Familiares de las víctimas del tiroteo en Uvalde obtuvieron un recuento oficial pero quieren procesos penales

Padres y familiares de las víctimas del tiroteo en una escuela en Uvalde, Texas, exigieron este jueves procesos penales, despidos, control de armas y “rendición de cuentas” de las autoridades que cometieron “fallos en cascada” al responder al ataque que se saldó con el asesinato de 19 niños y 2 maestras en 2022.

El llamado urgente realizado por familiares de las víctimas de la masacre en la escuela primaria, ocurrió después de que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, denunciara el “fracaso” de la respuesta de la policía local en la escuela primaria Robb, diciendo que se trataba de una cuestión de “falta de liderazgo, capacitación y políticas fallidas”.

Garland entregó hoy en Uvalde un extenso informe sobre el ataque ocurrido el 22 de mayo de 2024, donde los agentes de al menos cinco agencias de la ley tardaron 77 minutos en detener al agresor, Salvador Ramos, de 18 años.

Garland no respondió directamente el jueves sobre si algún oficial que respondiera al tiroteo debería enfrentar cargos penales. Dijo que dejaría eso en manos del fiscal de distrito local porque el Departamento de Justicia sólo tiene jurisdicción sobre delitos federales.

Tras conocerse los resultados de la investigación federal, las familias de 17 de las víctimas dieron una conferencia de prensa en la que dijeron que se necesita que las autoridades que fallaron rindan cuentas y se realice una reforma urgente sobre la compra de armas.

“Espero que los fracasos terminen hoy… y que los funcionarios locales hagan lo que no se hizo ese día: hacer lo correcto por las víctimas y sobrevivientes de la primaria Robb”, dijo Kimberly Mata-Rubio, madre de Lexi, de 10 años, una de las víctimas mortales de ese día.

La hispana, que se ha convertido en una de las caras más visibles en la demanda de cargos penales contra los agentes que participaron, dijo que las familias afectadas esperan que tras este informe se den “despidos” y “procesamientos penales”.

También urgió a que se hagan cambios en las leyes sobre la regulación de compra de armas. “Porque la escuela primaria Robb comenzó el día en que a un joven de 18 años se le permitía comprar un AR-15”.

Por su parte, Brett Cross, tutor del pequeño Uziyah García, otra de las víctimas, dijo que el reporte presenta “nombres” de los directamente involucrados.

Disgustado, el padre denunció que la comunidad está dividida por el tiroteo y algunos “no quieren creer que las personas con las que ellos crecieron le fallaron a nuestros niños”.

Agregó que espera que ellos lean este reporte, y se mostró además molesto de que los agentes que participaron en la respuesta al ataque no han respondido por su fallos.

Al menos 376 agentes de diferentes agencias de ley respondieron a la escena, entre ellos unos 100 del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

En ese sentido, Verónica Mata, la madre de otra de las víctimas, Tess Mata, dijo que el informe respalda lo que los padres han estado diciendo a la comunidad sobre la responsabilidad de los agentes y espera como las otras familias que haya “rendición de cuentas ahora que se publicó el informe”.

Josh Koskoff, abogado que representa a las 17 familias, dijo que el informe les ayudará a seguir con su batalla legal para lograr justicia.

Nadie enfrenta aún cargos criminales

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el mayor y más antiguo grupo latino de EE.UU., expresó en un comunicado su decepción porque la investigación federal no haya abordado la responsabilidad penal de la tragedia.

“Ni una sola persona enfrenta cargos criminales todavía. ¿Cómo puede ser eso cuando este informe afirma mucho de lo que hemos sabido durante los últimos 20 meses?”, advirtió Domingo García, presidente de LULAC.

Javier Cazares, presidente del consejo de LULAC en Uvalde y padre de Jacklyn Cazares, una de las víctimas mortales, advirtió de que el informe “no es de ninguna manera el final”

“Aún debemos asegurarnos de que todos los relacionados con los eventos de ese día, incluidos los líderes de la ciudad y otros, rindan cuentas”, agregó Cazares.

El presidente Joe Biden afirmó en un comunicado hoy que su gobierno trabajará “para implementar los cambios de políticas necesarios para ayudar a las comunidades a responder de manera más efectiva”.

Biden también renovó su pedido al Congreso que apruebe “leyes sensatas” sobre seguridad de armas para garantizar que tiroteos masivos como este no ocurran.

En un hecho poco habitual, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, agradeció el reporte del Departamento de Justicia y aseguró que su gobierno revisará “cuidadosamente” las más de 250 recomendaciones expuestas por el Departamento de Justicia.

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