¿Qué sigue tras la polémica en México por el Plan B de AMLO?

El fin de semana pasado se llevaron a cabo una serie de manifestaciones en el país contra la reforma (conocida como Plan B), la mayor de ellas en el Zócalo de Ciudad de México

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Manifestaciones en México en contra del "plan B" del INE propuesta por AMLO. Crédito: Agencia Reforma

 MEXICO.- El Plan B para modificar al Instituto Federal Electoral (INE) ha causado tanta polémica que hasta el Departamento de Estados Unidos se metió a opinar a través de su portavoz Ned Price.

En respuesta, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio una respuesta más diplomática  que la que usó para callar en 2006 a enemigos. Pero no se calló.

Al ser cuestionado sobre su postura al respecto en una de sus conferencias de prensa, no respondió con una orden explícita al estilo  “cállate, chachalaca” que dijo en su momento al expresidente Vicente Fox, sino que hizo una acusación

“Siempre se inmiscuyen en asuntos que no les corresponde”, en referencia a Estados Unidos.

Price había dicho que su país estaba “siguiendo muy de cerca” los últimos eventos que se han registrado en México tras la reforma electoral que aprobó el Congreso  yque tiene a la oposición a críticos y a muchos parados de pestañas por considerar que es un “retroceso a la democracia”.

Declaró el lunes pasado que Estados Unidos respetaba la soberanía de México, pero comentó que “un sistema electoral independiente, bien dotado de recursos y el respeto de la independencia judicial respaldan una democracia saludable en todo el mundo y, por supuesto, también en México”.

Hay más libertad en México y más democracia que en Estados Unidos, así de claro. Y si quieren que debatamos sobre este asunto, lo hacemos”, remató López Obrador.

¿DEBILIDAD DEMOCRATICA?

El fin de semana pasado se llevaron a cabo una serie de manifestaciones en el país contra la reforma (conocida como Plan B), la mayor de ellas en el Zócalo de Ciudad de México, donde los organizadores dicen que se reunieron hasta medio millón de personas. El gobierno local dice que no fueron más de 90,000.

Los manifestantes protestaron porque dicen que reduce el presupuesto y el personal del INE a tal punto que ese ahorro golpeará el funcionamiento para organizar los comicios, como ha ocurrido en otras áreas de la administración hasta hacerlas inoperantes.

El exmagistrado de la Suprema Corte, Ramón Cossio, quien participó en la manifestación, fue más allá y acusó a AMLO de querer “apropiarse del sistema electoral” mexicano; previamente, López Obrador había llamado a Cossío “corruptazo” y descalificó sus opiniones.

De la misma manera, ha minimizado las críticas del consejero presidente actual, Lorenzo Córdova y de 117 organizaciones civiles que se oponen a los cambios por considerar que destaza la independencia del INE.

Los críticos llevaron un recurso de inconstitucionalidad a la Suprema Corte y esperan que los cambios sean frenados por ésta. 

Al INE se le quiere delgado, pero también sin dientes y lo puede hacer caer en una violación a su naturaleza de órgano constitucional autónomo”, observó Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. 

El politólogo detalló que los cambios del Plan B vulnera políticamente al INE porque, si finalmente la SCJN lo ratifica, no podrá entrometerse en la vida de los partidos y no podrá determinar si cumplen con mecanismos democráticos para escoger a sus líderes o las candidaturas.  

También se vulneraría su autoridad administrativa porque desaparecería el fideicomiso con el que había logrado comprar su propias sedes y su autonomía normativa quedaría endeble porque se le impediría emitir resultados preliminares, encuestas, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales. 

“Esto claramente contradice la naturaleza de una institución”, remató Concha.

¿FORTALECE LA DEMOCRACIA?

Desde su trinchera, el presidente defiende que las medidas permitirán “ahorrar” millones de pesos porque considera que la burocracia del organismo devora sin justificación el presupuesto. 

En la primera etapa de su administración calificó de “estratosféricos” los salarios de los altos cargos del INE, cuyos directivos se negaron a reducir sus salarios por debajo del presidente como se ordenó por ley. Para lograrlo recurrieron a artilugios legales.  

El gobierno en resumen defiende que el objetivo de la reforma es “evitar gastos injustificados y duplicidad de funciones”. Sostiene  que anualmente ahorrará alrededor de 270 millones dólares, en su equivalente en pesos. 

Para lograrlo, están en la mira los salarios de los consejeros del organismo pero también la desaparición de plazas operativas, de la gente que hace el trabajo raso.

Se pretende eliminar 300 juntas distritales y establecer oficinas a cargo de una sola persona, que nombraría el gobierno. Recortarían 262 plazas de trabajo de gente encargada de la confidencialidad del voto, la información y transparencia electoral. 

Además, restringe el concepto de propaganda gubernamental a aquello que únicamente esté etiquetado en el presupuesto como tal, lo cual permitiría al presidente pronunciarse sobre las elecciones aún en campañas, una acción prohibida hasta la fecha justamente por una ley que promovieron legisladores afines a Morena desde hace tres sexenios. 

¿QUE SIGUE?

Por ahora, el ministro instructor, Alberto Pérez, dio entrada a las acciones de inconstitucionalidad y ordenó la suspensión de una parte del Plan B en el Estado de México y Coahuila que tendrán elecciones el 4 de junio próximo.

Esto mantiene vigente la obligación de suspender la difusión de propaganda gubernamental en conferencias de prensa, eventos y redes sociales en estos dos estados, desde el inicio el periodo de campañas y hasta el día de las elecciones. 

Respecto a qué ocurrirá a partir de que se promulgue el “plan B”, el Consejero Electoral, Ciro Murayama, detalló que lo primero que implica la aprobación de esta iniciativa y la publicación del decreto es que ese mismo día cesan al Secretario Ejecutivo. 

Al mismo tiempo, se estará interponiendo recursos legales por esta invasión a la atribución autónoma del INE, porque es la Constitución quien dice cómo se designa al Secretario Ejecutivo y por cuánto tiempo.

Por otra parte, indicó que si antes del 2 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspende la aplicación del Plan B en materia electoral se podrá realizar la elección del 2024 tal y como se conocen. Dijo además que con esa suspensión se evitaría el despido del personal del Instituto y se mantendría tal y como está.

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