¿Qué puede hacer EEUU contra los cárteles sin el Army?

MEXICO.-  La polémica por una posible intervención del ejército estadounidense en México para frenar a los cárteles de la droga enfureció al presidente Andrés Manuel López Obrador y revivió a los republicanos como los duros contra la impunidad de su vecino, pero en términos prácticos,  ¿qué puede hacer Estados Unidos contra los cárteles sin el Army?

Para analistas de la relación binacional y de seguridad pública, el envío de tropas desde la frontera norte no es realista. No solo por la soberanía, sino porque consideran que no serviría de mucho: vendrían a lanzar drones y misiles para matar a unos cuantos criminales y, de paso, a la señora de los tamales, al niño en la escuela, al repartidor de agua…

“…Y de todos modos no van a hacer la diferencia porque los narcotraficantes son cientos de miles”, advirtió Ioan Grillo, periodista y escritor de tres libros sobre el tema de narcotráfico en Norteamérica.

“Si vienen y matan a 1,000 va a haber muchísimos más… Ya México intentó una estrategia militar y no ha resultado”.

En cambio, observa el autor de “Blod Gun Money”, EEUU podría endurecer o mejorar algunas políticas y estrategias internas que golpearían de otra manera a la organización de los cárteles.

Entre ellas,  el control de armas o el endurecimiento de las penas contra los vendedores de droga allá; el apoyo para detener el ingreso de precursores en los puertos mexicano y la reducción del consumo.

Para el analista del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, todo lo que podría hacer Estados Unidos está en el Acuerdo Bicentenario o en medidas que debieron cumplirse desde tiempos de la Iniciativa Mérida que se firmó en sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), la asesoría en el combate a la corrupción en el sistema de justicia mexicano, por ejemplo.

CADENA PERPETUA

En los 15 estados de EEUU donde había información disponible en 2018, la prensa local documentó que hubo más de 1,000 procesos judiciales en contra de vendedores de droga que causaron muertes por sobredosis.

En algunos de esos procesos hubo penas de hasta 20 años de prisión pero también varias unas cadenas perpetuas.

Entre 2015 y 2017, la cantidad de casos judiciales de ese tipo se duplicó y se presentaron juicios con cargos más severos: acusaciones por homicidio involuntario y asesinato en primer grado por los cuales se exigía la cadena perpetua.

En California, Stephen Walter, uno de los vendedores de píldoras alteradas de fentanilo que acabó con la vida del rapero McMiller, de 26 años, fue condenado a cadena  perpetua en 2022 después de que los fiscales documentaron la venta de la droga a través de terceros.

En otro caso más reciente (de enero pasado), la jueza federal de distrito Charlene Edwards Honeywell condenó a Justin Kelly (de 36 años) a cadenas perpetuas simultáneas por conspiración para distribuir fentanilo con resultado de muerte de “E.L.”, un adicto que murió boca abajo en la cocina de su casa mientras sus hijastros dormían a unos metros de distancia.

“Si se acusa no sólo de narcotráfico, sino de homicidio puede haber más resultados para inhibir a los dealers”, observó Grillo. “No es que esté a favor de este tipo de políticas, pero sí son políticas duras”.

La polémica sobre este tipo de condenas ha llamado la atención de abogados y expertos legislativos. Quienes se oponen argumentan que estas medidas “no son justas y probablemente hasta inconstitucionales”.

El Servicio Nacional de Justicia Penal, por ejemplo, argumenta que cuando un traficante vende drogas la intensión no es que el consumidor muera por sobredosis.

VIGILANCIA EN PUERTOS

Después del ataque y asesinato de dos estadounidenses en Tamaulipas la semana pasada, el legislador republicano, Dan Crenshaw, promovió nuevamente una ley que busca autorizar el uso de fuerza militar estadounidense en México por considerar a los cárteles organizaciones terroristas.

El incidente también llevó a una mesa de diálogo al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció tener problemas con el tráfico de precursores químicos para la fabricación de fentanilo que ingresan al país por los puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas.

La Unidad de Inteligencia Financiera divulgó recientemente la detención de una pareja de jóvenes que fundó una empresa de importación Bolsas para Mujeres con la cual importaban camisas, plásticos y cloruro de amonio, productos entre los que camuflaban los precursores químicos.

López Obrador propuso prohibir la importación de los precursores para saldar el problema, pero ante las críticas de médicos por la necesidad de éstos para tratar enfermedades, el presidente pidió un análisis más profundo del tema.

Grillo considera que la participación de EEUU en los puertos mexicanos ayudaría a hacer más eficiente la detección de estas sustancias.

ARMAS Y OTROS

En agosto pasado, mientras el gobierno de México empujaba un litigio contra las empresas armamentistas en EEUU, entró en vigor una orden ejecutiva del presidente Joe Biden que pide antecedentes penales para quienes vendan kits con las piezas necesarias para fabricar armas.

La medida, sin embargo, no han detenido la violencia en México ni los tiroteos en EU.

El investigador Ramos, del colegio de la Frontera Norte, señala que el problema es más bien, de un falla en el Estado de Derecho y propone una vigilancia o algún tipo de asesoría de EEUU en el sistema de justicia mexicano.

“El problema en México es mucho más profundo como para resolverse con la intervención del ejército estadounidense”, destaca Ramos.  

“¿Cómo explicar que el año pasado hubo 2,000 homicidios dolosos en Tijuana y así se colocó como la sexta ciudad más violenta del mundo mientras San Diego tuvo solo 40?  La diferencia son las variables de Estado de derecho, de una policía de proximidad, de un sistema de justicia que funciona”.

Tras la Cumbre de Líderes de América del Norte, México y Estados Unidos lanzaron la segunda fase del Acuerdo Bicentenario en materia de seguridad, en el que se prometieron mutuamente  hacer intercambio de “inteligencia criminal”, una promesa que trajo problemas en tiempos de la Iniciativa Mérida, cuando algunas filtraciones terminaron en vendettas contra la población.

“La realidad es que no confían los unos entre otros y hará falta mucho más que voluntad”, destaca Ramos.

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