Por la Ley de Prevención de Pozos Huérfanos

En esta columna hemos denunciado repetidamente el enorme daño que causan a la población los pequeños pozos petroleros que por miles pululan en toda California dentro mismo de los centros de población. Especialmente salen perjudicados los más pobres, las comunidades de color, los que no tienen la oportunidad de optar por una mejor ubicación que no sea cerca de donde se producen estos gases tóxicos. 

La vida cerca de los pozos lleva a problemas respiratorios como el asma y resultados adversos en el parto, tanto o peor que vivir al lado de un “freeway” o estar expuesto al humo de segunda mano todos los días.

California ha identificado 5.540 pozos que están en desuso o en uso disminuido, que no tienen un operador viable y cuya limpieza podría costar $500 millones. Los yacimientos petrolíferos debajo de la tierra se secaron o están en proceso de secarse. Actualmente, cunde la práctica de las empresas explotadoras de los pozos de venderlas a otras, que tratan de obtener suficiente mineral para cubrir sus gastos. 

Una vez los pozos llegan al fin de su vida, deben pasar por un proceso de limpieza específico, para cerrarlos, sin el cual pueden filtrar metano y sustancias químicas nocivas al agua subterránea. Pero los nuevos propietarios no tienen o no quieren invertir el dinero suficiente como para encargarse del proceso. Al confrontarlos con la situación simplemente se declaran en bancarrota y evitan hacerse responsables. 

Es cierto que en el momento de obtener la licencia para hacer la perforación y explotar el petróleo las empresas pagaron una fianza como depósito. Pero la suma que adelantaron es ridículamente insuficiente. 

El Consejo de Ciencia y Tecnología de California (CCST) estima que el costo promedio de limpiar un pozo en California es de $68,000. Y lo que pagaron las empresas es alrededor de $200. 

Después de que quienes lucraron por el petróleo simplemente se retiran de la escena, la comunidad debe pagar una fortuna. Es que la comunidad no puede retirarse de la escena. Ahí viven las familias, muchas veces de afroamericanos y latinos. 

Esto significa que nuestra gente paga por estos pozos dos veces, la primera con su salud y la segunda con dinero que le correspondería para mejorar su vida. 

Esta es la situación que quiere prevenir la propuesta de ley AB 1167, la Orphan Well Prevention Act o Ley de Prevención de Pozos Huérfanos, de la asambleísta Wendy Carrillo, que representa a Los Ángeles. 

De ser aprobada, la ley prohibiría la transferencia de un pozo a menos que el cesionario presente una garantía financiera para pagar el costo total de su limpieza.

“Este proyecto de ley sólo se aplica a los pozos que se están vendiendo”, dijo a La Opinión la asambleísta Carrillo, “y aumenta el monto de la fianza que se debe depositar, pero sólo en los pozos que tienen más probabilidades de quedar huérfanos, que son los que ya están inactivos o están produciendo muy poco”. 

La AB 1167 se encuentra en las etapas decisivas de votación, habiendo sido aprobada por la Asamblea y abierto el debate en el Senado estatal. La votación allí comenzará este martes y la ley debe ser aprobada antes del fin de las sesiones el mismo jueves. 

En caso de ser aprobada, pasará al despacho del gobernador Gavin Newsom cuya decisión determinará el resultado final. 

“La ciudad de Los Ángeles tiene muchos pozos huérfanos”, dijo Carrillo en un correo electrónico en respuesta a nuestra pregunta. “Sólo en mi distrito, junto con Echo Park, el Dodger Stadium y las comunidades circundantes, alguna vez conocido como el Campo petrolero de la ciudad de Los Ángeles, hay cerca de 200 pozos petroleros huérfanos que continúan dañando la salud, el bienestar y la seguridad de los residentes”. 

Lamentablemente, la Asociación de Petróleo de los Estados Occidentales (WSPA) y la Asociación Independiente de Petróleo de California (CIPA) han estado cabildeando enérgicamente para frustrar la ley, y sorpresivamente, la semana pasada recibieron el apoyo del Departamento de Finanzas del gobierno estatal dependiente del gobernador Newsom. 

Si los senadores estatales y el gobernador quieren demostrar su compromiso para proteger a las comunidades que viven cerca de estos pozos petroleros contaminantes, y su disposición a responsabilizar a las grandes empresas petroleras, deben apoyar la Ley de Prevención de Pozos Huérfanos de la asambleísta Carrillo. 

Esperamos que así sea.