras en sus políticas e inversiones. ¿Estábamos enceguecidos? ¿Teníamos los ojos vendados? ¿O fuimos indiferentes a estas desigualdades sistémicas?

Independientemente del deterioro, la transparencia y participación o la falta de ellas en el gobierno del condado son elementos fundamentales que condicionan estas desigualdades estructurales y sistémicas. En la actualidad, los procesos administrativos y de elaboración de políticas del condado dejan poco lugar a la participación de los residentes, al debate público y a la transparencia.

La Junta de Supervisores ha estado compuesta por cinco miembros desde 1852, cuando la población del condado apenas superaba las 3,300 personas. Este año, los cinco miembros de la actual junta aprobaron un presupuesto que supera los 44,000 millones de dólares, con el que brinda a la población de más de diez millones servicios que van desde un sistema hospitalario y de salud pública hasta nuestra red de seguridad social para viviendas, alimentos y residentes con problemas laborales.

Este mismo cuerpo electo es capaz de redactar una nueva legislación un viernes, y el martes siguiente, en dos votaciones, aprobarla, dejando solo el fin de semana para la deliberación pública. Muchas veces, el público se sorprende al enterarse que una nueva política ya se ha promulgado.

Ahora que la sociedad está tomando conciencia de los siglos de exclusión sistémica perpetuada legalmente por el gobierno, muchos municipios exploran mecanismos que logren una mayor equidad. Si realmente queremos aumentar la transparencia, expandir la representatividad y tomar decisiones que redunden en el mejor interés del público que los funcionarios electos representan, debemos explorar oportunidades para un gobierno más inclusivo.

El condado de Los Ángeles tiene una larga tradición de liderazgo y de ser pionero en la resolución de problemas y la satisfacción de necesidades en comparación con otras regiones. Es hora de reconocer que también podemos aprender. Podemos aprender las mejores prácticas de otras jurisdicciones y la investigación académica necesaria para visualizar un proceso de gobierno más transparente, inclusivo y responsable.

La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles tiene precisamente la oportunidad de evaluar una estructura de gobierno más transparente el martes 28 de febrero. Ante la Junta hay una moción de las Supervisoras Holly J. Mitchell y Lindsey Horvath, que proponen habilitar a un grupo de expertos que estudie la estructura del Condado y haga recomendaciones para un análisis más independiente de la legislación, así como para establecer una estructura de comité formal y llevar a una revisión de las funciones y responsabilidades del ejecutivo del condado. Además, la moción solicita una revisión de la Ley Brown de manera que permita más formas de participación pública en reuniones abiertas, y finalmente establezca reformas de financiamiento de campañas que harían más accesible postularse para un cargo electo a los candidatos de color y a aquellos que no son políticos de carrera.

Los llamados a la reforma del gobierno en la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles no son nuevos. En 2016, la Legislatura del Estado de California aprobó un proyecto de ley que requiere que el condado establezca un comité de redistribución de distritos compuesto por ciudadanos independientes, libre de cualquier influencia política.

Sin embargo, la Junta no ha iniciado aún el debate sobre si el sistema que fue establecido en 1852 por cinco hombres blancos para aproximadamente 3,300 personas todavía funciona para un condado multirracial y multiétnico de 10 millones de habitantes. La transparencia y la rendición de cuentas al público han sufrido.

La moción de los supervisores Mitchell y Horvath busca abordar esta necesidad de un cambio transformador al permitir su revisión y análisis serio y sustantivo, para así gobernar en el mejor interés del público. Otros condados han confrontado estos problemas y encontrado soluciones adecuadas para ellos y sus electores. El condado de Los Ángeles también debería hacerlo.