Día Mundial de la Salud Mental 2023: estás son las nuevas recomendaciones de la OMS
Una nueva guía de la Organización Mundial de la Salud establece lo que se debe hacer para acelerar la desinstitucionalización e incorporar un enfoque comunitario basado en los derechos a la atención de salud mental
Muy pocos han adoptado o modificado las leyes y políticas pertinentes en la escala necesaria para poner fin a los abusos y promover los derechos humanos en la atención de salud mental. Crédito: SewCreamStudio | Shutterstock
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental este 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) lanzaron conjuntamente una nueva guía, titulada “Salud mental, derechos humanos y legislación: orientación y práctica”, para apoyar países a reformar la legislación para poner fin a los abusos contra los derechos humanos y aumentar el acceso a una atención de salud mental de calidad.
Según la reseña de su propio sitio web, los abusos contra los derechos humanos y las prácticas coercitivas en la atención de la salud mental, respaldados por la legislación y las políticas existentes, siguen siendo demasiado comunes.
En ese mismo sentido, la hospitalización y el tratamiento involuntarios, las condiciones de vida insalubres y el abuso físico, psicológico y emocional caracterizan muchos servicios de salud mental en todo el mundo.
“Si bien muchos países han tratado de reformar sus leyes, políticas y servicios desde la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, muy pocos han adoptado o modificado las leyes y políticas pertinentes en la escala necesaria para poner fin a los abusos y promover los derechos humanos en la atención de salud mental”, explican.
Derecho a la salud
Según el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, la salud mental es un componente integral y esencial del derecho a la salud.
“Esta nueva guía ayudará a los países a realizar los cambios necesarios para brindar atención de salud mental de calidad que ayude a la recuperación de una persona y respete su dignidad, empoderando a las personas con problemas de salud mental y discapacidades psicosociales para que lleven una vida plena y saludable en sus comunidades”, declaró.
La OMS apunta a transformar los servicios de salud mental, no sólo en su alcance, sino en sus valores subyacentes, para que realmente respondan a las necesidades y la dignidad del individuo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos HumanosVolker Türk, A. dijo que esta publicación ofrece orientación sobre cómo un enfoque basado en los derechos puede apoyar la transformación necesaria en los sistemas de salud mental.
La guía establece lo que se debe hacer para acelerar la desinstitucionalización e incorporar un enfoque comunitario basado en los derechos a la atención de salud mental. Esto incluye la adopción de legislación para reemplazar gradualmente las instituciones psiquiátricas con sistemas de apoyo comunitario inclusivos y servicios generales, como apoyo a los ingresos, asistencia para la vivienda y redes de apoyo entre pares.
Poner fin a las prácticas coercitivas
Poner fin a las prácticas coercitivas en salud mental –como la detención involuntaria, el tratamiento forzado, el aislamiento y las restricciones– es esencial para respetar el derecho a tomar decisiones sobre la propia atención médica y opciones de tratamiento.
La guía propone disposiciones legislativas para poner fin a la coerción en los servicios de salud mental y consagrar el consentimiento libre e informado como base de todas las intervenciones relacionadas con la salud mental. También proporciona orientación sobre cómo se pueden manejar casos más complejos y desafiantes en la legislación y las políticas sin recurrir a prácticas coercitivas.
También proporciona una lista de verificación que los países utilizarán para evaluar si la legislación relacionada con la salud mental cumple con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Además, establece la importancia de consultar a personas con experiencia vivida y a sus organizaciones representativas como parte crítica de este proceso, así como la importancia de la educación pública y la concientización sobre cuestiones basadas en derechos.
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