La nueva ley antiinmigrante de Florida podría ser desastrosa para la economía
El Florida Policy Institute estima que sin los trabajadores indocumentados, las industrias del estado que requieren mucha mano de obra perderían el 10 por ciento de su fuerza laboral
La esperanza de Ron DeSantis es salir del debate fortalecido, pues en caso contrario sus oponentes podrían superarlo en los siguientes meses, Crédito: Joe Raedle | Getty Images
En mayo, el gobernador de Florida Ron Desantis promulgó el proyecto de ley SB 1718, una legislación antiinmigrante que ha causado pánico e incertidumbre en la comunidad inmigrante del estado. La ley, que entró en vigor el 1 de julio de este año, podría dañar no solo a los inmigrantes indocumentados en el estado, sino también a la economía de Florida.
La SB 1718 impone multas severas a las empresas con más de 25 empleados si no usan E-Verify, en un intento para tomar medidas enérgicas contra las empresas que contratan trabajadores indocumentados. Además, proporciona fondos adicionales para el controversial “Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados” del estado, que infamemente trasladó en avión a solicitantes de asilo de Texas a Martha’s Vineyard bajo falsos pretextos. La ley incluso invalida ciertas licencias de conducir de otros estados y criminaliza cruzar las fronteras estatales hacia Florida con un familiar indocumentado como “tráfico de personas”. No es ninguna sorpresa entonces que el ambiente de miedo fomentado por esta ley haya causado a algunos inmigrantes a abandonar el estado por completo.
Los inmigrantes indocumentados son una parte integral de las comunidades de Estados Unidos. Según un análisis del Center for American Progress, hay aproximadamente 512.400 trabajadores indocumentados en Florida que trabajan en industrias que mantienen el país en marcha como la cadena alimentaria, los servicios de salud, la construcción y la economía del cuidado. Cada año, ellos y sus hogares contribuyen $4 mil millones en impuestos federales y $1,7 mil millones en impuestos estatales y locales, y tienen un poder adquisitivo combinado de $18,6 mil millones. Además de sus contribuciones fiscales, estos trabajadores indocumentados también apoyan la red de seguridad social; sus empleadores contribuyen más de $1,2 mil millones anualmente al Seguro Social y Medicare (para los cuales los inmigrantes indocumentados no son elegibles) con impuestos sobre la nómina. Ya sea que el nuevo mandato de E-Verify del estado expulse a estas personas fuera de la fuerza laboral de Florida o los lleve a la economía clandestina, el estado pierde muchas de estas importantes contribuciones económicas y fiscales.
También hay muchas industrias en las que los inmigrantes indocumentados están sobrerrepresentados y forman una gran parte de la fuerza laboral. Estas industrias probablemente enfrentarían grandes desafíos, incluida la escasez de trabajadores, si a los trabajadores indocumentados se les impidiera de repente hacer sus trabajos, lo cual afectaría a todos los estadounidenses. El Florida Policy Institute estima que sin los trabajadores indocumentados, las industrias del estado que requieren mucha mano de obra perderían el 10 por ciento de su fuerza laboral. La pérdida de estos sueldos podría provocar una caída de $12,600 millones en el producto interno bruto (PIB) de la Florida en tan sólo un año (alrededor del 1,1%) y, a su vez, reducir los ingresos fiscales a nivel estatal y local. No es difícil imaginar que esto se convierta en realidad. Tras la aprobación del proyecto de ley antiinmigrante, videos virales han mostrado sitios agrícolas y de construcción casi desolados.
La realidad es que los inmigrantes indocumentados juegan un papel crucial en la fuerza laboral. Los ataques a las comunidades de inmigrantes sólo perjudicará a los Estados Unidos. Si los legisladores enfocaran su atención en realmente arreglar nuestro sistema de inmigración roto, podrían estimular la economía. Nuestra investigación muestra que ofrecer un camino a la ciudadanía para todos los inmigrantes indocumentados en los EE. UU. aumentaría el PIB en $1,7 billones a lo largo de 10 años, crearía 438.800 nuevos empleos y aumentaría los salarios de todos los trabajadores de los EE. UU., pese al estatus migratorio. Deberíamos fortalecer la economía, arreglar el sistema de inmigración defectuoso y honrar las contribuciones de los inmigrantes indocumentados, en vez de debilitar nuestra economía usando innecesariamente a los trabajadores inmigrantes como chivos expiatorios.
(*) Laura Rodriguez es la vicepresidenta de asuntos gubernamentales en el Center for American Progress.
